RITA MAGAÑA TORRES
Tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la incapacidad del Estado a responder a familiares y sociedad, el gobierno federal no puede presentarse a sí mismo ante la comunidad internacional como el defensor de los derechos humanos, aseguró la senadora del PAN, Gabriela Cuevas.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores consideró que los hechos ocurridos a finales de septiembre en Guerrero develaron las consecuencias de un sistema impregnado de corrupción, impunidad e inmerso en un ambiente de violación constante a derechos humanos, donde las víctimas del delito han sido revictimizadas ante la falta de justicia.
Anunció que presentará un punto de acuerdo para que el Senado haga un exhorto al Ejecutivo Federal para reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.
Conforme a lo previsto en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, agregó.
Y es que además de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son miles las personas que continúan desaparecidas en todo el territorio nacional, dijo.
Señaló que prácticamente en los últimos 8 años se ha registrado la desaparición de más de 22 mil personas en México, según ha reconocido la Secretaría de Gobernación recientemente, esto significa que, en promedio, han desaparecido 240 personas al mes en estos años.
Datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), actualizados al mes de agosto, indican que cinco entidades concentran aproximadamente el 50% de los desaparecidos en México: Tamaulipas, con 4,875 casos; Jalisco, con 2,113; Estado de México, con 1,554; Distrito Federal, con 1,450, y Coahuila, con 1,332.
Recordó que la desaparición forzada de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos por las consecuencias que tiene, no solamente para las víctimas sino para sus familiares y la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se trata de una práctica sistemática.
Explicó que los dos principales tratados que abordan exclusivamente las obligaciones jurídicas de los Estados con relación a las desapariciones forzadas son la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entraron en vigor en 1996 y 2010, respectivamente.
La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas reconoce la extrema gravedad de la desaparición forzada y la decisión de los Estados Partes de prevenir este delito y de luchar contra la impunidad.
Además, reafirma el derecho de las personas a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada, la suerte de la persona desaparecida y el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información con dicho fin.
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