De acuerdo con analisis realizado por InSinght Crime, la reforma judicial aprobada en México permitirá elegir por voto popular a más de 1,600 jueces federales, generando preocupaciones sobre la creciente infiltración del crimen organizado en el sistema judicial.
El pasado 5 de noviembre, el Tribunal Supremo de México desestimó un fallo que buscaba limitar el alcance de la reforma que había sido aprobada en septiembre de 2024. En su lugar, aprobó el presupuesto para la primera ronda electoral que tendrá lugar en junio de 2025.
- La reforma también plantea cambiar el modelo de nombramiento actual basado en exámenes profesionales a un sistema de elección popular, que a su vez reduce los requisitos necesarios para ocupar cargos judiciales.
- Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), analizó los riesgos que presenta la reforma para los casos judiciales en el país y la posible infiltración del crimen organizado en el poder judicial.
La experta asegura que «la reforma judicial no está pensada para realmente dar solución a los problemas de corrupción, nepotismo, impunidad, y austeridad. Tiene muchos cambios normativos y técnicos que van a tener impactos negativos en el tema de delincuencia organizada».
- «La reforma judicial contraviene abiertamente los principios sobre los cuales funciona el sistema penal acusatorio en México, que establece que cuando un caso alcanzó su fase de juicio oral y está frente a un juez, ese juez no puede ser removido del caso a la mitad del juicio.
- Si el juez es removido a la mitad del juicio, entonces el caso tiene que volver a empezar. Y eso, en el fuero federal, que es en donde se va a implementar la reforma, podría afectar los casos penales que tengan que ver con delincuencia organizada: extradiciones, desapariciones, secuestros, narcotráfico, corrupción, peculado, etc».
También ve preocupante que se debiliten los tribunales civiles. «Vemos que la reforma valida que las cuatro Fuerzas Armadas Mexicanas, incluida la Guardia Nacional, participen en seguridad pública y sus tribunales tengan jurisdicción militar. En ese sentido, puede haber aún más dificultad de sancionar el uso excesivo de la fuerza, los propios delitos y la colusión de delincuencia organizada que involucren a las fuerzas de seguridad. Además, el sistema tendrá muchos procesos que se van a tener que reiniciar, y que hará que los tribunales militares obtengan mayor capacidad de aumentar su jurisdicción».
«Finalmente, al eliminar los requisitos de carrera judicial, eliminará la capacidad técnica para abordar los casos. Entonces, el resultado es una desprofesionalización absoluta del Poder Judicial».
- Asimismo Sánchez aseguró que «hay más oportunidades para la corrupción, no solo en el tema de las campañas, sino en el hecho, por ejemplo, de que las listas de candidaturas se validan por un proceso político. El Legislativo, Ejecutivo y Judicial son quienes postulan estas listas.
- Entonces las postulaciones no son abiertas, sino que son validadas por actores políticos que pueden responder también a intereses criminales. El ciudadano lo único que va a saber es quién nominó a ese candidato y por qué circuito va, pero no tiene ninguna forma de mantener ningún tipo de escrutinio sobre a quién se eligió».
En el caso de las medidas contra la corrupción mencionó que no hay ninguna, «porque lo único que dice es que los jueces podrán hacer campaña y acceder a tiempos de medios de comunicación sin recibir financiamiento público. Sin embargo, no hay ningún tipo de reglamentación y no hay ningún tipo de candado para que un juez no pueda recibir dinero de un cartel, o de un empresario. En ese sentido, las únicas alternativas posibles para los jueces, si quieren hacer campaña, son: poner dinero propio o poner dinero de alguien que esté dispuesto a apoyarlo de forma irregular para financiar la campaña».
Hay candidatos al PJ ligados al narco
Luego de que organizaciones sociales y civiles acusaran la existencia de aspirantes a juzgadores relacionados con narcotraficantes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández, admitió que el sistema de decantación de candidatos a jueces federales falló, por lo que en los listados se colaron defensores de delincuentes.
Ante ello, el senador de Morena llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar una revisión exhaustiva de las candidaturas al Poder Judicial y retirarles el registro a candidatos que no cumplan con la exigencia constitucional de probidad.
- “La Constitución establece la probidad y se nos fueron algunos casos. Se hizo la revisión, y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría —los tenemos contabilizados— son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo…
- sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, indicó.
Entre los juzgadores señalados por la ONG Defensorxs y Laboratorio Electoral están Fernando Escamilla, abogado a juez federal en Nuevo León, quien ha defendido al menos a dos integrantes del cártel de Los Zetas, y Silvia Delgado, aspirante a juez penal, quien formó parte de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán.
Al respecto, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, subrayó que fue el Senado el que revisó la lista de candidaturas al Poder Judicial, en primera instancia, y detalló que, una vez que haya resultados de las votaciones, el instituto le entregará una lista para que sea la Cámara alta la que determine si algún ganador no cumple con los requisitos de elegibilidad.
Presidente del Senado admite perfiles ligados al Narco
Luego de las denuncias de distintas organizaciones sociales y civiles que han detectado distintos perfiles relacionados con narcotraficantes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández, admitió que el sistema de decantación de candidatos a jueces federales falló en impedir que se colaran a la elección perfiles como abogados de narcotraficantes.
- “La Constitución establece la probidad y se nos fueron algunos casos. Se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo.
