Durante 2020, la Guardia Nacional (GN) y el Ejército recibieron casi la misma cantidad de acusaciones por presuntamente violar derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.
- Entre enero y diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 359 quejas por supuestas vulneraciones cometidas por elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que otras 350 fueron por actos en los que habrían participado oficiales de la GN. - El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH revela que a excepción de Yucatán, la Guardia Nacional (GN) fue acusada en todos los estados por incurrir en presuntas violaciones a derechos humanos. En el caso del Ejército, fueron 29 entidades donde se le señaló por la misma situación.
- La Ciudad de México, con 37 querellas, es la entidad donde más señalamientos recibió la institución a cargo del comandante Luis Rodríguez Bucio. Le siguió el Estado de México, con 35 denuncias; Chihuahua y Guanajuato, 27; Chiapas, 22; Oaxaca, 19; Baja California, 14; Michoacán y Puebla, 13, y Quintana Roo y Veracruz, con 12 cada una.
Las presuntas vulneraciones cometidas por la Guardia Nacional son diversas, pero entre las que destacan están las detenciones arbitrarias, emplear indebidamente la fuerza pública, intimidación, impedir el acceso a la justicia, retención ilegal, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura, desaparición forzada y omitir brindar protección a quien lo necesita.
Otras acusaciones son por prestar indebidamente el servicio público, incomunicación, apoderarse de un bien inmueble sin consentimiento, transgresión de los derechos de los migrantes y adultos mayores, e irregularidades durante cateos, entre otros.
- Según las cifras de la CNDH, la GN concluyó 2020 en la octava posición del top 10 de instituciones que más violaciones a derechos humanos cometen, superando a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esta última no pertenece a una corporación de seguridad.
Un lugar por delante, en la séptima posición, se encuentra el Ejército, que desde 2014 ha ocupado los primeros puestos en vulneración de garantías.
Falta de preparación y sanciones
Especialistas en seguridad y derechos humanos lamentaron que los números de la Guardia Nacional sean muy parecidos a los del Ejército en este rubro, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que las instituciones del Estado Mayor mexicano, especialmente las dedicadas a la seguridad, ya no cometerían abusos.
- María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, consideró que las irregularidades en el actuar de la GN se deben a que esta institución está conformada principalmente por elementos del Ejército y la Marina, dependencias señaladas por carecer de preparación en materia de derechos humanos.
“Una cosa es el discurso político y otra es la realidad que vive el país, desgraciadamente los militares, aunque les hayan cambiado de nombre y ahora sean guardias nacionales, no dejan de ser militares y su misión es distinta a la de una policía, y su preparación también, entonces, la consecuencia en materia de derechos humanos es esto [las acusaciones en la CNDH], y en tranquilidad significa que no tenemos más seguridad”, aseveró Morera.
Agregó que no se puede responsabilizar únicamente a los elementos de seguridad por las vulneraciones, sino que parte del problema han sido los funcionarios que sacaron a las Fuerzas Armadas a la calle sin un curso práctico de uso de la fuerza, manejo de armas de fuego o proximidad policial.
“Los militares son más disciplinados y espero que este año la Guardia Nacional pueda estar mucho mejor preparada, por lo menos en el uso de la fuerza y derechos humanos, aunque
parece que no les importa [a los funcionarios]”, expresó la presidenta de Causa en Común.
Se trata de soldados, precisan
Por su parte, Lucía Chávez, directora del Área de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), consideró que los abusos cometidos por las autoridades siguen ocurriendo porque no se sanciona a quienes incurrieron en alguna irregularidad en su actuar.
“No podíamos haber predecido otro resultado más que crecieran los abusos cometidos por la Guardia Nacional, porque se trata del mismo Ejército, el cual no ha sufrido una purga institucional como sí lo hicieron algunas dependencias de la administración pública federal. En el Ejército siguen los mismos militares que actuaron en el periodo de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que recibieron la orden de violar derechos humanos”, opinó Lucía Chávez.
