En promedio, los gobiernos estatales ponen en marcha 11 medidas de impulso económico y fiscal para enfrentar los estragos de la pandemia, pero la mitad de ellos registró un número inferior a la media.
- Chiapas fue la entidad que no puso en marcha ningún programa, a pesar de ser uno de los estados con mayor pobreza en el país, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
- Entre las entidades que implementaron menos programas de apoyo están Tamaulipas y Tabasco, con tres en cada caso, así como Durango y Nuevo León, con cinco.
- Para BBVA México, los estados con mayores estímulos son los que se van a recuperar más rápido, pero también aquellos enfocados a sectores que se consideren esenciales o prioritarios, como la manufactura.
Mario Correa, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, señaló que cuando se ve por países, Estados Unidos y Canadá tienen una reactivación a mayor velocidad que la del resto, porque comprometieron más recursos fiscales en beneficio de los más afectados.
De acuerdo con el CIDE, Yucatán fue la entidad que mayores programas puso en marcha, con 27 medidas, seguido de Aguascalientes, con 26; San Luis Potosí, con 22; Zacatecas, 19; Campeche con 18 y la Ciudad de México con 15.
Así fue la ayuda:
- Incentivos a impuestos sobre hospedaje.
- Soporte para locatarios de mercados.
Alianza Federalista exigirá al gobierno Federal entregar recursos
Los estados que conforman la Alianza Federalista analizan interponer varios recursos legales e incluso llegar hasta los tribunales para, con ello, exigir al gobierno federal que les entregue los recursos que les corresponden de acuerdo a lo que marca la Ley de Coordinación Fiscal.
El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que los estados ya no pueden soportar más recortes al presupuesto ni mucho menos que dejen de ser enviados los recursos que por ley les corresponden, de acuerdo a los lineamientos del Pacto Fiscal vigente.
Diego Sinhue explicó que para el caso de Guanajuato son alrededor de 20 mil millones de pesos los que han dejado de llegar al estado desde la Federación, desde que tomó el cargo el actual gobierno.
“Nosotros le estamos apostando al diálogo, le estamos apostando a construir acuerdos, pero si no se dan, estamos con toda la disposición de, a través de todas las instituciones jurídicas y de la Suprema Corte, buscar que se respeten los acuerdos”, dijo el gobernador de Guanajuato.
Para Diego Sinhue este recorte de recursos no es otra cosa que un revanchismo político, pues Guanajuato fue el único estado donde Morena no logró arrasar en la elección de 2018. “Yo creo que sí (hay algo de fondo), un resentimiento con Guanajuato, es el único estado que no ganó el Presidente, el único estado que Morena no avanzó y hoy nos están castigando con los recursos, evidentemente”, dijo el mandatario estatal.
Puso como ejemplo que estados como Tabasco y Oaxaca, que aportan menos recursos a la Federación y que incluso tienen menor población que Guanajuato, reciben aproximadamente 140 millones de pesos al año, mientras que a territorio guanajuatense llegan 97 mil millones de a pesos desde la Federación.
Ajuste al cinturón
Diego Sinhue expuso que a raíz del recorte de recursos federales en Guanajuato tuvieron que hacer ajustes que incluyó desde la desaparición de dependencias como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior o el Instituto de la Juventud, hasta el recorte de personal, pasando por la desaparición de programas de dependencias que se repetían, lo cual obligó a ser más eficiente esta situación.
- El mandatario dijo que también se tuvieron que cancelar algunos programas, como proyectos productivos que daban la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el DIF estatal, el Instituto de la Juventud y ahora todos éstos pasarán a ser administrados por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, y así se hizo más eficiente el apoyo; sin embargo, aseguró que no es suficiente con ajustarse el cinturón pues los recursos que le tocan al estado le tienen que ser regresados.
“¿Cuál es la base del Pacto Fiscal? Hay impuestos que son de índole federal y otros de índole estatal y los estados cedimos, porque antes los cobrábamos, los cedimos para que los cobraran a nuestro nombre, con el compromiso de que nos van a devolver un porcentaje, hubo un proceso de descentralización de sistema de salud, de educación y varios, donde el acuerdo de equilibrio fiscal es que precisamente que nos darán recursos para atender estos temas, el problema viene cuando se rompe ese equilibrio, cuando son más las responsabilidades que están dando y menos el dinero y es donde creemos que podemos interponer una controversia constitucional, en caso de no ser escuchados, para que nos den lo que nos corresponde”, explicó el gobernador de Guanajuato.
