RITA MAGAÑA TORRES
El presidente Enrique Peña, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) envió al Senado ayer por noche la propuesta de reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública.
El documento de 27 cuartillas tiene las propuestas para reformar y adicionar un total de siete artículos de la Constitución.
En la iniciativa, el Ejecutivo federal propone cambios para establecer al Mando Único Policial Estatal, a fin de facultar al Congreso para expedir leyes generales sobre la concurrencia y competencias en seguridad pública y en materia penal.
Según el texto, la iniciativa presidencial busca que la federación asuma el control total o parcial sobre las funciones municipales, las cuales se presentarán este martes ante al pleno senatorial y turnadas a las comisiones dictaminadoras.
Los coordinadores de PRI, Emilio Gamboa; del PAN, Jorge Luis Preciado, y del PRD, Miguel Barbosa, acordaron procesar, a la brevedad, las propuestas que envió el Ejecutivo federal para que sean dictaminada y aprobada antes del 15 de diciembre.
El presidente del Senado, Miguel Barbosa, mencionó que las iniciativas llegaron en una sola iniciativa las diversas reformas constitucionales, sobre temas relacionadas el Mando Único de policías estatales y sobre municipios.
Informó que las iniciativas se publicaron desde este lunes en el portal de la Cámara alta.
Entre los temas que incluye la iniciativa presidencial, destaca replantear el modelo de seguridad pública en los municipios.
Establece un nuevo sistema policial que dará tranquilidad a las familias con policías más cercanos, profesionales, confiables cuyo interés principal sea garantizar la seguridad, concentrar funciones policiales para facilitar las condiciones de mando y focalizar tareas de seguridad en determinados territorios.
El Ejecutivo federal propuso establecer el Mando Único Policial Estatal, facultar al Congreso para expedir leyes generales que determinen la concurrencia de la federación y entidades federativas en materia de seguridad pública, así como homologar criterios y procedimientos en la materia.
Plantea que el Congreso pueda expedir leyes generales para definir con libertad qué conductas deben ser tipificadas, qué tipos pénales serán materia de regulación y no que cada entidad pueda hacerlo.
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