Hoy, 3 mil 422 candidatos a 881 cargos del Poder Judicial arrancan una campaña de 60 días que estará marcada por el exceso de restricciones e inequidad en el gasto.
- Contrario al despliegue ostentoso que hacen los partidos políticos en otros procesos electorales, el proselitismo de la primera elección de juzgadores en México básicamente será en redes sociales propias, volanteo y pequeños foros o encuentros ciudadanos.
- ”Hay un exceso de restricciones. No les estamos dando condiciones para que realmente este sea un auténtico ejercicio democrático», advirtió el analista electoral, Arturo Espinosa Silis.
Los aspirantes tendrán que usar sus ahorros para la campaña, pues tienen prohibido recibir recursos públicos o privados.
”Lo único que se va a generar es una ventaja para las candidaturas que tengan mayor capacidad económica, distorsionando la cancha pareja”, advirtió la Magistrada Janine Otálora.
Además, especialistas no descartan que algunos recurran a ”padrinos” para financiar su activismo.
Trabajadores del Poder judicial acusan inequidad
Ante la proximidad de las elecciones para elegir a jueces, magistrados y ministros, la primera en su tipo en el orbe, integrantes del Poder Judicial se quejan de la inequidad durante el proceso.
Lo anterior luego de que la selección de candidatos que fue realizada por los comités de evaluación de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, hubo inconsistencias además de que “basados en diversos análisis”, las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama enfrentan presiones, mientras Yasmín Esquivel Mossa “pareciera tener ambigüedad en el proceso”.
La ministra Esquivel Mossa presentó un proyecto sobre el IVA a empresas maquiladoras, cuya discusión resultante pospuso la decisión, afectando la certeza jurídica e inversiones; en el caso de los asientos para el Órgano de Administración Judicial su voto era decisivo, pero la ausencia de un ministro y la denuncia pública lo impidieron; finalmente, se alió con la oposición para evitar la participación de la ministra Batres Guadarrama en un caso importante de amparo, situación que contrasta con su “supuesta lealtad” al oficialismo.
Es así que a través de un comunicado de la Asociación de Jueces y Magistrados de México quienes cuestionan las decisiones de quien busca encabezar la Suprema Corte a partir de la elección del 1 de junio, “una inequidad evidente”.
Ven dificultades para sancionar a aspirantes
Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) carecen de facultades para investigar y sancionar a los candidatos al Poder Judicial (PJ), y mucho menos pueden retirar alguna candidatura, sólo por sospechas de algún tipo de relación con el crimen organizado, advirtieron la politóloga Ruth Zavaleta y el académico de la UNAM Christian Salazar.
Esta premisa fue reforzada por Felipe de la Mata, magistrado del TEPJF, quien en su cuenta en la red social X anticipó: “Las quejas contra candidaturas de personas juzgadoras que no se apoyen en elementos probatorios y se fundamentan solamente en especulaciones o apreciaciones subjetivas pueden ser desechadas, al no configurarse una infracción en materia de propaganda electoral”.
- Fuentes del mismo Poder Judicial señalaron que, si bien el órgano electoral jurisdiccional puede conocer de las posibles denuncias e impugnaciones, éstas no procederían, pues se vulneran los derechos humanos de los aspirantes.
- De acuerdo con el experto Christian Salazar, este proceso electoral carece de normas que permitan a ambos organismos electorales realizar indagatorias por posibles sospechas de esta naturaleza, como sí ocurre con las elecciones habituales a Presidente, diputados o senadores, por lo que negar la participación de algún candidato por sospechas, advirtió, vulneraría los derechos humanos de los contendientes, así como la presunción de inocencia.
“Hasta que haya una sentencia de un juez que lo determine culpable de algún delito o alguna ilegalidad, un derecho humano es la presunción de la inocencia; hasta en tanto no hay a una investigación y sentencia a la persona, no es culpable de nada; entonces, no podemos presuponer o especular sobre los actos de una persona”, expuso.
Señaló que, ante la falta de certezas, resultará necesario establecer un nuevo marco legal dentro de las próximas elecciones al PJ para evitar el posible arribo de candidatos cuestionados, pero ahora, dijo, “ya no es posible, porque el proceso ya está en marcha”.
- “Lo que se debe hacer es replantear cómo se aprobó el proceso electoral y se debe replantear la inscripción, los requisitos, alguna figura para verificar que las personas no estén vinculadas a la delincuencia organizada. En esta elección ya no, pero una vez que termine este proceso, seguramente habrá que revisar esto y muchas situaciones de diseño y procedimientos”, agregó.
- Salazar estableció que, por ahora, no se pueden despejar las dudas sobre posibles señalamientos de candidatos vinculados a los grupos delictivos, y por ello, insistió en replantear el proceso durante las próximas elecciones.
“No es que esté viciado de origen, porque hay muchos candidatos que participan en la elección y que, evidentemente, tienen probidad para poder competir por un cargo en el PJ. Si ahorita hay una ilegalidad, las personas están en toda la posibilidad de denunciar ante las autoridades correspondientes”, pero eso no le toca investigarlo a las autoridades electorales, subrayó.
En su oportunidad, la politóloga y socióloga Ruth Zavaleta coincidió en que, de presentarse una acusación de esta índole, no debería proceder la cancelación de sus derechos políticos.
“La verdad no existe un procedimiento claro. Si lo inician, no debería de prosperar; nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario y los indicios o sospechas no son suficientes, eso sería violatorio de sus derechos humanos”, expresó.