- «Estos altos responsables de cometer estos abusos, difícilmente va a cambiar la situación, por otro lado, mientras más facultades se le den al Ejército mexicano y al ejército vestido de la Guardia Nacional, es difícil que bajen este tipo de abusos”, expresó la integrante de la CMDPDH.
El año 2020 también fue en el que la Guardia Nacional recibió su primera recomendación por parte de la CNDH. El organismo de seguridad llamó la atención de esta institución porque a principios de ese año elementos policiacos apedrearon y golpearon a migrantes que ingresaron a México para intentar llegar a Estados Unidos.
Acepta querellas
La GN, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual quiere decir que reconoció la responsabilidad de sus elementos en los abusos cometidos contra los migrantes, aunque sólo ha cumplido de manera parcial lo solicitado por la comisión.
Para crear la GN, que en este 2021 cumplirá dos años de estar en las calles, el gobierno de la República deshizo la Policía Federal (PF), otra institución que hasta 2019 era de las principales dependencias acusadas por violaciones a derechos humanos.
- Por ese motivo, las expertas señalaron que el nuevo cuerpo de seguridad no sólo ha seguido la tendencia del Ejército en los presuntos abusos, sino que también ha habido continuidad con la forma de actuar del cuerpo policial civil.
- De acuerdo con el general Luis Rodríguez Bucio, durante 2020 estuvieron desplegados 83 mil 520 guardias nacionales, principalmente en el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.
Los elementos de seguridad laboran en 200 coordinaciones regionales y para este año el gobierno federal tiene previstas ampliarlas a 266.
Ejército, la Guardia Nacional y la FGR, las más señaladas
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en diversas ocasiones que el Estado ya no es el principal violador de derechos humanos. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene otros datos que revelan que la ciudadanía sigue acusando irregularidades por parte de las Fuerzas Armadas y elementos de seguridad pública.
- Solo en 2020, se tiene registro de un promedio de tres acusaciones diarias por supuestas violaciones de derechos humanos. De enero a septiembre, la CNDH fue notificada de 864 quejas en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional (GN), de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de las demás dependencias de seguridad del nivel federal.
“Aunque el gobierno en su discurso dice que ya se acabaron las violaciones a los derechos, no se terminan por decreto ni con cursos o manuales, como lo han intentado hacer”, dijo Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa, subrayando que dichos abusos se relacionan directamente con el tipo de formación que reciben las Fuerzas Armadas, basada en el entrenamiento para eliminar a un enemigo.
Las quejas por las que esas instituciones son señaladas son detenciones arbitrarias y uso arbitrario de la fuerza, tratos crueles e inhumanos, tortura, intimidaciones, agresiones contra migrantes, transgresión a los derechos de las mujeres, desaparición forzada, privación de la vida, retención ilegal, toma de bienes sin consentimiento del los dueños, irregularidades en las órdenes de cateo, omitir el brindar protección y auxilio, así como la imputación indebida de hechos.
- Por otro lado, entre las 10 instituciones más demandadas, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, se encuentran el Ejército, la Guardia Nacional y la FGR con 237, 209 y 203 quejas, respectivamente.
Dicho diario indica además que, especialistas a los que consultaron, coinciden en que tales abusos continúan sucediendo porque las instituciones de seguridad son las principales encargadas del combate a la delincuencia, incluso sin tener la formación que se requiere para llevar a cabo esas funciones.
La comisión apunta que dichas quejas se registran en 309 municipios del país.
- En la capital mexicana se encuentra el lugar con más quejas en lo que va de 2020, 36, y es en la alcaldía Cuauhtémoc. Después le siguen las alcaldías de Miguel Hidalgo; el municipio de Ciudad Juárez, en Chihuahua; en la frontera Tijuana, en Baja California; luego de nuevo en Ciudad de México, la alcaldía Álvaro Obregón; el municipio de Tapachula, en Chiapas; la capital de San Luis Potosí, de mismo nombre; Puebla, Puebla; mientras que en Guanajuato en los municipios de Irapuato, Guanajuato y León.
