RITA MAGAÑA TORRES
La exigencia social de justicia y combate a la impunidad, derivado de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, debe generar por parte del Estado respuestas tangibles, rápidas, conforme a derecho y evitar acciones represivas o autoritarias, aseguró el presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta.
Destacó que es obligación del Estado garantizar la libre expresión, el libre tránsito, los derechos de quien legítimamente se rebela contra la injusticia, pero también debe asegurar la preservación del orden público.
“Cuando un Estado responde violentamente a las demandas de la sociedad, su legitimidad queda hecha añicos y su permanencia sólo dependerá del uso de la fuerza”, dijo.
Señaló que ante el complejo momento que vive el país, la respuesta del gobierno a la sociedad debe enfocarse en determinar el paradero de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. “Ésta es la prioridad, estas desapariciones constituyen el gran problema”.
Destacó la necesidad de concluir la investigación, presentar los resultados de ésta, y a los responsables consignarlos por los delitos que correspondan. Agregó que urge desmantelar a las bandas criminales que operan en la región de Iguala y en todo Guerrero.
Indicó que es indispensable una reforma a fondo de las instituciones policiales, de tal forma que las corporaciones estatales queden bajo el mando de una policía nacional.
Llamó a la sociedad mexicana a solidarizarse con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, “todos debemos exigir la continuación de las investigaciones, el esclarecimiento de los hechos y el fincamiento de responsabilidades”.
Convocó a condenar la violencia ejercida por grupos minoritarios, “identifiquemos perfectamente que los hechos vandálicos son de unos cuantos, por tanto hay que expresar nuestro respeto a las miles de mexicanas y mexicanos que se manifiestan en las calles solidarizándose con las familias de los normalistas de Ayotzinapa”.
“Con ellos nuestra solidaridad, pero que la autoridad no caiga en la tentación de impedir formas de libre expresión y de libre tránsito”, reiteró.
Opinó que el ejercicio responsable de la autoridad consiste en hacer cumplir la ley y respetar los derechos humanos. Añadió que toda acción penal debe estar acompañada de investigaciones en ministerios públicos, integración con pruebas, consignación a jueces y detener a quienes sean los responsables.
“Respaldamos a las instituciones del Estado mexicano, que tienen que responder a las demandas sociales y hacer propuestas para que hechos como los del horror que todos conocemos y vivimos, nunca más se repitan. El Senado de la República está a favor de la paz, como lo está la inmensa mayoría de los mexicanos”, sostuvo.
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
