Lejos de concluir, la discusión por el “Plan B” de la reforma electoral ha cobrado fuerza con el anuncio de una nueva marcha masiva en defensa al Instituto Nacional Electoral (INE), las críticas del presidente López Obrador al movimiento y la publicación por parte del INE de un resumen ejecutivo en el que detalla las afectaciones a la democracia que puede haber derivado de estos cambios legislativos.
El pasado 15 de diciembre, la bancada legislativa de Morena aprobó en la Cámara de Diputados el llamado “plan B” de la reforma electoral, que consistió en una serie de reformas a cinco leyes secundarias y la expedición de una sexta norma. Sin embargo, no se envió el Plan B completo al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que se intepretó como un triunfo de los opositores, ya que retrasó su entrada en vigor.
Las modificaciones que se aprobaron por el Poder Legislativo en diciembre pasado fueron la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Públicas.
Entre las que se conoce serán culminadas en el siguiente periodo legislativo, que inicia el próximo 1 de febrero, están: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, la Ley de Medios de Impugnación y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Oposición presentan inconstitucionalidad
En ese sentido, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del plan B, tras considerarlo un “capricho de una sola persona”.
El pasado lunes, en conferencia de prensa, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, informó que el recurso presentado va en contra del primer paquete de reformas presentado en el plan B, es decir, en contra de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Públicas.
Por su parte Marko Cortés también presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del primer paquete de la reforma electoral (Plan B) aprobado por el Congreso y promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
- El recurso de impugnación es contra los cambios a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que forman parte del llamado “Plan B” electoral que promovió López Obrador.
- Acompañado de senadores, diputados, alcaldes y dirigentes estatales del PAN, Cortés dijo que serán varias acciones de inconstitucionalidad las que presentará su partido, debido a que aún no ha sido promulgada otra parte de la reforma electoral del gobierno federal.
- Indicó que esta misma semana, de manera institucional, el Senado y la Cámara de Diputados presentarán sus propios recursos de acción de inconstitucionalidad, lo mismo que alcaldes.
“Ante la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia tenemos una alta expectativa que se haga valer la supremacía constitucional, que se repete la Constitución, que el Presidente no quiera abusar de su cargo y de su mayoría simple en la Cámara de Diputados para ponerse a modo las reglas en materia electoral”, sostuvo.
Añadió que con las reformas impugnadas, el gobierno quiere que los servidores públicos “pueda hacer promoción, contratar publicidad y que no haya un órgano electoral como el INE, o el Tribunal, que pueda sancionar a estos servidores públicos, quieren quitar de las manos del INE y del Tribunal Electoral la posibilidad de sancionar y dictar las medidas que de forma precautoria evitarían un daño mayor en la difusión de cualquier servidor público».
“También les están reduciendo a los alcaldes la posibilidad de difundir durante un año, de manera legal y transparente, las acciones de su gobierno”, apuntó.
Además a esto se sumaron los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Grupo Plural al presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, pues aseguran que “buscan alterar el principio de neutralidad en las contiendas electorales” y “atentan en contra de la Constitución”.
- A través de un comunicado, refirieron que las modificaciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General deResponsabilidades Administrativas que aprobó el Poder Legislativo en diciembre de 2022, se hicieron “sin un ejercicio de reflexión y análisis”.
Asimismo, recalcaron que un elemento fundamental en cualquier sistema democrático son las elecciones libres, y culparon al gobierno federal de querer “modificar las reglas del juego” para beneficiar a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y a sus candidatos.
En este sentido, el autonombrado “Bloque de contensión del Senado” afirma que el “Plan B” viola principalmente tres aspectos:
- La veda legislativa al promulgarse una ley en materia electoral sin respetar el plazo de noventa días previos al inicio de los procesos electorales.En el Estado de México y Coahuila se encuentran en curso.
- Afirman que atenta en contra del proceso parlamentario. Los principios de publicidad, deliberación democrática y debida motivación, pues estos fueron vulnerados durante el proceso de deliberación en la Cámara de Diputados.
