Las Fiscalías Anticorrupción en México carecen de un diseño institucional adecuado, así como de recursos y capital humano suficiente para su operación, advierte una investigación de la organización ciudadana Tojil y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
- Además, entre 2019 y 2020 se redujo el presupuesto de siete de esas fiscalías estatales en Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Hidalgo, Colima y Veracruz, según el estudio coordinado por la especialista Adriana Greaves.
En esas circunstancias, la mayoría de los casos de corrupción no se sancionan, se advierte.
De acuerdo con la investigación, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020, únicamente ocho estados reportaron haber judicializado más del 5 por ciento de las investigaciones iniciadas, es decir, son muy pocos los casos llevados ante la autoridad competente para recibir una sanción.
- Los estados con mayores cifras fueron Sonora (13 por ciento), seguido por Michoacán (10 por ciento), y Sinaloa y Coahuila (9 por ciento).
- Según el estudio, las 29 Fiscalías Anticorrupción evaluadas en el estudio carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, lo que significa que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción.
Además, en 10 Fiscalías Anticorrupción el nombramiento del titular lo hace el Fiscal General, lo que limita la autonomía y genera incertidumbre en la estabilidad de su cargo.
DEFICIENCIAS DE DISEÑO DE FISCALÍAS ANTICORRUPCIÓN
El Informe que elaboraron las asociaciones IMCO y Tojil identifica diversas deficiencias en el diseño jurídico de las Fiscalías Anticorrupción de los estados, que puede convertirlas en dependencias con poca o nula autonomía en su funcionamiento, e incluso sujetarlas a criterios de tipo político.
- “Sobre el nivel de autonomía de las fiscalías anticorrupción, en 10 estados el nombramiento del fiscal no es autónomo, esto significa que el titular de la institución es nombrado por el fiscal general. Este dato es relevante, ya que, si bien no se cuenta con evidencia del impacto que este modelo organizacional ha tenido, este pudiera ser un elemento que limite o restrinja la autonomía de los fiscales anticorrupción al no tener una certeza en la estabilidad de su cargo, por lo que puede quedar sujeto a decisiones de índole político”.
Además, aun cuando hay estados que sí blindaron los nombramientos de los fiscales anticorrupción para que no dependieran directamente de los fiscales generales, cometieron el error de no replicar esta autonomía en el ámbito presupuestario, lo que vuelve a poner en riesgo la operación de las instituciones de combate a la corrupción.
“Es importante que la autonomía de las fiscalías anticorrupción también se refleje en el presupuesto. A pesar de que el nombramiento de los fiscales anticorrupción en algunos estados es autónomo, el ejercicio de su presupuesto no lo es. Algunos ejemplos de esto son los estados de Chihuahua, Coahuila, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y Veracruz. Además, son los estados cuya FA tuvo recortes presupuestarios entre 2019 y 2020”.
- Otra deficiencia es que no todas las fiscalías anticorrupción de los estados cuentan con facultades para obtener acceso a información bancaria, lo que restringe sus capacidades para rastrear recursos con un posible origen ilícito, dice al respecto el documento.
“Las fiscalías anticorrupción pueden hacer uso de la información que recaban y poseen otras instituciones, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) puede facilitar y acelerar la investigación del delito. Sin embargo, algunas FA carecen de esta facultad”.
- Según la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA) Hidalgo, Guerrero y Sinaloa son los tres estados que no tienen facultades para solicitar información a la CNBV de manera directa y tienen que hacerlo por conducto de la Fiscalía General.
- Esto representa un riesgo al acceso completo de la información y, a su vez, puede retrasar la investigación en curso, cuando para los delitos en general y los delitos de corrupción en particular el tiempo es de suma importancia”.
En 10 estados del país el nombramiento del fiscal anticorrupción depende del fiscal general, por lo que el titular no es autónomo
LAS MEJORES FISCALÍAS
Hay algunas fiscalías anticorrupción que destacan del resto por sus niveles de desempeño. Por ejemplo, Sonora que judicializó el 13 por ciento de las investigaciones, Michoacán el 10 por ciento y Sinaloa y Coahuila nueve por ciento.
“Mientras que cuatro estados (Guanajuato, Guerrero, Nayarit y San Luis Potosí) reportaron no haber judicializado una sola investigación, 16 estados reportaron haber judicializado entre 1 por ciento y 8 por ciento de las investigaciones iniciadas”.
- En las vinculaciones a proceso destacan las fiscalías de Sinaloa, Coahuila y Nuevo León, que vincularon el 100 por ciento de las investigaciones.
“La apuesta fue clara: crear instituciones especializadas en corrupción. Sin embargo, la realidad demuestra que, pese a que hay muchos avances que destacar, persisten aún importantes áreas de oportunidad. En algunos estados es posible advertir que, se cuenta con fiscalías anticorrupción a nivel normativo pero no cuentan con un mínimo de recursos para ser una institución operativa y funcional”, concluyó el informe.
FISCALÍAS SOLO HAN OBTENIDO SENTENCIA EN EL 1% DE SUS CASOS
En los últimos cinco años, las fiscalías especializadas en el combate a la corrupción y que son parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), abrieron 58 mil 822 carpetas de investigación en 28 estados, de las cuales solo se obtuvieron 183 sentencias, de acuerdo con una investigación del portal de noticias La Lista.
- La investigación refiere que de los 28 estados donde se abrieron carpetas de investigación, solo 16 fiscalías estatales dijeron haber obtenido 183 sentencias condenatorias contra funcionarios públicos de 2017 a la fecha.
Además indica que la fiscalía anticorrupción que más investigaciones abrió desde su creación es la del Estado de México con 20,295. Le siguen Baja California con 8,619; Oaxaca con 4,827; Jalisco con 3,841, Puebla con 3,544; Nuevo León con 3,099; Veracruz con 2,667; Quintana Roo con 1,631; Morelos con 1,580 y Zacatecas con 1,151.
ESTOS SON LOS ESTADOS CON MÁS SENTENCIAS
En términos de sanciones, las fiscalías anticorrupción que han logrado una mayor cantidad de sentencias condenatorias son las del Estado de México con 74; Baja California con 30; Puebla con 16; Quintana Roo con 12; Tamaulipas con ocho; Michoacán, Guanajuato y Tabasco con siete cada una; Nuevo León y Sonora con cinco.
- Para Vania Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA, “estas cifras nos hablan de las deficiencias de las fiscalías por varios motivos: falta de autonomía, falta de criterio para poder sancionar los delitos, falta de una ley de víctimas de corrupción y falta de voluntad política”.
La experta dijo a La Lista que México ha avanzado en reconocer la corrupción como un problema, al grado de crear fiscalías especializadas para combatirla, no obstante, éstas instituciones no se han consolidado por falta de interés de las autoridades.
“Toda vez que el SNA y los sistemas locales anticorrupción fueron creados para ser un contrapeso de los gobiernos locales y del gobierno federal en temas de rendición de cuentas, en algunos espacios han hecho que no existan para no ‘pisar callos’ y no darle seguimiento a actos de corrupción de gobiernos locales”, expuso Pérez Morales./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
