Hace 18 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción con el fin de “crear conciencia” ante este complejo fenómeno social, político y económico que afecta particularmente a la mayoría de los países en América Latina.
- El último reporte de Transparencia Internacional que evalúa el problema en todo el mundo revela que la región está estancada y prácticamente no muestra avances en su lucha contra la corrupción.
- La organización no gubernamental establece un ranking de 180 países, en el que 0 puntos corresponde a aquellos en los que hay total percepción de corrupción y 100 a aquellos donde se considera que no existe. Venezuela es donde esta percepción es la más alta en Latinoamérica con tan solo 15 puntos y en la posición 176 de toda la lista. Le siguen Haití con un puntaje de 18, Nicaragua con 22 y luego Honduras, con 24 puntos.
En el otro extremo, Uruguay es donde menos se percibe corrupción en la región y con 71 puntos ocupa el lugar 21 a nivel internacional. Luego vienen Chile (67 puntos), Costa Rica (57) y Cuba (47). Son los únicos cuatro países de América Latina que superan la puntuación media de 43 en toda América.
El estudio se basa en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado a partir de las evaluaciones que varios expertos del sector privado realizan sobre el nivel de corrupción en la vida pública de un país, en especial en la economía, la política y la administración.
Vínculo entre corrupción y covid-19
Según Transparencia Internacional, la región enfrenta un reto importante a la hora de garantizar que los fondos y programas para enfrentar el covid-19 no se pierdan debido a la corrupción.
“De no distribuirse debidamente estas ayudas, existe el riesgo de que aumente el malestar social, se aviven las llamas de un populismo dañino y crezcan aún más la pobreza y la desigualdad”, se lee en el reporte publicado en enero pasado.
Un ejemplo de esto sucede en Venezuela, donde la pandemia ha llevado el sistema de salud al límite. Algunos médicos y enfermeras denunciaron actos de corrupción a Transparencia Internacional. Tal es el caso de José, un médico que estuvo en primera línea atendiendo pacientes covid-19 en un hospital de Venezuela. Al intentar presentar su renuncia por las condiciones en las que trabajaba, José dijo que fue amenazado por agentes de las Fuerzas de Acción Especial (FAES), según el documento.
- Transparencia Venezuela testificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la falta de equipo de protección personal, y otros suministros, así como sobre el deterioro de las instalaciones. Según la organización Médicos Unidos de Venezuela, más de 800 trabajadores de la salud han muerto desde junio de 2020 a causa de la pandemia. La cifra representa más del 15% del total de muertes por covid-19 reportadas por las autoridades en Venezuela, que superan las 5.200.
CNN contactó al Ministerio de Salud de Venezuela para conocer su respuesta a los señalamientos de Transparencia Venezuela y aún espera respuesta de parte del órgano estatal.
En Honduras, el impacto que supuso la llegada del covid-19 también se vio marcado por las denuncias de corrupción, donde hubo funcionarios que se aprovecharon de la crisis sanitaria.
- Según Transparencia Internacional, la agencia estatal responsable de las compras de emergencia no actuó de manera transparente. Una investigación realizada por Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) reveló que el gobierno pagó de más por 7 hospitales móviles que aún no han sido entregados. “Estas fallas crearon la tragedia de covid-19 más grande del país”, dijo Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ, según la organización no gubernamental.
Después de la denuncias, las autoridades hondureñas abrieron una investigación para indagar en la compra que hizo el gobierno por casi US$ 48 millones a la empresa Elmed Medical Systems, Inc, que operaba como HospitalesMoviles.com. En abril pasado, el exdirector ejecutivo y el exadministrador de la oficina de compras del gobierno, Marco Bográn y Alex Moraes respectivamente, fueron detenidos preventivamente acusados de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, informó el Ministerio Público de Honduras a través de un comunicado.
Inversión en sanidad
Según el estudio de Transparencia Internacional, los países con un buen desempeño en el ranking invierten más en sanidad y son más capaces de ofrecer una cobertura sanitaria universal a su población. Además, señala que «son menos propensos a vulnerar las normas democráticas o el estado de derecho en su respuesta a la crisis».
Tal es el caso de Chile, uno de los países con tasa más baja de percepción de corrupción en América Latina, que implementó un calendario que siguió al pie de la letra y lo colocó a la cabeza de la vacunación dentro de la región.
México mejora su posición en el IPC
México subió seis lugares en el ranking del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), y mejoró dos puntos al pasar de tener una calificación de 29 a 31 en una escala de 0-100 en la que 0 es igual al nivel más alto de corrupción.
De acuerdo con el IPC, realizado por Transparencia Internacional, México pasó a ocupar de la posición 130 (2019) a la 124 (2020) entre los 180 países evaluados, ubicando al país a la par de naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán y por encima de Azerbaiyán, Gabón, Malaui, Mali y Rusia.
