El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que su gobierno no tolerará la corrupción; sin embargo, poco se ha conocido del avance de investigaciones de casos emblemáticos como La Estafa Maestra y Odebrecht, los cuales han propiciado una fuerte polémica al ser ventilados más en el escenario político nacional, poniendo en riesgo el debido proceso, que en las instancias judiciales. En tanto, funcionarios de su gobierno, han sido señalados de incurrir en presuntos actos deshonestos, cuyo procesamiento ha generado airados cuestionamientos.
De los tres grandes asuntos heredados de la administración pasada, Odebrecht, la Estafa Maestra y las empresas fantasmas del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sólo ha avanzado este último. Un tribunal federal ratificó la sentencia a 9 años de cárcel dictada en 2018, pero determinó que se le devolvieran 41 propiedades que se le habían asegurado.
- De la Estafa Maestra, en donde se documentó el funcionamiento de una red de corrupción sólo se ha iniciado juicio a la exsecretaria de Desarrollo Social, pero sólo por omisión, en un proceso judicial altamente criticado y politizado. De los demás exfuncionarios presuntamente involucrados no se ha conocido el avance de las investigaciones.
- En tanto, del asunto Odebrecht, sólo se ha detenido al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha solicitado se le otorgue el Criterio de Oportunidad a cambio de aportar información que esclarezca el caso. Como parte de ello, presentó una denuncia contra 17 personas.
El caso se ha ventilado más en las conferencias matutinas del Presidente que en los juzgados y hay quienes aseguran que se ha afectado al debido proceso. Eso propició un fuerte golpeteo político.
Por otra parte, a unos días de que el jefe del Ejecutivo rinda su segundo Informe de Gobierno, han ocurrido al menos siete casos en los que se ha denunciado a gente de su administración en presuntos actos de corrupción, los cuales han sido polémicos por la forma en que han sido procesados en la instancia de control administrativa.
Además, aunque en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal se establece que las adjudicaciones directas estarían prohibidas, durante el sexenio 77.2% de las compras se han hecho usando ese mecanismo.
Lo bueno
De acuerdo con académicos y expertos en temas de transparencia y lucha contra la corrupción, entre los aciertos de la estrategia desplegada por el gobierno del presidente López Obrador para desterrar la corrupción de la administración pública, destaca la consistencia en la narrativa en contra de ese problema.
Además, el tema es eje central del Programa Nacional de Desarrollo y el especializado de la Secretaría de la Función Pública.
La consigna de luchar contra la corrupción se observa en la forma de integrar el presupuesto desde la Secretaría de Hacienda y las políticas para adquisiciones. También se reconoce el trabajo de control desplegado desde la Secretaría de la Función Pública y el que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, principalmente.
Lo malo
Las críticas a la estrategia del gobierno en contra de la corrupción están relacionadas con el enfoque moral que le ha impuesto el gobierno federal, la desarticulación y no haber reforzado el Sistema Nacional Anticorrupción. Además, constantemente se observan señalamientos en el sentido de que el gobierno ha decidido atacar ese fenómeno mediante la revisión de casos emblemáticos, pero con la particularidad de que los esfuerzos van dirigidos a ciertas cabezas y no a la red de corrupción que utilizaron. Es el caso de La Estafa Maestra y Odebrecht.
También, constantemente hay recriminaciones a la politización y desaseo con el que se han tratado investigaciones como el asunto de Odebrecht, lo cual estaría afectando el debido proceso.
Lo cierto es que aun es temprano para conocer si las estrategias usadas por este gobierno darán buenos o malos resultados. Lo que hay son muchas expectativas.
El videoescándalo de Pío de López Obrador
El 20 de agosto, a unas horas que se filtraran los videos donde se ve a gente cercana a exsenadores del PAN recibiendo dinero, aparentemente enviado por Emilio Lozoya, el periodista Carlos Loret de Mola presentó en el portal en internet Latinus videos en los que se ve a Pío López Obrador, hermano del presidente recibiendo dinero de manos de David León, operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien hasta hace unos días se había desempeñado como Director de Protección Civil y había sido nombrado zar anticorrupción para la compra de medicinas del gobierno federal.
