Colapsará SISTEMA JUDICIAL con Reforma de López OBRADOR, cuyo costo es de 30 MIL MILLONES DP

La reforma judicial es un intento de purga, captura y debilitamiento de los órganos judiciales del país, consideró Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

De ocurrir una sustitución abrupta de jueces y magistrados como plantea la reforma constitucional al Poder Judicial, más de 3 millones de casos en revisión en juzgados y tribunales están en riesgo de quedar atorados, alertan autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

  • En un análisis interno denominado Problemas asociados con la iniciativa de reforma constitucional del Poder Judicial, presentado el 5 de febrero de 2024, el Máximo Tribunal advierte que el sistema judicial en México colapsaría si la reforma en esa materia pasa en sus términos.
  • Menciona que además de la afectación a más de 3 millones de casos, se incurriría en violación a obligaciones internacionales, violación a derechos laborales, realizar un proceso electoral innecesario que costará más de 30 mil millones de pesos, así como resoluciones al vapor por parte de jueces que teman ser sancionados por no resolver antes del plazo de seis meses.

“La elección popular de personas juzgadoras no garantiza una mayor legitimidad. La elección popular de personas juzgadoras no garantiza una mayor calidad en las decisiones judiciales. La elección popular de personas juzgadoras no garantiza que las personas electas cuenten con los conocimientos y competencias necesarias para desempeñar la función judicial.

“El proceso de selección de personas candidatas para la reelección compromete su imparcialidad durante el desempeño de su cargo. La elección popular afectará el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de las personas involucradas en procesos judiciales”, alerta el documento.

  • Se explica que actualmente el Poder Judicial de la Federación (PJF) se compone por 932 órganos jurisdiccionales (salvo por la SCJN y el TEPJF), que requieren de las labores de mil 580 titulares de órganos jurisdiccionales (juezas, jueces, magistradas y magistrados).
  • Entre los órganos administrativos y jurisdiccionales suman un total de 54 mil 388 personas servidoras públicas, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal del Inegi (2023).

Se destaca que durante 2023 ingresaron un millón 473 mil 133 asuntos al Poder Judicial de la Federación, mientras que la cantidad de asuntos resueltos en el mismo periodo fue de un millón 413 mil 724: “Esto significa que, en promedio, cada persona juzgadora resolvió 895 asuntos durante ese año”.

En tanto, los poderes judiciales locales se componen por 5 mil 315 órganos jurisdiccionales y administrativos que requieren las labores de 73 mil personas servidoras públicas. Durante el año 2022 ingresaron 2 millones 154 mil 768 asuntos a los poderes judiciales estatales, de los cuales un millón 320 mil 702 se concluyeron en primera instancia: “Durante dicho año, cada juzgador estatal fue responsable de la resolución de 428 asuntos en promedio”.

  • Entre los principales problemas que traerá la reforma, el informe puntualiza que con la elección popular de personas juzgadoras se interrumpirán de manera inmediata todos los procesos penales del país, pues la sustitución inmediata de juzgadores federales y locales pondrá en riesgo la continuidad y conclusión de alrededor de 3 millones de casos que son judicializados anualmente en México.

“El abrupto cambio de toda la Judicatura federal interrumpirá inmediatamente todos los procesos penales activos en el país, lo cual probablemente implicará la pérdida de pruebas relevantes y afectará de forma irreparable los derechos de las víctimas e imputados.

“De un día para otro habrá nuevos juzgadores penales a cargo de procesos penales orales ya iniciados; las nuevas personas juzgadoras deberán conducir audiencias orales sin experiencia previa, e interactuar con fiscales y abogados y abogadas defensoras expertos en casos que no conocerán a profundidad. Esto se replicará posteriormente en los poderes judiciales locales de las entidades federativas”, señala.

  • La sustitución va ligada a otro problema, pues la reforma obliga a los juzgadores a emitir sentencias en un plazo máximo de seis meses, lo que podría derivar en resoluciones al vapor. Adicionalmente, la SCJN señala que el plazo de seis meses para resolver los asuntos no tiene sustento en ningún estándar nacional ni internacional.
  • El texto detalla que la destitución sin causa justificada de todas las personas juzgadoras federales actualmente activas, viola obligaciones laborales e incluso derechos internacionales del Estado mexicano.

“La iniciativa propone remover en un solo momento a toda la Judicatura federal sin basarse en razones justificadas e individualizadas”.

Otra problemática que representa el proyecto de reforma al PJF son altos e innecesarios costos derivados del proceso de elección popular de la Judicatura federal y estatal, el cual estiman en más de 30 mil millones de pesos para elegir más de 7 mil cargos de entre más de 40 mil candidatas y candidatos.