- Contrario a los dichos del gobierno federal, en lo que va de la actual administración la tendencia de violaciones a derechos humanos por parte del Estado se ha mantenido. Por hacer una idea, en 2019 ese tipo de denuncias aumentaron un 17% respecto a las registradas en 2018.
También consultada por El Universal, Mariclaire Acosta Urquidi, defensora de derechos humanos, señaló que, hasta ahora, el gobierno federal ha mantenido una “política fallida” en temas de seguridad pública, y coincidió en que es porque está basada en el uso de la fuerza.
“Este año nos fue bastante mal y no tengo la esperanza de que esto mejore, sino todo lo contrario. La violencia no ha parado, las ejecuciones y las desapariciones siguen, hay un endurecimiento en las leyes respecto a la prisión preventiva oficiosa y tenemos una Guardia Nacional que claramente es militar”, advirtió.
Además, agregó que la poca capacidad de las fiscalías para llevar a cabo investigaciones, es un caldo de cultivo para este tipo de abusos. “Debemos tener un sistema de procuración de justicia que funcione, tener una policía de proximidad y no solamente militarizada, una política integral de bienestar para garantizar empleo, educación, salud y cohesión social, pero desgraciadamente no hay nada de eso”.
Casos por tortura y desaparición contra el Ejército en total impunidad
El general de brigada Manuel Moreno Aviña fue condenado a 52 años de cárcel el 28 de abril de 2016 en Chihuahua. Los delitos por los que lo sentenciaron: “Homicidio calificado, violación a las leyes de inhumación en su modalidad de destrucción de cadáver y tortura”. Según la sentencia, el militar ordenó la captura de José Heriberto Juárez el 25 de julio de 2008, acusado de la muerte de un soldado.
Durante horas, el hombre fue torturado hasta que falleció y militares bajo las órdenes de Moreno Aviña ocultaron el cuerpo enterrándolo en una finca.
El general siempre aseguró ser un “chivo expiatorio”. Sin embargo, él estaba al frente del Ejército en Chihuahua, donde operaba un escuadrón que sería rebautizado como “el pelotón de la muerte”. Lo significativo del caso es que se trata de una de las pocas ocasiones en las que un militar mexicano ha sido sentenciado por el delito de tortura.
- Según datos obtenidos por el medio Animal Político en solicitud de transparencia, solo ocho expedientes por tortura contra militares fueron judicializados en la última década. En ellos, únicamente cinco militares recibieron alguna condena. La de Manuel Moreno Aviña fue la mayor sentencia y, sobre todo, contra un militar de alto grado.
- Pero se trata de una excepción. La mayor parte de denuncias que se presentan contra integrantes del Ejército por delitos violatorios a los Derechos Humanos como tortura o desaparición forzosa nunca llegan hasta el juez.
- La ausencia de casos judicializados por torturas contra el Ejército llama la atención si se toma en cuenta que la Secretaría de la Defensa (Sedena) es la institución más señalada en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, que tiene 4 mil 655 denuncias entre 2015 y 2019, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Pero una cosa es denunciar y otra que un juez termine por analizar el caso. Según los datos de la CMDPDH, solo el 0.55% de todas las investigaciones llegó al juzgado.
Esta impunidad es corroborada por los datos solicitados por el medio Animal Político al Poder Judicial de la Federación. Desde 2010, un total de mil 137 militares fueron vinculados a proceso por algún tipo de delito. De ellos, apenas 374 terminaron con algún tipo de condena. Este período abarca los dos últimos años de Felipe Calderón como presidente, todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y los dos primeros años de Andrés Manuel López Obrador.
- La mayor parte de los delitos por los que fueron señalados los militares tienen que ver con la portación de armas, con la colaboración o pertenencia a algún grupo del crimen organizado y por homicidio.
- Apenas hay señalamientos por otras vulneraciones graves contra los Derechos Humanos que lleguen ante un juez. Por ejemplo, son solo ocho expedientes abiertos por tortura y otros diez por desaparición forzada.