Debido a la aparición de los videos se suspendió el nombramiento del funcionario. Senadores panistas denunciaron el hecho ante la Fiscalía General de la República.
El presidente López Obrador dijo que, en ese caso se trataba de donaciones y no un acto de corrupción, como, dijo, sí ocurrió en el caso de los videos donde aparecen personas cercanas a exsenadores panistas.
Pío queda impune
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no encontró indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos sobre las finanzas de Pío López Obrador y David León, sin embargo, aún falta determinar si se cometieron delitos electorales.
- La UIF concluyó sobre el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex Coordinador Nacional de Protección Civil, no se detectaron delitos financieros para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la UIF, la información de esta investigación será entregada mañana al INE para que determine si existe o no responsabilidad administrativa y, en su caso, presente denuncia ante la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por la posible comisión de delitos electorales.
Los señalamientos
Triangulación de dinero de Conade
Desde que la exatleta Ana Guevara asumió la Dirección General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tres empresas, en complicidad con las federaciones deportivas, son utilizadas para triangular los recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y financiar con sobreprecios los viajes a campamentos y competencias.
En febrero de 2020, una auditoría del Órgano Interno de la Secretaría de la Función Pública reportó el mecanismo mediante el cual un grupo de servidores públicos desvió en 2019 recursos federales del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. La revisión revela que el dinero del fondo fue comprobado con documentación “alterada, apócrifa y carente de validez fiscal” y que los recursos públicos fueron triangulados mediante empresas que facturaron a sobreprecio la realización de eventos deportivos, reveló una investigación de la revista Proceso.
Las casas de Manuel Bartlett
En agosto de 2019, una investigación periodística reveló que desde que dejó el gobierno de Puebla y se convirtió al lopezobradorismo, Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, ha amasado, en familia, una fortuna que no parece corresponder con los ingresos de alguien que ha dedicado su vida a la política. Señalaron que en los últimos 18 años Manuel Bartlett, su pareja, e hijos, han construido un imperio inmobiliario con 23 lujosas casas ubicadas en las zonas más caras del valle de México: Las Lomas, Polanco, Tecamachalco, la colonia Roma y la “milla de oro” en el Paseo de la Reforma.
- La SFP investigó el caso y determinó que, de la revisión exhaustiva de sus declaraciones patrimoniales, se concluyó que no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles a los que se hace mención en las distintas denuncias presentadas porque no son de su propiedad.
El exdelegado Carlos Lomelí y sus negocios en el sector salud
En junio de 2019, el (ahora ex) delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños fue señalado de ser el eje detrás de una red de empresas farmacéuticas que venden a gobiernos y que buscaba ser contratista de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la mega licitación de medicinas que convocó la oficial mayor de Hacienda y Crédito Público. Además, fue denunciado de ser el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el exfuncionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.
- A mediados de julio Lomelí Bolaños, renunció a su cargo y lo anunció él mismo en su cuenta de Twitter. A principios de septiembre, los Laboratorios Solfran y Lomedic, empresas de Carlos Lomelí, fueron inhabilitadas por dos años y seis meses.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó el 15 de julio pasado que tenía siete investigaciones abiertas contra Lomelí y adelantó que existían indicios de que incurrió en conductas irregulares, por lo que podría ser sancionado.
El IMSS compra a empresa sancionada
En abril de 2020 el gobierno federal siguió un inusual procedimiento exprés, de apenas cuatro días, para asignar directamente un contrato por 93 millones de dólares a un proveedor que desde hace 20 años ha sido acusado de fraude, sobornos e incumplimiento. La empresa Levanting Global Servicios presentó una propuesta al IMSS para venderle hasta 3,000 ventiladores pulmonares.
- Ese mismo día la institución respondió que era viable asignarle el contrato y dos días después, el 30 de marzo, formalizó la adjudicación. La empresa expidió ese día una factura para cobrar 660 millones de pesos de adelanto, pese a que el contrato se formalizó hasta el día siguiente, 31 de marzo.