“Se estima que el costo del proceso sería de alrededor de la mitad del costo de las elecciones federales 2024 que costaron $60 millones 451 mil 351.931. Se trata de una afectación presupuestaria innecesaria, en tanto existen mecanismos más efectivos, objetivos y razonables para la selección de personas juzgadoras que garantizan su independencia e imparcialidad y permiten destinar estos recursos a acciones de mejora sustantiva de la función judicial u otras áreas estratégicas del Estado”.

Juzgadores provienen del pueblo

En el texto hay un apartado en el que se estudia el perfil de las personas juzgadoras federales, en el que se advierte que quienes trabajan en el Poder Judicial provienen del pueblo y no de la élite, como se ha manejado.

  • El estudio explica que la mayoría de los jueces y juezas de Distrito creció en un hogar de clase media (52%); 25% en un hogar de clase media baja; 12.7% en un hogar de clase baja y sólo 9.9% reporta provenir de un hogar de clase media alta.

Más de 70% de jueces y juezas de Distrito estudió la educación primaria, secundaria y preparatoria en instituciones públicas, y más de 80% estudió la licenciatura en instituciones públicas.

Ven jueces riesgos

Una reforma que no considere la formación y experiencia de Jueces y Magistrados afectará el acceso a la justicia, advirtieron integrantes del Poder Judicial federal y local.

  • La experiencia de Jueces y Magistrados debe de mantenerse en la reforma al Poder Judicial, pues no hacerlo afectará la calidad de la impartición de justicia, advirtió María Guadalupe Balderas, Jueza Segunda de lo Familiar.

«Las personas que tenemos más tiempo en esto podemos resolver más fácil, no digo que (los nuevos) no lo puedan hacer, pero es como un niño que quiere empezar a correr sin haber gateado o caminado», dijo Balderas, con 46 años de carrera en el Poder Judicial local.

«Puede haber muchos profesionales del derecho que conozcan muy bien, pero no basta con que tenga un doctorado, se necesita la experiencia que uno adquiere día a día con las personas.

«Se necesita la experiencia, no todo está en los libros, sino la experiencia que se va viviendo diariamente».

  • Aunque reconoció que puede haber corrupción en el Poder Judicial, se debe ir sobre esos funcionarios, pero no cortar de tajo a todos los juzgadores, pues se pone en riesgo a una verdadera impartición de justicia.

«Que hay corrupción con personas en algún Poder Judicial, hay que ir respecto a esas personas, pero no sobre todas», expuso, «no podemos decir que todo el Poder Judicial es intachable, es como todo en la vida.

¿Qué culpa va a tener un ciudadano que haya habido una reforma y que el juez que va resolver no tenga la experiencia?»

Reforma Judicial busca purga, debilitamiento y captura

La reforma judicial es un intento de purga, captura y debilitamiento de los órganos judiciales del país, consideró Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Al participar en el programa La Silla Roja, de El Financiero TV, conducido por el periodista Leonardo Kourchenko, el académico consideró que la reforma impulsada por el presidente López Obrador debe generar preocupación.

  • Estimó que dicha reforma está llena de complejidades, restricciones y locuras, las cuales atentan contra criterios nacionales e internacionales, adoptados por México, que la hacen inviable.
  • Destacó que uno de los puntos de mayor polémica es la intención de que los ministros, consejeros, magistrados y jueces sean electos por voto popular, lo que prevé que estos puestos se definan con criterios político-partidistas.

“Segunda cosa, que es una locura; se dice que se puede hacer campaña, pero no se pueden utilizar recursos. Tú imagínate cómo pueden hacer campaña sin dinero en México y en el mundo; para que haya elecciones se necesita campaña y para que haya campañas se necesita dinero”, acusó.

Javier Martín Reyes es uno de los académicos que realizaron el Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República que irritó a López Obrador.

Su aportación al estudio fue con el escrito La elección popular de los poderes judiciales en México: breve radiografía del plan C.

En entrevista con El Financiero TV dijo que la postulación de los juzgadores se haría con criterios partidistas y la elección terminaría reflejando una lógica electoral, lo que podría generar un Poder Judicial lleno de personas afines a Morena.

“Lo que terminaría pasando, si se aprueba un modelo así, es que veríamos la intervención indirecta de los partidos políticos a través de otro tipo de organizaciones, ¿y quién hoy en México puede movilizar más el voto? Pues Morena y aliados, pues ellos lo van a postular”, apuntó.

  • Recordó que los cargos judiciales no son representativos, como lo pretende el Presidente de la República, sino que son los grandes árbitros de los conflictos quienes necesitan autonomía e independencia para tomar sus decisiones, indicó el académico.

