AGENCIAS
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la SEP y al jefe del gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera, por el caso de cinco alumnos de preescolar en una escuela particular, que fueron maltratados por la directora.
Sin detallar la ubicación de la escuela Montessori, ni datos de la agresora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos resaltó que la violación a los derechos humanos cometidos fueron a la salud, al sano desarrollo, al trato digno, a la integridad y seguridad personal.
En un comunicado, refirió que la recomendación 39/2014 la hace por el caso presentado el 5 de octubre de 2013, luego que en la página web de un diario de circulación nacional se publicó un video en el que se mostraban a la directora que violentaba física y verbalmente a un niño, sacudiéndolo, gritándole y golpeándole las mejillas.
Ante los hechos, informó que inició de oficio el expediente de queja y solicitó informes a las instituciones involucradas, pues con base a la investigación, la CNDH contó con evidencias que permitieron observar que el maltrato contra quienes acudían a ese plantel, fue posible debido a diversas omisiones.
Especificó que esas omisiones fueron por las autoridades educativas encargadas de la prestación y supervisión del servicio de educación inicial, propiciados debido a la ausencia de una política pública integral dirigida a la protección de los menores.
Además, la escuela en particular atendía a niños en edad de cursar preescolar sin la autorización y reconocimiento oficial respectivo, lo cual provocó violaciones a los derechos humanos mencionados.
Los cuales, abundó, son atribuibles a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Administración Federal de Servicios Educativos del Gobierno del Distrito Federal, entre otras irregularidades.
Por lo anterior, en su Recomendación 39/2014, la CNDH solicitó a la SEP y al jefe del gobierno local, que la reparación del daño de los menores y los familiares que fueron víctimas, incluya la atención médica y psicológica.
Así como los apoyos pedagógicos e institucionales para su regularización educativa, y la atención psicológica a las familias de las víctimas, para que apoyen a los niños en su recuperación emocional.
Asimismo, se solicitó que colaboren ampliamente con la Comisión Nacional en el trámite de las quejas que promueva ante el Órgano Interno de Control en la SEP y de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, para que se investigue a los servidores públicos federales que intervinieron en los hechos.
A la SEP también se solicitó la emisión de los lineamientos básicos de política pública para las entidades federativas en materia de educación inicial, a fin de dar cumplimiento a los artículos 42 y 59 de la Ley General de Educación, al otorgar la mayor protección posible a los niños.
Así como los lineamientos necesarios para la creación de un padrón por las entidades federativas, en el que se contemplen las escuelas en las que se impartan servicios educativos de educación inicial.
Al jefe de Gobierno del Distrito Federal se le pidió emitir el Reglamento de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México y que el Instituto Administrativo capitalino cumpla con el deber de aplicar la Ley que regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil.
Por otro lado, le solicitó que se inicie un programa para la verificación de la totalidad centros de atención y cuidado infantil que operen en el Distrito Federal y, en su caso, imponga las sanciones que conforme a derecho procedan.
También, que diseñe e imparta un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos a los servidores públicos del Instituto Nacional de Verificación Administrativa del Distrito Federal, así como en temas enfocados al correcto ejercicio de la función pública y de la actividad administrativa verificadora.
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