El 8 de abril la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el dueño de esa empresa es Baldemar Pérez Ríos, un empresario guanajuatense residente en Houston que había sido sentenciado por fraude bursátil en Estados Unidos y por falsificación de documentos e incumplimiento de contratos en Pemex y en la CFE. Señaló que Baldemar Pérez fue investigado por la Función Pública por tejer una red de 30 “empresas fantasmas” con las que se hizo de contratos millonarios con Pemex entre los años 2000 y 2010, además de haber sido acusado de sobornar a funcionarios.
Los negocios del hijo de Manuel Bartlett con el IMSS
El 30 de abril del 2020 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró un contrato con León Manuel Bartlett Díaz, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para la adquisición de 20 ventiladores para uso en el tratamiento de pacientes con afecciones en sistema respiratorio y en estado crítico. La institución pagaría 1. 5 millones de pesos cada uno, los más caros de cuantos había comprado la Federación hasta el 1 de mayo.
- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que cuenta con más de siete líneas de investigación abiertas sobre ese asunto y que las diligencias y visitas de verificación e inspección iniciaron desde el 1 de mayo y ya se cuentan con los elementos para los procedimientos de asignación de la sanción correspondiente por presuntas irregularidades.
En tanto el IMSS informó que levantó un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores. Explico que luego de una revisión física, detectó que los ventiladores no contaban con pantalla táctil, es decir no cumplían con los requerimientos funcionales acordados, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicada en mayo de 2020.
La casa de campaña de AMLO
En mayo de 2010 una investigación periodística reveló que la casona de Chihuahua 216, en la colonia Roma de la Ciudad de México, la cual funcionó como casa de campaña y luego del gobierno de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador, es parte de la red de propiedades, empresas e intereses del grupo encabezado por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz.
- El periodista Carlos Loret de Mora difundió que cuando fue usada por el ahora presidente de la República, esa casa era de Jesús González Torres, un político que ha trabajado dese hace 49 años con Bartlett y que es socio de su hijo León Manuel Bartlett Ávila.
Hermano de titular de la SFP, acusado de proselitismo con progamas sociales
En julio pasado, Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y delegado del gobierno federal en Guerrero, fue señalado de utilizar los programas sociales del gobierno federal, para construir su candidatura a la gubernatura del estado.
- En un video que circuló en redes sociales y portales de medios de comunicación se escucha cómo durante un evento de entrega de apoyos a comunidades el orador hace énfasis en que se aprendan el nombre del funcionario.
El propio señalado presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Guerrero para que se investigue el hecho. Posteriormente el diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, denunció ante la Secretaría de la Función Pública que el Sandoval hace uso “reincidente de recursos públicos y programas sociales con fines político-electorales.
Octavio Oropeza – Pemex contrata a familiares
Octavio Romero Oropeza, el agrónomo que hoy dirige Pemex, pues casi una veintena de los integrantes de su clan familiar, incluida su esposa, se han visto beneficiados de las relaciones y poder que ha cosechado el funcionario con puestos en el gobierno federal con sueldos que se cuentan arriba de dos dígitos.
Desde hace unos meses circula en redes sociales una lista del clan de los Romero Oropeza, que además, han visto, en algunos casos, mejorados sus ingresos con los meses, pues al hacer una comparación con los datos públicos de nómina en la Secretaría de la Función Pública, se encontró que algunos salarios aumentaron aunque sea en un par de miles de pesos.
- Un ejemplo es Pamela Oropeza Falcón, sobrina de Octavio Romero, y que ocupa un puesto como especialista técnico B, en PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, con $97,591.50 brutos, un monto superior a los 94 mil 559.90 reportados en junio pasado en la misma plataforma.
- Julián Romero Oropeza, hermano del director de Pemex, es subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Finanzas de Tabasco; su hermana María del Carmen ($37,732.00 brutos mensuales) es la subdirectora de las Estancias Infantiles del DIF Nacional y su esposa, María Eugenia Lozano Torres ($136,745.00 brutos al mes) es la titular del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud.