Experto también en temas electorales, Javier Martín Reyes estimó que los mismos riesgos se ven para la integración del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encargados de la organización y calificaciones de las elecciones federales, entre ellas la presidencial.

Advierten PAN y PRI que relevo gradual no frenará riesgo

Los coordinadores parlamentarios de PAN y PRI en Cámara de Diputados advirtieron que la opción de una elección gradual de jueces y magistrados no va a resolver el riesgo de poner a elección del voto popular a personas afines a Morena, sin capacidad ni experiencia para tener el cargo.

  • Dijeron que quienes dan por hecho la inminencia de la elección de los jueces del país, han propuesto una sustitución escalonada, a fin de atenuar el golpe al sistema judicial.
  • Jorge Romero, PAN, y Rubén Moreira, PRI, advirtieron que sigue el problema de hacer a un lado la carrera judicial y el acceso a los cargos por méritos.

Romero dijo que, primero, el PAN no va a dar por hecho la aprobación de la reforma, porque sigue en discusión el tema de la sobrerrepresentación en las Cámaras y la eventual mayoría calificada para Morena y aliados.
«Para nada estamos hechos a la idea de que habrá reforma o lo consideramos una causa perdida, está pendiente la sobrerrepresentación, estamos dando la lucha.

«No es opción la gradualidad, como se propuso en los foros de la reforma judicial, lo es para algunos que ven inminente la reforma, pero no para el PAN. No cambiamos el hecho de que estamos en contra del método de elección por voto popular», manifestó Romero, diputado reelecto para la siguiente legislatura.

Afirmó que insistirán en que haya un método de elección de personas juzgadoras preparadas, que asegure su independencia y autonomía, lo que está en riesgo si se insiste en someter su designación a una votación abierta de la ciudadanía.

  • Dijo que la propuesta del PAN es una mezcla, un punto intermedio entre una elección inmediata y garantizar controles de idoneidad para el cargo de jueces, magistrados y ministros.
  • Sin considerar un proceso de idoneidad en la elección de juzgadores, afirmó, la apuesta de Morena es elegir a personas afines al partido para tener el control del Poder Judicial.

«El proceso es una trampa, lo quieren vender como una decisión ciudadana, sí, pero de una lista propuesta por la Presidencia y con las mayorías de Morena en las Cámaras, no habrá personas con independencia, sino vinculadas a un movimiento político», alertó Romero.

Expuso que, por más buenas intenciones de democratizar los cargos, éstos no estarían exentos de la inercia partidista de que las listas de candidatos, salgan de la Presidencia y de las Cámaras controladas por Morena.

Además, dijo, no ha desaparecido el riesgo de la sustitución inmediata de miles de juzgadores de un día para otro, lo que llevaría al colapso del sistema judicial.

Dijo que ante estos riesgos es comprensible que los ministros y consejeros de la Judicatura busquen atenuar el impacto.

«Esto no cambia el hecho de nuestra oposición al cambio en el método de elección, proponemos que comités ciudadanos de elección, para que se abran plazas a quienes hayan pasado por concursos de oposición y no queden personas con vínculos partidistas», subrayó el diputado del PAN.

  • Rubén Moreira remarcó que sea con el método de sustitución inmediata o de forma gradual, de todos modos está el riesgo de que no se van a elegir a personas con experiencia y conocimientos, sino a los que quiera la Presidenta electa en sus listas para elegir ministros y magistrados.

«Quienes proponen la sustitución escalonada están cediendo al hecho de que no se decida quién es juzgador por méritos, por eso la democracia y la justicia están en peligro. Es respetable lo que digan (sobre la gradualidad) pero no es lo correcto», declaró Moreira.

«El tema no es la renovación gradual, es a quién se elige y cómo se hace esa elección. Se quiere desaparecer del Poder Judicial el escalafón y las designaciones por conocimientos, por especialización», puntualizó.

Indicó que el PRI no va a decir que está en contra del voto de la gente, el desacuerdo está en que se pondrán a elección a las propuestas que se definan en forma discrecional desde la Presidencia.

«No es cierto que se va a elegir a jueces con el voto de la gente, se van a seleccionar nombres por una persona y son los que se van a votar, no a los mejor preparados ni a los que se han especializado.

«Es una gran simulación, porque las propuestas a votar saldrán de Morena, porque quieren controlar a la Corte, es una simulación que digan que va a elegir el pueblo, van por la elección de gente de una lista que ellos van a dar», aseveró el priista. Ello, aseguró, implica la destrucción del Poder Judicial, por medio de una iniciativa mal redactada, que no dice cómo ni tiempos, que no tiene leyes secundarias de cómo procesar la elección directa que se propone.