Por ello, el mandatario guanajuatense dijo que decidieron salirse de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pues el quedarse ahí era como validar situaciones en las que no estaban de acuerdo, como seguir aguantando recortes y que sus propuestas no fueran atendidas ni siquiera escuchadas.
Recorte tras recorte
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2019 Guanajuato recibió un recorte de aproximadamente ocho mil millones de pesos desde el Gobierno Federal y para 2020 hubo otro recorte más de cinco mil millones de pesos, por lo que con los siete mil millones de pesos que se estiman que haya de un nuevo recorte para 2021, el estado habría dejado de percibir en tres años 20 mil millones de pesos, es decir, casi una quinta parte de lo que actualmente es su presupuesto anual federal.
COVID-19 presiona a estados; deudas se disparan
Entre el primero y segundo trimestre del año, la deuda de los gobiernos estatales y sus entes públicos fue a la baja en 0.2 por ciento real, mientras que la de los municipios y sus instituciones cayó 0.4 por ciento, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- Lo anterior implicó una reducción de 1.4 mil millones de pesos durante el periodo, de modo que hasta junio de 2020, la deuda pública total de los gobiernos estatales y municipales sumó 596 mil 398 millones 100 mil pesos. Un saldo de financiamiento que, además, es 1.6 por ciento inferior al registrado al cierre del segundo trimestre de 2019.
Los resultados indican que las finanzas de las administraciones locales aguantaron el primer golpe de la crisis económica agravada con la COVID-19.
- Sin embargo, la emergencia sanitaria metió presión al presupuesto de los gobiernos federal, estatales y municipales. Por un lado, porque el dinero que reciben las administraciones locales por parte de la Federación (gasto federalizado) tuvo un recorte de 7.8 por ciento real entre el primer y segundo trimestre del año. Y por otra parte, porque el coronavirus generó gastos perentorios que agravaron el espacio fiscal de los distintos niveles de gobierno.
Aunque las administraciones locales acordaron evitar endeudamientos innecesarios –sobre todo en gasto corriente, que es violatorio de ley– y ejercer políticas de austeridad sin menoscabo a programas sociales, y a pesar de que el Gobierno federal ofreció recursos adicionales para la atención de las poblaciones más vulnerables, e incluso, medidas de reestructuración de deuda pública a través de la banca de desarrollo social, algunas entidades federativas no pudieron evitar un mayor endeudamiento.
- Las deudas de los gobiernos estatales y de los entes públicos de Yucatán, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, México y Durango (en ese orden) aumentaron en un rango de 21.2 a 0.4 por ciento, entre el primer y segundo trimestre de 2020.
En el caso de los gobiernos municipales y sus instituciones, el incremento fue de 153.3 a 0.2 por ciento real, en un orden de mayor a menor grado en Aguascalientes, Nayarit, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí, México, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y Baja California Sur, respectivamente.
Deuda en el último año
La deuda pública no es positiva o negativa en sí misma, pero implica problemas o abusos cuando los distintos niveles de gobierno la usan para cubrir necesidades de corto plazo relacionadas con gastos corrientes (bienes y servicios que no incrementan el patrimonio). En cambio, la deuda puede impulsar el desarrollo cuando es utilizada para inversiones productivas y de gasto en capital (como la infraestructura pública, por ejemplo).
Un aspecto relevante con respecto a la deuda pública es la capacidad de pago de los gobiernos, o bien, la capacidad para respaldar el débito y sus intereses con los ingresos locales y las transferencias del Gobierno federal.
En ese sentido y de acuerdo con el Sistema de Alertas de la SHCP, la mayor parte (26) de las entidades federativas –sin considerar a Tlaxcala, cuyo Gobierno estatal no puede contratar deuda por ley– tiene un nivel de endeudamiento “sostenible”. Sólo Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León y Quintana Roo tienen un grado de endeudamiento “en observación”, por lo que por ley y a diferencia del resto de los estados, tienen restricciones para aumentar su deuda (cinco por ciento adicional con respecto a sus Ingresos de Libre Disposición).
- Aunque en el último año, es decir, entre el segundo trimestre de 2019 y de 2020 el saldo de la deuda pública total de las 32 entidades federativas (incluido el financiamiento de los municipios) fue a la baja en 1.6 por ciento real, no todos los estados experimentaron una reducción de sus adeudos.
