RITA MAGAÑA TORRES
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, consideró importante garantizar que el delito de desaparición de personas sea incluido en los códigos penales, con una misma definición del tipo penal.
Luego de que el gobierno federal se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) a que en junio próximo habrá esta legislación, la legisladora del PRD expresó que todo depende si hay voluntad política de las autoridades, a fin de que el PRI sentado junto con PRD y PAN se trabaje en la ley y en la reforma constitucional.
Reprochó el hecho de que siga en la “congeladora” de la Cámara alta diversas iniciativas para tipificar el delito de desaparición por particulares y la declaración de ausencia por desaparición.
Recordó que ella presentó la iniciativa para expedir la Ley General contra Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas, “sin embargo ha faltado voluntad política para avanzar en su dictaminación y aprobación”.
Su declaración fue luego de que el Estado mexicano presentó ante el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas, con lo que la perredista calificó como “un mea culpa, las buenas intenciones y ninguna acción concreta y contundente.
“Lo hace así porque continúa sin reconocer que la desaparición forzada es una tragedia que impide la recomposición del tejido social y evidencia las fallas estructurales de sus instituciones”, manifestó.
Afirmó que es necesaria la armonización tanto a nivel local como federal de los tipos penales unificados en materia de desaparición forzada y desaparición involuntaria prevista en una sola Ley General.
Indicó que esta ley tiene que ser por lo tanto de observancia obligatoria para el fuero federal, estatal o municipal; con un rango único de penalidad, lo cual daría certeza a todos los involucrados en la procuración y administración de justicia.
Refirió que se deben establecer obligaciones y atribuciones concurrentes para autoridades de los tres niveles de gobierno para prevenir, sancionar, investigar, perseguir, procesar y erradicar delitos de desaparición forzada de personas, dado que los hechos serán delictivos en cualquier parte del país.
“Crear un procedimiento específico de búsqueda de las personas desaparecidas con la participación de los familiares de las víctimas, con responsabilidades para las autoridades que incumplan dichos protocolos”, mencionó.
También se necesita, agregó, un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente que garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada, tenga pleno acceso al mismo.
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