  • Rubén Moreira aclaró que no es «neutral» con la reforma judicial, como lo catalogaron en Morena, porque está en contra del método propuesto de elección directa de juzgadores, que elimina la carrera judicial y pone en riesgo el sistema democrático del país.
  • El senador del PAN Damián Zepeda llamó a que la oposición no se doble en el Senado, porque no importa la propuesta que se imponga en Cámara de Diputados si en la cámara revisora no hay mayoría calificada.

Dijo que se puede luchar por un cambio positivo para el Poder Judicial, donde haya justicia ágil y de calidad.

«No hay que doblarse ante lo dañino. Jueces a modo de Morena, sin capacidad, no».

Zepeda indicó que un problema es que se cree que Morena ya tiene la mayoría calificada en el Senado, como en Cámara de Diputados, cuando no es así.

«De entrada hay que aguantar. Si la oposición no se dobla, en el Senado no pasa la reforma.

«Lo que pasa es que damos por sentado que se doblarán, ese es el problema», alertó.

AMLO acepta relevo gradual en PJ

Ante la petición de ministros y consejeros de la Judicatura federal de que el relevo en el Poder Judicial sea gradual en caso de aprobarse la reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se opone a esa propuesta, pero se pronunció en contra de querer aplicar prácticas dilatorias.

“No, no me opongo, no me opongo. Yo creo que lo fundamental es que se lleve a cabo la reforma y que el pueblo participe en la elección, porque el pueblo tiene un instinto certero, el pueblo es sabio, entonces prefiero que sea el pueblo a que sean las cúpulas los que decidan porque un juez este electo por el pueblo vas a ver que está ahí porque el pueblo lo eligió, lo eligieron los ciudadanos y su amo va a ser el pueblo”, dijo este viernes en su conferencia matutina.

A un día del inicio de los foros sobre el Poder Judicial, el presidente celebró que miembros de ese él ya estén aceptando que es necesaria la reforma.

“Me da mucho gusto, celebro que estén participando ministros de la Corte, los integrantes del Consejo de la Judicatura, también magistrados y que estén dialogando, debatiendo el tema», destacó.

  • En el recinto legislativo de San Lázaro, la tarde del jueves se celebró el primer foro sobre la reforma al Poder Judicial, en el que los ministros y magistrados proponen que la elección de jueces por medio del voto ciudadano, sea de forma gradual. Entre ellos, están el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y Yasmín Esquivel, quienes propusieron que sea haga de forma escalonada y gradual.

Al respecto, el presidente dijo que “los cómo” y las formas pueden definirse con el diálogo y llegar a acuerdos, lo importante es que se realice la reforma al Poder Judicial.

“Con el diálogo se puede llegar a acuerdos, pero ya he estado escuchando, primero que aceptan la reforma, que ellos consideran que se debe de hacer la reforma, eso es un gran avance porque si hay voluntad sí de cambio se avanza mucho. Segundo ya algunos ya están aceptando de que se elijan los jueces, los magistrados los ministros, ya están aceptando que sea el pueblo el que los elija, eso también es un avance. Lo tercero son los procedimientos, o sea que pueden llegar a un entendimiento en el Poder Legislativo, en el Congreso de cómo se lleva a cabo la elección”, indicó.

  • El mandatario federal, quien envió una iniciativa de reforma constitucional en febrero pasado para “democratizar al Poder Judicial” , pidió que entre esos detalles, también debe establecerse que haya paridad de género, pues es el único de los tres poderes donde hay más hombres que mujeres.
  • Pidió que en este proceso no se excluya a nadie, pero sobre todo, que no se intenten aplicar prácticas dilatorias a fin de que el Judicial no sea reformado.

“Tampoco, hablando en términos jurídicos, legales, o del argot de los abogados, no aplicar tácticas dilatorias, no esperar a que se vaya el tiempo, como algunos esperando, ya no tanto, pero estaban esperando que pasara el tiempo, y que nos fuéramos de todas maneras nos vamos a ir, nada más que la transformación va a continuar, nada más es cosa de tiempo”, dijo.

El presidente pidió que se de tiempo para que en caso de aprobarse la reforma, se conozca su contenido y en su momento los antecedentes de los jueces, magistrados y ministros por los que votarán los ciudadanos.

“Por cuestiones de gasto, que no se esté haciendo una elección cada seis meses, si se puede hacer una sola, que se de tiempo, tiempo sobre todo para la información, que la gente tenga toda la información para que se conozca bien la historia uno de los aspirantes a jueces mujeres, hombres. Una cosa que sí debe tomarse en cuenta es la paridad, o sea es el momento para que sean 50 mujeres 50 hombres, mitad mujeres mitad hombres porque hay muchos desequilibrios, son muchos hombres”, comentó./Agencias-PUNTOporPUNTO

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