AGENCIAS
Cuatro organizaciones de derechos humanos exigieron a EE.UU ante la CIDH más protección para los 8 millones de trabajadores indocumentados que, según sostienen, son discriminados por su estatus y tras sufrir accidentes laborales no reciben la misma protección y ayuda que el resto de empleados.
«Estaba pintando un edificio de cinco niveles, cuando me caí», relató en un vídeo Francisco Berumen Lizalde, que al no encontrarse en Estados Unidos no pudo estar presente en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que trató su caso y el de otro mexicano que supuestamente también sufrió discriminación laboral al ser indocumentado.
Berumen Lizalde había llegado a Estados Unidos desde México de forma ilegal y trabajaba como pintor en Wichita (Kansas), cuando en noviembre de 2005 se cayó de un andamio y se fracturó la mano, según explicaron las organizaciones en la audiencia.
Tras reclamar una compensación por el accidente laboral que había sufrido, fue arrestado, acusado de «fraude documental» por haber usado documentos falsos para conseguir empleo y estuvo privado de libertad hasta que accedió a ser deportado en febrero de 2006.
Las organizaciones sociales afirman que el trabajador mexicano no pudo completar su tratamiento médico antes de volver a México y tampoco pudo agotar los recursos internos para conseguir la compensación social que le correspondía.
«Pedimos a la CIDH que ordene a EE.UU. cambiar sus leyes y prácticas para que los trabajadores no autorizados tengan los mismos derechos que el resto», dijo Rebecca Smith, de la organización Proyecto de Ley Nacional de Empleo.
Junto a otras tres asociaciones, Smith reclamó la vuelta a Estados Unidos de Berumen Lizalde y de otro trabajador mexicano, Leopoldo Zumaya, para que puedan continuar con el proceso legal en las mismas condiciones que el resto de trabajadores.
Según los denunciantes, el estatus migratorio también pesó en el caso de Leopoldo Zumaya, que se fracturó una pierna mientras recogía manzanas en Pensilvania y recibió una indemnización de 35.000 dólares, una cantidad que habría sido casi cuatro veces superior de haber sido ciudadano estadounidense, según las organizaciones.
«Desafortunadamente estas experiencias no son únicas», aseguró Smith, que hizo extensivo el caso de tolerancia a la discriminación laboral por parte del Gobierno de EE.UU. a los 8 millones de trabajadores indocumentados que calculó que viven en el país.
Representantes del Departamento de Trabajo y del Departamento de Salud de Estados Unidos expresaron su desacuerdo con las acusaciones y pidieron a la CIDH que no considere las peticiones de las organizaciones.
«Todos los trabajadores merecen trabajar en un ambiente donde sus derechos sean respetados. Estados Unidos hace esfuerzos para proteger los derechos de los trabajadores sean o no indocumentados», aseguró Jay Bishoff, del Departamento de Salud y Servicios Sociales del país.
En este sentido, negó que Estados Unidos «discrimine de forma rutinaria» a los trabajadores indocumentados, como sostienen las organizaciones, y alegó que el país dispone de 180 leyes federales para proteger a los trabajadores sin tener en cuenta su estatus migratorio.
Las políticas laborales de Estados Unidos también fueron objeto de críticas durante una sesión sobre el derecho a la asociación laboral, en el que una de las ponentes fue Cathy Feingold, de la principal central sindical de Estados Unidos, AFL-CIO.
«Casi 22 millones de inmigrantes trabajan en los EE.UU., incluyendo a los 6 millones que son indocumentados. Los trabajadores indocumentados trabajan en algunos de los trabajos más peligrosos, con bajos salarios y se les niega sus derechos legales», señaló Feingold.
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