- “Es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas y creo que hay, y se abren además a que la ciudadanía haga señalamientos deben resolverlo antes de la elección”, dijo.
- Interrogado sobre el acuerdo el INE para depurar estos perfiles, dijo que “no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral. Yo creo que van tarde. Yo creo que no está mal la determinación”.
Aseguró que “sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”.
- Sobre la posibilidad de que el Senado impugne este acuerdo del INE, adelantó que no lo hará: “Yo creo que va tarde, yo creo que va tarde el acuerdo y yo creo que le va a corresponder finalmente al Tribunal Electoral determinar el fondo del asunto, no del acuerdo sino de los casos que se presenten.
- “Y no deberían esperar a que haya terminado la elección, creo que debería retirársele el registro a quienes no cumplen”, afirmó.
- Miguel Alfonso Meza, presidente de la ONG Defensorxs, afirmó que Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez federal en Nuevo León, ha defendido al menos a dos integrantes del cártel de los Zetas: Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, y Eleazar Medina Rojas, El Chelelo.
Otro caso es el de Humberto Padilla Briones, quien busca ser juez penal en la entidad y fue detenido en Nuevo León con 15 bolsas de crystal y un arma de fuego.
- Según Laboratorio Electoral, entre los candidatos polémicos están César Gutiérrez Priego, quien llevó el caso de su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, encarcelado en 1997 por presuntos vínculos con el narco.
Mauricio Flores Castro, candidato a ministro, defendió a Juan Collado, relacionado con casos de corrupción y lavado de dinero en el sexenio de Enrique Peña.
- Francisco Herrera Franco, fiscal de Michoacán en el gobierno de Silvano Aureoles, competirá para ser juez pese a sus presuntos vínculos con el crimen organizado al ser grabado mientras negociaba con un presunto líder criminal de la región de Zitácuaro.
- Asimismo, Silvia Delgado, aspirante a juez penal, formó parte de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán.
- Sobre el juicio que se le siguió a El Chapo en 2016 dijo a la Deutsche Welle: “Lo que siempre el señor Guzmán pedía, porque me lo decía, era nada más que se le tratara como a los demás internos. Él no tuvo un juicio justo”.
Francisco Martín Hernández busca ser magistrado, pero en 2015 fue destituido como juez por corrupción, lavado de dinero y abuso sexual.
“Senado palomeó listas”
Sobre la petición del presidente del Senado para que se realice una revisión exhaustiva de los perfiles de candidaturas al Poder Judicial, la consejera presidenta Guadalupe Taddei aclaró que la reforma aprobada por las cámaras establece los requisitos que debían cumplir, incluyendo la probidad.
- “Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los tres comités de evaluación que pudieron entregarnos las listas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral”, declaró la presidenta del INE.
“Lo que sigue es una vez terminada la votación y definidos los resultados, también lo establece la reforma que debemos de dar parte al Senado de la República y al Tribunal Electoral, en su Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, para que sean quienes resuelvan sobre si se encontrara por parte de esta autoridad algún requisito no cubierto de elegibilidad, pero no es de buenos deseos, es de aplicación de la norma, no es lo que cada uno prefiriera”.
- Taddei agregó que será el Senado quien pueda impugnar cualquier situación que se presente, una vez concluida la jornada electoral, los cómputos y que se tengan los resultados.
Sheinbaum Pardo defendió la reforma judicial
Ante las críticas de la oposición respecto a la elección de magistrados, ministros y jueces, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la reforma judicial, al argumentar que ésta responde a los problemas estructurales de corrupción y nepotismo al interior del tercer poder del Estado.
- De igual manera, la primera mandataria habló sobre las resoluciones emitidas por los jueces, las cuales han favorecido a empresarios mediante amparos fiscales. Asimismo, han permitido la liberación de personas relacionadas con el crimen organizado o involucradas en el lavado de dinero. Con ello, señaló que existe una “multiplicidad” de casos relacionados con delitos de cuello blanco, sin ningún argumento jurídico.
- “La reforma al Poder Judicial no se hubiera dado si el Poder Judicial no hubiera estado lleno de nepotismo y corrupción. O sea, el problema es que en México el Poder Judicial, en su gran mayoría, se fue propagando a partir de las relaciones personales, aunque hablaban que había carrera judicial, en realidad era el amigo del primo, del hermano, reconocido hasta por la propia presidenta de la Corte”.
También, la presidenta Sheinbaum puntualizó que la reforma judicial otorga poder al pueblo mexicano para elegir a los candidatos. “Lo mejor que puede haber es que decida el pueblo mexicano”.
- Igualmente, comentó que para sanear al Poder Judicial de la corrupción y el nepotismo existían dos caminos: el primero, consistía en replicar el modelo implementado por el expresidente Ernesto Zedillo, quien impuso una Corte “a modo”, para que los jueces respondieran únicamente al jefe del Ejecutivo federal; o bien, optar por la vía propuesta, que consiste en dejar que sea el pueblo quien decida.
Anteriormente, la primera mandataria remarcó que la reforma judicial busca terminar con los privilegios y las ilegalidades. “Queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial, es un proceso en donde habrá una convocatoria única, un comité de selección de candidatas y candidatos para garantizar que cumplan los requisitos y ¿quién decidirá? será la gente, será el pueblo”, declaró en su toma de protesta. /PUNTOporPUNTO
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