- Pone de manifiesto el uso discrecional de recursos públicos para intervenir en las elecciones a través de propaganda.
La acción de inconstitucionalidad de los senadores se suma a las presentadas por el PAN, el PRD el pasado 23 de enero. Cabe señalar que este 25 de enero el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, confirmo que será en la primera semana del Periodo Ordinario de Sesiones (en febrero), cuando la cámara alta revise los cambios a la Reforma Electoral que planteó la Cámara de Diputados.
El Bloque de Contención en el @senadomexicano presenta Acción de Inconstitucionalidad contra el llamado Plan “B” del Ejecutivo Federal.
Las reformas buscan cambiar las reglas del juego político y permitir a servidores públicos intervenir en elecciones a través de propaganda. pic.twitter.com/KJT1i9f79h
— Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) January 25, 2023
Cambios implican consecuencias indeseables para las elecciones
De acuerdo con el texto “Resumen ejecutivo de las implicaciones del «Plan b» de la reforma electoral”, las piezas clave “del diseño legal e institucional del sistema electoral mexicano” pueden correr el riesgo de verse lesionadas.
- Entre las afectaciones están “la autonomía del INE, la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas, los procedimientos de capacitación y organización electoral y el conteo escrupuloso de votos”.
También consideran que habrá afectaciones en “los avances contra la violencia política de las mujeres en razón de género, las acciones afirmativas para potenciar la representación política de núcleos de la población tradicionalmente desfavorecidos, la fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos y el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos”, entre otros.
Infieren en la vida autónoma del INE
De acuerdo con José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, «el punto importante para las modificaciones a las leyes secundarias es que Morena y el Ejecutivo federal, y sus aliados, cuentan con amplia mayoría para la aprobación de las leyes secundarias. En puntos muy concretos se habla de debilitar al INE y lo cierto es que sí se le debilita».
«La Cámara de Diputados está interfiriendo en la vida autónoma del INE al intentar cambiar esas leyes secundarias, porque se le están quitando recursos económicos al INE».
- El especialistas también dijo que «la acción de inconstitucionalidad -tanto de partidos políticos como de distintos organismos- tienen como finalidad precisamente detener esas modificaciones a las leyes reglamentarias. Es decir, el camino se está dando a través de las acciones de inconstitucionalidad».
«El punto primordial de la acción de inconstitucionalidad es la modificación de leyes secundarias que atentan contra la naturaleza inicial de un órgano autónomo. Las leyes secundarias no pueden ir en contra ni pueden ir más allá de la norma constitucional».
«Las leyes secundarias sirven para perfeccionar la norma constitucional para hacerla más entendible, para señalar tiempos, procedimientos y procesos. Pero una ley secundaria no puede modificar la norma original».
- Por último Perdomo Galicia reprobó la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la nueva marcha para defender al INE con frases como “Ya chole” o vincularlo con el caso García Luna.
«Es la actitud que ha tenido permanentemente el presidente López frente a todas las personas que piensan distinto a él. El presidente López no respeta el pensamiento diferente por la sencilla razón, de que es un pensamiento disidente».
«La burla ha sido constante frente a esas manifestaciones de quien piensa diferente aquí. Lo grave es que lo está haciendo con un ataque completamente frontal», finalizó.
Riesgo político para México
Es la actitud que ha tenido permanentemente el presidente López frente a todas las personas que piensan distinto a él. El presidente López no respeta el pensamiento diferente por la sencilla razón, de que es un pensamiento disidente.
La burla ha sido constante frente a esas manifestaciones de quien piensa diferente aquí. Lo grave es que lo está haciendo con un ataque completamente frontal.