En el comunicado se destaca que “estos datos muestran una tendencia positiva para el país”; sin embargo, México sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al posicionarlo en el lugar 37 de 37 países que lo integran.
Sólo se denuncia uno de cada 100 actos de corrupción en México
Uno de los mayores obstáculos para combatir la corrupción en México es que, según cifras del Inegi, se denuncia menos de uno de cada cien delitos de este tipo. Pero, de acuerdo con el proyecto del Programa de Implementación (PI) de la Política Nacional Anticorrupción, el problema es más profundo: las denuncias que se presentan tienen una baja calidad, otras llegan a instancias no competentes, se carece de sistemas eficaces de protección a los denunciantes y, aunque la tecnología podría ayudar, sólo cuatro de cada 10 denuncias se presentan por medios digitales.
- En 2019 las administraciones públicas del orden federal y estatal recibieron 105 mil 298 denuncias por incumplimiento de obligaciones, que representó 2.5 asuntos por cada 100 servidores públicos. Del total de denuncias, el ámbito federal concentró 32 por ciento, mientras que, de las quejas recibidas por las entidades federativas, la Ciudad de México y el estado de México acumularon 57.7 por ciento, de acuerdo con el Inegi.
En cuanto al curso que siguieron las denuncias, en el ámbito estatal la proporción de quejas o denuncias procedentes fue 10 veces mayor que en el federal. En contraste, nueve de cada 10 denuncias presentadas en 2019 en la administración pública federal fueron determinadas como no procedentes o se encontraban pendientes de atención.
Para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), responsable del PI, una de las principales etapas a fortalecer en el ciclo anticorrupción es la denuncia.
- Estima que en 2018 hubo alrededor de 133 por supuestos hechos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Si esta cifra se compara con la estimación de la tasa de prevalencia de hechos de corrupción por cada 100 mil habitantes realizada por el Inegi (que para el año 2019 fue de 15 mil 732) es posible calcular que en México se denuncia poco menos de uno de cada 100 hechos de corrupción.
Los bajos niveles de presentación de denuncia se deben, de acuerdo con la Sesna, a que 50 por ciento de la población considera una pérdida de tiempo presentar una queja o denuncia por hecho de corrupción.
De igual forma, la evidencia parece indicar la existencia de un problema de recursos y capacidades –particularmente en las unidades de control interno u homólogas– que impacta en las posibilidades de denunciar hechos de corrupción, según el PI.
- Además, “México carece de un marco normativo y de procedimientos adecuados que protejan efectivamente a personas servidoras públicas y ciudadanos que denuncian hechos de corrupción. Esta situación desincentiva a los denunciantes, dado el alto nivel de peligrosidad que conlleva denunciar”, señala el documento.
Por último, se identifica que debido a la baja calidad de las denuncias, las principales problemáticas en la materia llegan a instancias no competentes, por lo que resulta importante establecer un solo punto de entrada de las denuncias por este tipo de hechos a escala nacional, con la finalidad de reducir la tasa de desecho derivado de fallas de procedimiento.
Recomendaciones de la Transparencia Internacional
La mayor preocupación por parte de la organización es la impunidad que se presenta en México ante los casos de corrupción de funcionarios mexicanos.
“En el caso mexicano es la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento de la opinión pública tras ser revelados por periodistas de investigación. En 2020, Transparencia Internacional informó que en el periodo 2016 a 2019 ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucran empresas y funcionarios mexicanos, fue sancionado en México. El riesgo de impunidad, tras conocerse estos casos y no haber identificado sanciones firmes por parte de las autoridades, sigue latente”.
- Con este análisis, Transparencia Internacional realizó una serie de recomendaciones a México dentro del marco de la emergencia sanitaria, como fortalecer las instituciones del sistema anticorrupción, especialmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Asimismo la ASF debe fiscalizar el gasto público en tiempo real con particular énfasis en el gasto en salud y los programas sociales y de reactivación económica.
Destacó que el INAI debe concentrarse en asegurar el principio de máxima publicidad en las acciones de salud pública, educación y reactivación económica vinculadas con los efectos de la emergencia sanitaria.
- Por último, señaló que la Fiscalía General de la República y las instituciones de impartición de justicia deben concentrarse en dar resultados concretos: sentencias a redes de corrupción, recuperación de activos desviados en grandes casos de corrupción y asegurar la reparación de daño a las víctimas para delitos vinculados con actos de corrupción.
En el listado encabezan la edición del IPC en 2020, Dinamarca y Nueva Zelanda con 88 puntos ubicándolos en la posición número 1, seguido de Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza con 85 puntos que los coloca en la posición número 2. Mientras que países como Sudán del Sur y Somalia tienen 12 puntos poniéndolos en la posición 179.
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