Redacción
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) ha documentado 150 agresiones contra defensores de los derechos humanos en el Estado de México, de 2011 a la fecha.
La coordinadora del Área de Documentación e Incidencia del CDHZL precisó que existen más de los 150 casos registrados por la organización, pero no han sido evidenciados con un acompañamiento jurídico de gran escala.
Por su parte, el coordinador de la CDHZL, José Antonio Lara Duque, explicó que la observación fue acompañada por organismos públicos de derechos humanos internacionales, y gracias a ésta se pudo determinar que en el territorio mexiquense existe violencia sistemática contra luchadores sociales.
Detalló que en la entidad, que es gobernada por el priista Eruviel Ávila Villegas, se han registrado detenciones arbitrarias, cateos, persecuciones, actos intimidatorios, agresiones físicas e incluso intentos de homicidio.
Lara agregó que detrás de los ataques y acosos hay grandes intereses económicos y políticos, por esa razón los grupos de poder violentan a las personas que defienden los derechos humanos y opositores.
Por ejemplo, en 2013, Vicente Moreno Domínguez, activista en pro del derecho humano al agua y beneficiario del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, sufrió un intento de homicidio del cual escapo, sin embargo su sobrino Alfredo Cruz Luna fue asesinado, y señala al ex presidente Alfredo Anguiano Fuentes como el responsable.
En marzo de 2014, Gabriela Sánchez López, defensora de mujeres en el municipio de Ecatepec, también fue víctima de intento de homicidio, acción en la cual resultó herido un oficial que la custodiaba.
También otras organizaciones contra la violencia generalizada de mujeres, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), denunciaron que han recibido amenazas por parte de las autoridades.
Según datos de la Comisión de Fomento de Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, hasta el 2014, en el estado de México existían dos mil 372 actores sociales inscritos formalmente ante las autoridades; 5 mil 413 en el Distrito Federal y 168 en Baja California.
Con el objetivo de obtener protección y ejercer mayor presión en su actuar social, organizaciones civiles de distintos municipios agrícolas del Estado de México se unieron a principios del 2015 para denunciar el robo de tierras, agua y la destrucción biocultural.
Despojos que, denunciaron los activistas, benefician megaproyectos de grandes empresarios como Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú que varias ocasiones ha sido favorecido con contratos del gobierno federal y estatal, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Constructora Teya, Consorcio desarrollador Internacional e Ingeniería Electrónica Especializada, entre otros.
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