- Por un lado, el endeudamiento total real (sin efectos inflacionarios) en 2019-2020 fue al alza en Yucatán (28.4 por ciento), Aguascalientes (15.3 por ciento), San Luis Potosí (14 por ciento), Tabasco (11.8 por ciento), Nayarit (11.6 por ciento), Jalisco (7.6 por ciento), Nuevo León (2.8 por ciento), Baja California (1.3 por ciento), Quintana Roo (1.2 por ciento) y Tamaulipas (0.1 por ciento).
Por otro lado, el nivel de endeudamiento como proporción de los ingresos estatales totales tuvo una variación positiva de 0.2 puntos porcentuales (pp) entre 2019 y 2020. Esto implica que, a pesar de la reducción real del endeudamiento público en la mayoría de los estados, la presión para el espacio fiscal en las administraciones locales no mejoró en todo caso, máxime considerando la caída del gasto federalizado de éste año.
- La variación relativa en 2019-2020 indica que la mitad (16) de las entidades federativas tiene más presión financiera que en 2019. Entre ellas están Quintana Roo (9.5 pp), Zacatecas (6.2 pp), Yucatán (3.1 pp), Nuevo León (2.5 pp), Nayarit (2.4 pp), Jalisco (1.9 pp), Coahuila (1.8 pp), Aguascalientes (1.5 pp), San Luis Potosí (1.5 pp), Ciudad de México (1.4 pp), las Baja California y Morelos (1.0 pp cada una), así como Tabasco (0.9 pp), Campeche (0.4 pp) y México (0.3 pp).
Los municipios
Las cifras de la SHCP analizadas por la Unidad de datos de SinEmbargo indican que, en general, la disciplina financiera en los municipios tuvo mayores impactos que a nivel estatal.
La reducción real del endeudamiento de los entes públicos (2.3 por ciento) y de los gobiernos (0.3 por ciento) municipales fue mayor a la reducción del débito de los entes públicos (0.1 por ciento) y de los gobiernos (0.2 por ciento) estatales, entre el primer y segundo semestre de 2020.
- Asimismo, entre el segundo semestre de 2019 y de 2020, la reducción del endeudamiento de los entes públicos (11.9 por ciento) y de los gobiernos (7.7 por ciento) municipales fue mayor a la reducción del débito de los entes públicos (01.2 por ciento) y de los gobiernos (1.0 por ciento) estatales.
- Pese a los resultados generales, entre los primeros dos trimestres de 2020, la deuda de los gobiernos municipales de Yucatán, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, México y Durango tuvieron una tendencia al alza en un rango de 21.2 a 0.4 por ciento.
Algo similar ocurrió con los entes públicos municipales de Aguascalientes, Nayarit, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí, México, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y Baja California Sur, que tuvieron una tendencia al alza en un rango de 153.3 a 0.2 por ciento, según cada caso.
En el caso individual –es decir, de la deuda de cada gobierno municipal sin incluir el financiamiento de sus entes públicos– éste medio digital calculó las localidades con mayor grado de endeudamiento como proporción de las participaciones federales anuales a entidades federativas y municipios (Ramo 28), mismas que de acuerdo con la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos 2020, son recursos públicos proporcionales “a la participación de las entidades en la actividad económica y la recaudación” federal, que sirven para “generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio”.
- El municipio de Tijuana (BCS) tuvo el mayor nivel relativo de endeudamiento, equiparable al 13.3 por ciento de los ingresos estatales por la vía del Ramo 28. A ésta localidad le siguieron Hermosillo (SON), Benito Juárez (ROO), Solidaridad (ROO), Los Cabos (BCS), Tepic (NAY), Monterrey (NLE), La Paz (BCS), Cozumel (ROO) y Mexicali (BCN) con un adeudo proporcional al Ramo 28 de 11.5, 11.1, 7.4, 6.4, 6.3, 6.2, 5.3, 4.9 y 4.8 por ciento, respectivamente.
En contraste, los municipios con menor proporción de endeudamiento al segundo trimestre de 2020 fueron los de Tenamaxtlán (JAL), Tacotalpa (TAB), Huehuetán (CHP), Benito Juárez (ZAC), Soyaniquilpan de Juárez (MEX), Tlalmanalco (MEX), San Luis del Cordero (DUR), Tuxtla Chico (CHP), Tolimán (JAL) y Lázaro Cárdenas (ROO) con un adeudo relativo inferior al 0.001 por ciento, cada uno.
La información de la SHCP también indica que hay 1 mil 823 municipios sin adeudo. Ello implica que siete de cada 10 localidades en México no cuentan con deberes por financiamiento./Agencias-PUNTOporPUNTO
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