- En Pemex, es donde más próspera es su estirpe pues tan solo su sobrina Aura Luz Flota Oropeza, es Superintendente B de Área en Pemex Transformación Industrial, devengando un sueldo de 139 mil 16 pesos mensuales.
En la petrolera también están su prima Guadalupe Oropeza Torrano, que es auxiliar principal administrativo en Pemex Exploración y Producción y Lorena de los Ángeles Correa Romero, auxiliar técnico, ambas con salarios brutos superiores a los 40 mil pesos.
Cabe destacar que la mayoría de los sueldos y cargos fueron corroborados por Noticias en la Mira, ajustando, en su caso, las cifras dadas a conocer en redes sociales con respecto a los montos publicados y actualizados en el portal de la SFP.
- Casos como el de Narciso Tomás Oropeza Andrade, primo de Octavio Romero, que ocupa un puesto como Titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) en Tabasco, o el de Julián Enrique Romero, las cifras fueron retomados de la consultas de transparencia difundidas en redes sociales.
Los cargos alcanzan hasta el poder judicial, como el de Enrique Priego Oropeza, primo de Octavio Romero Oropeza, quien ocupa un puesto como Magistrado Presidente, en el Tribunal Superior de Justicia, de Tabasco, percibiendo un sueldo bruto mensual de $127, 816.04, superior a los 103 mil 861 pesos, reportados por El Universal en marzo del 2019.
- Ramón Elías Hechem Oropeza, otro primo del ingeniero, ocupa un puesto como Jefe de Departamento de la Dirección de Especies Mayores, en la SEDAFOP, percibiendo un sueldo bruto mensual de $62, 681.49 (ejercicio 2019).
Superdelegados de AMLO bajo investigación
Al menos 18 Delegados de Programas para el Desarrollo, mejor conocidos como “superdelegados”, han sido denunciados por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual, delitos que son investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
- Tres de los funcionarios investigados dejaron su cargo en busca de la candidatura de Morena al gobierno de sus estados. Se trata de Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua; Índira Vizcaíno Silva, de Colima, y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero, quien es hermano de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
- De acuerdo con información del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Bienestar a la que tuvo acceso Animal Político, las indagatorias en curso derivan de denuncias presentadas en 2019 y 2020.
Los superdelegados son los representantes del Ejecutivo federal en los estados y tienen la encomienda de verificar la cobertura y aplicación de los programas sociales del gobierno.
Gobernadores de oposición acusaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirió a sus delegados poderes que se equiparan a las atribuciones de los propios gobernadores. A su vez, dada su exposición a nivel estatal, tales funcionarios se posicionaron como naturales candidatos a las gubernaturas de los estados donde operan.
- En octubre del año pasado, Irma Sandoval reveló que nueve delegados estaban bajo investigación por mal uso de los programas sociales que tienen a su cargo: Aldo Ruiz (Aguascalientes), Juan Carlos Loera (Chihuahua), José Antonio Aguilar Castillejos (Chiapas), Índira Vizcaíno (Colima), Mauricio Hernández Núñez (Guanajuato), Rodrigo Abdalá (Puebla), Gabino Morales (San Luis Potosí), José Jaime Montes Salas (Sinaloa) y Jorge Luis Taddei (Sonora).
La lista de funcionarios indagados se duplicó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al OIC, que depende de la SFP, investigar a otros delegados por incurrir en el delito de promoción personalizada con el uso indebido de recursos públicos.
El gobierno prefiere las adjudicaciones directas
Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal se establece que las adjudicaciones directas estarían prohibidas durante el sexenio del presidente López Obrador su administración ha abusado de esta forma de comprar.
- De acuerdo con MCCI, al cierre de julio de 2020, la base de datos de Compranet contiene información sobre 84,372 procedimientos. De estos, 65,156 han sido entregados por vía de la adjudicación directa, equivalentes al 77.2% del total, mientras que la licitación pública ha sido utilizada 10,786 veces, es decir, el 12.8% de las ocasiones./Agencias-PUNTOporPUNTO
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