Bank of America advirtió que la reforma al Poder Judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador «tiene enormes implicaciones para el funcionamiento de la democracia».
- El banco estadounidense destaca que la reforma «más preocupante» dentro del «Plan C» es la que busca eliminar a los 7,293 magistrados en ejercicio en México, así como los 11 magistrados de la Suprema Corte para que sean elegidos por voto popular.
- Tras haber sostenido el pasado 15 de agosto una reunión con el Colegio de Abogados de México, Bank of America destacó que hay preocupaciones porque la elección de los magistrados tenga una baja participación ciudadana y que esta se vea influenciada por partidos políticos, crimen organizado y la iniciativa privada.
- «AMLO ha mencionado que a los jueces existentes, aquellos con titularidad, se les podría permitir presentarse como candidatos a elecciones además de que se busca eliminar el rango de edad que era de 35 años en adelante», añadió BofA.
Sobre otras reformas que se presentarán en septiembre como la eliminación de algunos organismos autónomos, BofA dijo que estos pueden tener afectaciones en el marco del TMEC.
Además, la prohibición para modifica el estatus de la CFE y Pemex así como la prohibición a la importación de maíz transgénico también serán motivo de controversia con los socios comerciales de México en el marco del tratado comercial.
Alerta riesgos por desaparición de órganos autónomos
Tras el aval de Morena y sus aliados, donde la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma constitucional con el que buscan la eliminación de 7 organismos autónomos, bajo el argumento de que son onerosos y al eliminarlos el gobierno federal se ahorrará recursos.
- La Universidad Ibero campus Puebla compartió un análisis sobre la iniciativa para desaparecer a los organismos autónomos entre ellos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Nacional para la Mejor Continua de la Educación (Mejoredu), entre otros.
- De acuerdo con Shanik David, académica en temas de derecho a la información y transparencia y quien participa en el análisis señala que existen tres órganos que juegan un papel importante en materia de protección de derechos humanos, como son: el INAI, IFT y Mejoredu.
La académica explica que estos órganos al igual que otros son perfectibles; sin embargo, no por el hecho de tener deficiencias, deben desaparecer como lo plantea el dictamen aprobado en comisiones y que será votado el próximo 1 de septiembre.
Por ello, en su análisis la Ibero proponen mejoras a estos organismos, para que así se puedan seguir protegiendo los derechos humanos de las y los mexicanos.
La importancia de los órganos autónomos
La existencia de los órganos autónomos no busca desmantelar al Estado, como se ha señalado en la iniciativa presidencial, por el contrario, el surgimiento de estos organismos responde a la necesidad de fortalecer las estructuras de gobierno para hacer frente a necesidades sociales y atender aspectos técnicos específicos.
La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la división de poderes pues su misión radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general.
Los organismos que desaparecen por el pleno de San Lázaro son los siguientes:
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
Desaparición del INAI retroceso para México
Tras la aprobación del dictamen de reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, con el cual desaparecen 7 organismos constitucionales autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra, se pronunció afirmando que esto “daría lugar a un retroceso para la vida pública de nuestro país”.
La funcionaria lamentó la desaparición de los organismos constitucionales autónomos al señalar que estos forman parte medular de la democracia en el país. Y en el caso del INAI, recalca que este es producto de la “lucha social por conocer y participar en la vida pública, lo que lo convierte en patrimonio de todas y todos los mexicanos”.
Aseguró que la autonomía y especialización del INAI con clave para garantizar el respeto de dos derechos clave de toda democracia:
- El derecho a saber
- El de protección de datos personales
De acuerdo con la iniciativa las funciones de los órganos autónomos a desaparecer serían cubiertas por otras áreas de la administración pública como la Secretaría de Economía, de Educación Pública, de Energía, Función Pública, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), entre otros como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Desaparición de autónomos mete incertidumbre a inversiones: ICC México
La iniciativa de reforma constitucional para desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y reagrupar sus funciones en secretarías de Estado ya está generando incertidumbre entre inversionistas y, de concretarse, complicará la posición de México en la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en el 2026, advierten desde la International Chamber of Commerce, Capítulo México (ICC-México).
- El pasado viernes 23 de agosto se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma que plantea la disolución de la Cofece y del IFT, además de otros cinco organismos, entre los que se encuentran la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
- El proyecto plantea que sus funciones sean absorbidas por secretarías u otras instancias de la administración pública federal (APF), bajo el argumento de que actualmente presentan duplicidad de funciones y resultan “costosos” para el presupuesto público.
Sin embargo, hay premura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador –quien presentó la iniciativa en febrero pasado como parte de un paquete más amplio de proyectos para reformar al Estado mexicano– para que la propuesta se apruebe en sus términos antes de que concluya su mandato el último día de septiembre próximo, por lo que no se ha discutido de qué manera la APF retomará las funciones de los órganos que se planea desaparecer.
“Esto abre una veta de incertidumbre en lo que se define quién va a ser la nueva autoridad, si va a ser un órgano colegiado, cómo se van a nombrar a los nuevos comisionados, si va a haberlos o va a tener un fiscal, cuál va a ser su presupuesto, cuántas personas van a trabajar ahí, si van a ser personas competentes o no. Toda esa incertidumbre se vuelve muy importante”, recalcó Flores Bernés, quien también fue comisionado de la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC), predecesora de la actual Cofece.
- La iniciativa dictaminada el viernes pasado plantea que las funciones de la Cofece serán absorbidas por la Secretaría de Economía y las del IFT, por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pero no plantea si serán retomadas a través de un órgano técnico desconcentrado de tipo colegiado, a través de una subsecretaría, unidad o dirección general.