Con un nivel muy alto de ocurrencia, Integralia prevé que el oficialismo intensifique los embates contra la autonomía y eficacia del Instituto Nacional Electoral, desde tres frentes:
- intento del gobierno y de Morena para sesgar el proceso de nombramiento de cuatro consejeros electorales con perfiles afines (en el primer trimestre del año)
- iproblemas operativos y de gestión tras la aprobación de la reforma legal que reduce y modifica su estructura
- litigios por la implementación de la reforma (ante la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y tribunales laborales), lo cual aumenta los riesgos de ineficacia gubernamental, concentración de poder e incertidumbre jurídica.
También que los grupos criminales aprovechen los procesos electorales para imponer o extender acuerdos con las nuevas administraciones a fin de operar con impunidad.
“Los actores locales son especialmente vulnerables, pues detentan el poder a nivel territorial. Ante la debilidad del Estado de derecho, las elecciones de 2023 y el inicio del proceso electoral de 2024 aumentan la probabilidad de violencia política y electoral contra actores políticos y funcionarios públicos. Esto puede agravar la inseguridad pública y la ineficacia gubernamental”, dice el documento.
En riesgo Padrón Electoral
Expertos en materia electoral alertaron que es un riesgo para la democracia es quitarle al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de administrar el padrón electoral, como planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su iniciativa de reforma en la materia.
- El abogado Luis Rodríguez Alemán alertó que la iniciativa presidencial «de manera silenciosa, también busca quitarle al INE la confección del padrón electoral, pues en el texto propuesto se elimina por completo su mención dentro de sus atribuciones otorgadas».
Mencionó que la iniciativa no especifica a qué entidad se trasladaría esa facultad, pero se intuye que sea la Secretaría de Gobernación.
«¿A quien le correspondería ahora el ejercicio de esa facultad? ¿A la Secretaría de Gobernación? En ningún fragmento del texto de la iniciativa se aclara este punto y la supresión evidentemente no obedece a un descuido, es intencional», estimó.
- Por su parte, Eric Guerrero Luna, experto en derecho electoral, planteó que el «riesgo político es que el control del padrón quedaría en manos del partido gobernante en este caso Morena y claro que puede ser utilizado para controlar de cierta forma las elecciones, pues tienes todo los datos por sección electoral de los votantes».
- Consideró que ya son 30 años que el órgano nacional ha dado resultados del buen manejo del Padrón y Lista Nominal, por lo que quitarle esa facultad y pasarla a la Secretaría de Gobernación, pone en riesgo la certeza sobre las elecciones.
«Ya tiene más de 30 años que el IFE y ahora el INE administra toda la información de la ciudadanía que se engloba en la credencial de elector y el padrón electoral, es decir, el INE es el encargado de resguardar esa información, porque sirve para que la ciudadanía que va el día de las votaciones y vota, el INE se asegura de darle la legalidad, la certeza jurídica de las elecciones, de que efectivamente seamos los ciudadanos mexicanos los que estemos votando y tener ese control de seguridad sobre nuestra democracia y sobre las elecciones el día de la jornada electoral.
- Además, a la ciudadanía le da confianza y le gusta que el INE tenga resguardados esos datos y pueda darle acceso a una cédula de identificación que es la credencial para votar. Ahora, ¿cuál es el efecto que pase a la Secretaría de Gobernación? Para mí el fondo está en que le vamos a quitar autonomía a un órgano que organiza y hace elecciones que es el Instituto Nacional Electoral.
¿Por qué le vamos a quitar autonomía de que resguarde los datos personales de quiénes van a votar, y cómo se organiza, quién debe de dar fe sobre los actos que se realizan? Ahora, por qué pasarle al gobierno federal una tarea que ya hace un órgano autónomo, yo creo que es un error de la iniciativa, creo que no merece el INE que le estemos quitando facultades que son necesarias por mandato constitucional de hacer a este órgano autónomo.
Si le empezamos a quitar tareas con la supuesta idea de ahorro al erario público, no estamos logrando de facto darle a la ciudadanía seguridad y certeza jurídica sobre la democracia en el país. Creo que no es el camino y es incorrecta la propuesta», aseveró./Agencias-PUNTOporPUNTO