AGENCIAS
El Gobierno mexicano anunció hoy que las fuerzas de seguridad federales asumieron el control de la seguridad de Iguala, donde 43 estudiantes desaparecieron hace 10 días en una noche de violencia, y desarmaron a los policías locales.
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido, dijo que el objetivo del despliegue de gendarmes y militares es contribuir a que «los hechos delictivos que han trastocado la vida de esta región (del sureño estado de Guerrero) no queden impunes» y participar en la búsqueda de los 43 jóvenes.
La noche del 26 al 27 de septiembre pasado unos 22 policías municipales y presuntos miembros de grupo criminal Guerreros Unidos dispararon contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa (dedicada a la formación de maestros de primaria) y un autobús de un equipo de fútbol juvenil.
Los ataques, en los que murieron seis personas y 25 resultaron heridas, comenzaron después de que los alumnos se apoderaran ilegalmente de varios autobuses privados para regresar a su escuela, que funciona como internado, luego de hacer una colecta en Iguala.
Esa noche desaparecieron decenas de jóvenes, que según varios testigos, fueron subidos a varias patrullas de la policía sin que hasta ahora se conozca su paradero, si bien el fin se semana pasado fueron halladas seis fosas con 28 cuerpos que podrían corresponder a algunos de los desaparecidos.
En un mensaje a los medios de comunicación, Rubido explicó que la seguridad pública de Iguala está a partir de hoy en manos de la Gendarmería, una nueva división de la Policía Federal, que en «condiciones especiales contará con el acompañamiento del Ejercito», pero no precisó el número de efectivos desplegados.
Sobre las acciones realizadas hasta ahora en un marco de cooperación con Guerrero, dijo que los policías municipales aún en activo han sido desarmados por la Secretaría de la Defensa y comienzan a ser trasladados para su evaluación y capacitación en un centro de adiestramiento militar en el central estado de Tlaxcala.
Además, indicó que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) realizará estudios de balística para precisar si armas oficiales han sido utilizadas en la comisión de delitos.
La PGR asumió este fin de semana la investigación del caso, ante los indicios de que el crimen organizado participó en los ataques, por lo que ya han sido detenidas más de 30 personas, entre ellos 22 policías municipales presuntamente involucrados con el crimen organizado.
El titular de la CNS también anunció que el gabinete de seguridad reforzará, a través de tareas de investigación e inteligencia, «las acciones para ubicar a los responsables de los hechos delictivos».
Uno de los objetivos prioritarios de la participación del Gobierno en este operativo es «contribuir en la búsqueda y localización de los estudiantes» de la Normal de Ayotzinapa, para lo cual -dijo- «no se escatimará esfuerzo alguno», aseveró.
Destacó que, de manera paralela, la Secretaría de la Defensa y la Policía Federal vigilarán los accesos al municipio de Iguala y realizarán recorridos en sus inmediaciones «bajo una óptica de prevención y de protección ciudadana».
El funcionario prometió que las fuerzas de seguridad actuarán con «pleno apego a los derechos humanos y con base a la ley», a fin de «contribuir al esclarecimiento de los hechos delictivos suscitados en Iguala»
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