Candidatos al Poder Judicial ligados al narco seguirán
El Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene la facultad de retirar la candidatura a aspirantes con presuntos nexos con el narcotráfico, como solicitó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña; por el contrario, le correspondía a la Cámara Alta evaluar los perfiles, al tomarse atribuciones que no se le confirieron en la reforma al Poder Judicial, señalaron expertos en Derecho Constitucional consultados.
- El senador morenista se refirió a los abogados de narcotraficantes y jueces que han liberado a miembros del crimen organizado, que se postularon para participar en la elección judicial, pero mientras no haya un auto de vinculación o un proceso penal en su contra se estarían violando sus derechos fundamentales si se les retira la candidatura, indicaron.
- La única forma de que los candidatos señalados no participen en la elección del próximo 1 de junio sería que se interponga una impugnación extraordinaria ante la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los magistrados afines al oficialismo retiren las candidaturas.
Sin embargo, dichos candidatos aparecerán en las boletas el día de la elección porque las papeletas ya casi se terminaron de imprimir y el INE afirmó anteriormente que en ningún caso se reimprimirían, además de que el instituto no cuenta con los recursos.
Francisco Burgoa, experto en Derecho Constitucional, explicó que la impugnación la debería interponer el Senado de la República porque “tendría más peso”, pero también la puede solicitar cualquier ciudadano o cualquier asociación civil.
“Que se lleve a cabo una impugnación de forma extraordinaria ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y que los magistrados que tienen cercanía con el oficialismo, finalmente, determinen retirar la candidatura, porque se advierte que no cuentan con el requisito de probidad, y que la Sala Superior determine cancelar esas candidaturas, aunque van a seguir apareciendo en las boletas electorales, porque esas ya están impresas, hasta donde yo tengo entendido, y no hay forma de volverlas a imprimir”, expresó.
- Expresó que el hecho de que algunos candidatos sean cuestionados por falta de probidad es un problema ocasionado por el Senado de la República porque “se tomó atribuciones que no le correspondían, al igual que la Sala Superior del Tribunal Electoral, al pedir que tomaran a todos estos aspirantes del Poder Judicial y los enviaran a la tómbola”.
- El también académico de la UNAM dijo que el INE carece de facultades para retirar las candidaturas de las personas acusadas de tener nexos con el narco y, en caso de que la impugnación no se realice, le corresponderá al TEPJF determinar si se les retira el triunfo si resultan ganadores, una vez que pase la elección.
“El INE no tiene facultades para poder estar retirando la candidatura, y tan no las tiene que, inclusive, ya la presidenta del INE lo que comentó fue que las elecciones se van a llevar a cabo aun con esos candidatos cuestionados y que en dado caso le corresponderá al Senado de la República advertir que en la lista de los ganadores, pasando la elección, le corresponderá al Tribunal Electoral determinar si sí o si no le retiran el triunfo a esas personas”, refirió.
- Por su parte, Rafael Estrada Michel, doctor en Derecho Constitucional, advirtió que no se les puede retirar la candidatura a las personas señaladas porque se estarían violando sus derechos, a menos de que hubiera un auto de vinculación o un proceso penal en su contra.
“Si no hay un auto de vinculación o un proceso penal derivado de una acusación que haya sostenido el Ministerio Público en relación con actividades ilícitas vinculadas con el crimen organizado, no se puede retirar el registro de la candidatura salvo que se hayan violando derechos procesales, por lo tanto, derechos fundamentales”, comentó.
Añadió que la acusación de Fernández Noroña contra abogados con presuntos nexos con el narcotráfico, por haber defendido a integrantes del crimen organizado está mal fundamentada.
“Lazos con el narcotráfico no es un delito per se, o sea, hasta que no estuvieran vinculados a proceso penal algunas de estas personas con candidatura y entonces vieran suspendidos sus derechos políticos, en términos del artículo 38, fracción segunda, de la Constitución, el INE no podría proceder a retirar el registro de estas candidaturas”, dijo.
- Finalmente, Christian Carrillo Barrientos, especialista en Derecho Constitucional, destacó que el artículo 5 constitucional garantiza la libertad de elegir y ejercer una profesión, y que la abogacía se puede ejercer con cualquier cliente, siempre y cuando sea de acuerdo con los procedimientos constitucionales y legales correspondientes.
- “Presumir que un abogado no puede ser candidato a juez, magistrado o ministro por el hecho de haber representado a personas dedicadas a la delincuencia organizada no sería conforme a derecho, a menos que hubiera una resolución judicial o, en este caso, una resolución electoral que dijera, de parte del INE, expresamente que un candidato o abogado participó en algún delito relacionado con actividades ilícitas”, expuso.
Dijo que “este tema, en este proceso electoral judicial, muestra las consecuencias negativas de llevar a elección a los impartidores de justicia de nuestro país, donde no se está llegando por méritos y experiencia judicial, sino por elección y está abierto a cualquier persona que cumpla mínimamente y lícitamente con los requisitos que establece la reforma judicial, aunque en su carrera profesional o experiencia hayan defendido a delincuentes o presuntos delincuentes relacionados con actividades ilícitas”.
“Siempre y cuando haya una suspensión, en este caso de candidaturas para algún candidato, sí podrían impugnarlo, en este caso el Tribunal Electoral, pero ya las boletas están impresas, el proceso electoral lo tenemos a la vuelta de la esquina; entonces, ese es un tema que tuvieron que prever en la reforma judicial y no lo hicieron, y ahorita están teniendo que trabajar a marchas forzadas”, determinó. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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