No obstante, los datos están incompletos, ya que el Poder Judicial asegura no tener información de cómo acabó el procedimiento en 498 de los casos. Es decir, que no tiene registros de si hubo sentencia o no en casi la mitad de los expedientes contra militares abiertos en la última década.
“No hay incentivos para que los militares dejen de cometer actos violatorios contra los Derechos Humanos”, explica Lucía Chávez Vargas, investigadora de la CMDPDH, que ha acompaña a víctimas de abusos y elabora informes que ponen de manifiesto la impunidad que opera en México.
Chihuahua y Jalisco, los estados con más militares acusados
El Ejército es parte fundamental de la seguridad desde que en 2006 el presidente Calderón declaró la “guerra contra las drogas”. Sin embargo, entre los delitos que más se imputan a sus integrantes están la pertenencia a grupos del crimen organizado o los delitos contra la salud por tráfico de drogas. En concreto, según los datos proporcionados por el Poder Judicial, un total de 270 militares fueron juzgados por portación ilegal de armas, 65 por crimen organizado, 37 por delitos contra la salud y 123 por homicidio.
- En general, los uniformados logran eludir la justicia. Aunque hay ocasiones en las que sus integrantes terminan ante los tribunales e incluso sentenciados. Es el caso, por ejemplo, del asesinato de Jorge Otilio Cantú, de 29 años, asesinado el 18 de abril de 2011 en Monterrey, Nuevo León. Militares que ejercían labores de orden pública lo acribillaron de 29 balazos. Aseguraron que lo habían confundido con un integrante de un grupo criminal y llegaron a sembrarle un arma.
Sin embargo, la perseverancia del padre de la víctima, Otilio Cantú González, permitió que cinco uniformados fueran condenados a 22 años y seis meses de prisión por “homicidio calificado”. Se trató de la primera sentencia contra integrantes del ejército por este delito.
- Nuevo León, con 51 militares procesados en estos últimos 10 años, no es uno de los estados con mayor número de miembros del ejército sentados ante el juez. La lista la encabezan Chihuahua, con 157; Jalisco, con 125; y el Estado de México con 80. Por detrás se encuentran Baja California, con 61, y Sonora y Tamaulipas, con 56 respectivamente.
- La falta de sentencias judiciales es uno de los mecanismos con los que opera la impunidad, pero no el único. La Sedena estableció un mecanismo para pagar compensaciones al margen de la Ley General de Víctimas a 187 afectados por violencia provocada por los propios uniformados.
“Sedena no rinde cuentas ni rendirá. El ejemplo es (el general Salvador) Cienfuegos. Es difícil que estos militares de alto rango rindan cuentas y más en la actual administración con todo el poder que se le ha dado al Ejército”, dice Chávez Vargas. En opinión de la investigadora de la CMDPDH, el incremento de atribuciones durante el sexenio de López Obrador va a incrementar la impunidad.
“Con todo el poder acumulado va a ser más difícil que rindan cuentas. Desde los temas de violaciones a los Derechos Humanos hasta los relacionados con cuestiones económicas, que van a tener más opacidad”, considera.
- Un dato relevante: en la última década no hay un solo militar que haya sido sentado ante un juez por delitos económicos. Habrá que ver si revelaciones como la investigación de El País que probó el desvío por parte de la Sedena de 156 millones de dólares a empresas fantasma entre 2013 y 2019 termina con algún militar vinculado a proceso.
- El caso de Cienfuegos es significativo. Porque, al margen de las acusaciones de narcotráfico formuladas por EU (y que el gobierno ha clasificado), existen casos de graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados durante su mandato al frente de la Sedena.
No hay constancia de que la Fiscalía General de la República lo esté investigando por acciones u omisiones en hechos tan relevantes como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 o la masacre perpetrada en Tlatlaya, Estado de México.
Chávez Vargas apunta otro dato relevante: en los pocos casos en los que se producen condenas, estas afectan solo a militares de bajo rango, ya que nunca se investiga quién dio las órdenes./Agecias-PUNTOporPUNTO
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