- Advirtió también que, tanto las investigaciones como los procedimientos seguidos en forma de juicio que llevan ambos órganos actualmente pueden verse afectados en la transición si no hay una continuidad del personal técnico especializado. Aunado a ello, resaltó que la reforma judicial en marcha tampoco especifica si se mantendrán o desaparecerán los juzgados especializados en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, lo que abona aún más a la falta de certeza.
Todo esto, dijo, pone en duda la capacidad de México para ir a la revisión del T-MEC en el 2026 con las garantías suficientes de que sus compromisos en materia de defensa de la competencia plasmados en ese acuerdo podrán ser cumplidos a cabalidad, lo que pondría en riesgo el tratado.
¿Qué dice el T-MEC de los órganos autónomos?
A lo largo del texto del T-MEC, el IFT es el único de los siete órganos autónomos que se menciona explícitamente como parte de las autoridades encargadas de la resolución de controversias en materia de telecomunicaciones, y con autonomía del Poder Ejecutivo.
“Para México, el organismo regulador de telecomunicaciones es autónomo respecto del Poder Ejecutivo, es independiente en sus decisiones y funcionamiento, y tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, en los términos establecidos en la ley mexicana existente”, dice el Capítulo 18 del acuerdo.
- Mientras que en el apartado de Buenas Prácticas Regulatorias está el compromiso de que cada país miembro “adoptará o mantendrá aquellos procesos o mecanismos para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: (…) fomentar enfoques regulatorios que eviten restricciones innecesarias a la competencia en el mercado”. En el caso de México, coincide con las funciones de la Cofece.
- En un artículo, Kenneth Smith, exjefe de la negociación del T-MEC en el gobierno de Enrique Peña Nieto, explicó que entre los compromisos del acuerdo firmado en este sexenio está el mantener la estructura regulatoria en materia de competencia. Por lo que cambiar sus condiciones implicaría faltar a este compromiso. Además, el capítulo 22 establece lineamientos de las políticas antimonopolios y empresas propiedad del Estado.
“Cada Parte asegurará que cualquier órgano administrativo que la Parte establezca o mantenga que regule una empresa propiedad del Estado, ejerza sus facultades discrecionales de regulación de manera imparcial con respecto a las empresas que regula, incluidas las empresas que no son empresas propiedad del Estado”, señala el acuerdo.
En tanto que sobre la protección de datos personales, el T-MEC sólo menciona el compromiso de garantizar este derecho en el marco del comercio electrónico, pero no da precisiones sobre el tipo de entidad encargada de esas acciones.
Smith acotó que si bien en el corto plazo las reformas no podrían causar la suspensión del T-MEC, sí generan dudas en los mercados sobre la confianza en la inversión en el país. Además de que podrían iniciarse controversias por parte de Estados Unidos y Canadá en el marco del acuerdo comercial.
“Antes de que se esté aprobando la reforma, está generando muchísimo nerviosismo en los mercados internacionales. El día de ayer (jueves), con la discusión que hubo entre el embajador de Estados Unidos y ahora la respuesta que tiene el gobierno de México, eso genera incertidumbre”, comentó.
¿Las secretarías cumplirán las mismas funciones?
El pasado 31 de julio la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó que la reforma que contempla la eliminación de los órganos autónomos permitiría que esas funciones se mantengan pero desde el Poder Ejecutivo.
“La idea de la Reforma es que no desaparece su función, sino que se incluyen dentro de las Secretarías”, dijo.
- El propio dictamen de la reforma que se discutió el viernes 23 de agosto afirma que “el proyecto de Decreto no viola las obligaciones de México establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC, toda vez que no deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, pues las disposiciones constitucionales como las legales mantienen la prohibición de los monopolios, de las prácticas monopólicas, y pugnan por la libre competencia y concurrencia; salvas las restricciones constitucionales establecidas”.
Sin embargo, el hecho de que las funciones de estas entidades pasen al gobierno pone en riesgo su autonomía de decisión como órganos reguladores. Por lo que la especialista Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, pidió que haya un replanteamiento del dictamen.
“Pensar que podemos eliminar la Cofece sería desestimar la profesionalización de la Cofece de los últimos 30 años de integración comercial sobre la base de la competencia económica”, comentó.
- Además, aclaró que precisamente el carácter autónomo que perderá al integrarse al gobierno, impediría que se les considerara equivalentes. Por lo que planteó la necesidad de un rediseño de los mismos en la iniciativa, para garantizar de alguna manera su autonomía, como el nombramiento colegiado de sus comisionados.
- En el caso del sector energético, la integración a la Secretaría de Energía (Sener) de los órganos reguladores CRE y la CNH implica un conflicto de interés, toda vez que la persona titular de esa dependencia preside los consejos de administración de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO.
“Hay un riesgo muy claro y alto de que quieras beneficiar a la CFE o a Pemex sobre, por ejemplo, otros jugadores en la generación eléctrica o los operadores privados que participan en el mercado de hidrocarburos, ¿no? O en el caso de la CNH, su función es generar información sin sesgo para cualquier actor”, advirtió.
En el T-MEC, sobre el ordenamiento jurídico, se menciona que: “Cada Parte mantendrá leyes nacionales de competencia que prohíban las prácticas de negocios anticompetitivas para promover la competencia a fin de aumentar la eficiencia económica y el bienestar del consumidor y adoptará las medidas apropiadas con respecto a esas práctica”. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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