El Reporte de Derechos Humanos 2020 del Departamento de Estado de EU señala que en México hay “impunidad y tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento” de todos los delitos, incluidos abusos contra los derechos humanos.
Citó las cifras del Inegi, que estima que 94 por ciento de los delitos no se denunciaron o no se investigaron, e informes de algunos agentes del gobierno que eran cómplices de bandas criminales organizadas internacionales.
- Señala que integrantes del crimen organizado cometen parte significativa de crímenes violentos, así como homicidios, tortura, secuestros, extorsiones, tráfico de personas, sobornos e intimidación que dan como resultado altos niveles de violencia particularmente contra grupos vulnerables. Aclara que el gobierno ha investigado y perseguido algunos de esos crímenes, pero la mayoría permanece en la impunidad.
El reporte apunta que hay significativos problemas de derechos humanos —que involucran a policías, militares y otros oficiales gubernamentales—, además de grupos armados, en asesinatos y desapariciones forzadas, torturas, así como condiciones carcelarias potencialmente mortales en algunas prisiones, detenciones arbitrarias y prolongadas Asismo, añade, hay violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, serios actos de corrupción, impunidad por violencia contra mujeres y personas con discapacidad, comunidad LGBT y la existencia de las peores formas de trabajo infantil.
También agrega que funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de implementación efectiva de la ley en México: “Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”.
- También resaltó los casos de los ex funcionarios Emilio Lozoya y Rosario Robles, ambos acusados de corrupción y que siguen, por separado, un proceso penal.} Sobre la migración acusan que “aunque las autoridades mantuvieron en general un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que agentes cometieron abusos”.
Respecto a la violación y violencia doméstica, el informe tipifica altas tasas de impunidad en violencia domestica, “con más de mil 600 asesinatos de mujeres, incluidos 375 feminicidios, de enero a junio.
Incluso menciona a Sanjuana Martínez, directora de Notimex, por haber ordenado eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones y funcionarios. También destaca que “los periodistas pueden criticar al gobierno y discutir asuntos sin restricciones. No obstante, públicamente los políticos desacreditan y critican a periodistas”.
El reporte enumeró los problemas “significativos” de derechos humanos en México:
- Informes sobre la participación de la policía, el Ejército y otros funcionarios gubernamentales y grupos armados ilegales en homicidios ilegítimos o arbitrarios y desapariciones forzadas.
- Tortura por las fuerzas de seguridad.
- Condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales.
- Arresto arbitrario y prisión preventiva prolongada.
- Violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
- Graves actos de corrupción.
- Impunidad por la violencia contra la mujer.
- Violencia dirigida a personas con discapacidad y personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales.
- La existencia de las peores formas de trabajo infantil.
Tensión bilateral “obstaculiza lucha contra los narcos”
Los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga desde el interior de México están detenidos desde enero, ya que las tensas relaciones entre ambos países han congelado los intentos de acorralar a los capos del narcotráfico, según altos funcionarios de las actuales administraciones –y de anteriores– de ambos países.
- Hasta hace poco, las autoridades de Estados Unidos y México compartían de manera rutinaria, aunque con cautela, inteligencia sobre casos importantes. Pero en diciembre, México promulgó una ley para los agentes, que requiere que las autoridades estadounidenses informen sobre sus contactos policiales al gobierno mexicano.
El gobierno mexicano adoptó la nueva ley poco después de que Estados Unidos arrestara y posteriormente liberara al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, acusado de ayudar a los cárteles a contrabandear miles de kilos de heroína, cocaína y metanfetamina.
El arresto fue parte de lo que algunos funcionarios estadounidenses describieron como una nueva voluntad de los investigadores estadounidenses de atacar los vínculos entre los cárteles y las altas esferas del gobierno mexicano. Pero en México, provocó una reacción inesperada.
- La nueva política ha llevado a los investigadores de ambos lados de la frontera a poner en pausa su cooperación, temerosos de que las nuevas reglas puedan comprometer los casos o, peor aún, la posibilidad de conseguir informantes.
- Las operaciones sobre el terreno, incluidas redadas en laboratorios de drogas mexicanos, han cesado, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Algunos agentes estadounidenses que trabajaban en México informaron que habían sido seguidos por la policía local, y decenas de agentes no pueden obtener visas para trabajar en México.
“Si tenemos que informar nuestras fuentes a su ministerio de Relaciones Exteriores, se ponen en peligro nuestras fuentes y métodos. El sistema está configurado intencionalmente ahora para que la policía mexicana no pueda ayudarnos”, dijo a Reuters un alto funcionario policial de Estados Unidos./Agencias-PUNTOporPUNTO
Reporte íntegro en el Enlace:
https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/
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