- El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado a la Corte Suprema que quiere obtener la autoridad para expulsar a un grupo de venezolanos detenidos en Texas, bajo legislaciones distintas a la polémica Ley de Enemigos Extranjeros mientras continúa el litigio sobre sus posibles deportaciones.
- Respondiendo por primera vez desde que la Corte Suprema emitió una orden este sábado por la mañana que prohíbe temporalmente la expulsión de ciertos inmigrantes, el Departamento de Justicia primero argumentó que los jueces deberían negar la solicitud de detener las remociones bajo la amplia autoridad de tiempos de guerra del siglo XVIII.
- “El Gobierno ha acordado no expulsar, de acuerdo con la Ley de Enemigos Extranjeros, a aquellos detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que presenten reclamos de habeas corpus”, escribió el procurador general de EE.UU., D. John Sauer, el principal abogado de apelaciones de la administración Trump.
“Este tribunal debería disolver su actual suspensión administrativa y permitir que los tribunales inferiores aborden las preguntas legales y fácticas relevantes en primera instancia, incluyendo el desarrollo de un registro fáctico adecuado”.
En otras palabras, Sauer argumentó que el caso se había acelerado demasiado rápido para que los tribunales inferiores establecieran los hechos.
- Sin embargo, como argumento de respaldo, el Gobierno de Trump luego dijo al alto tribunal que al menos quiere claridad de que puede expulsar al menos a algunos de los mismos inmigrantes bajo leyes de inmigración menos controvertidas.
- La orden de la Corte Suprema este sábado no distinguió entre deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y otras leyes que requieren el debido proceso normal antes de remover a personas del país.
- “Como mínimo, este tribunal debería limitar la suspensión administrativa a las expulsiones conforme a la Ley de Enemigos Extranjeros y dejar intacta la autoridad independiente del Gobierno para deportar a presuntos miembros del grupo”, dijo Sauer.
El último escrito de Sauer carecía de gran parte del alarde de argumentos escritos anteriores que la administración ha presentado a la Corte Suprema y fue relativamente directo.
El tono puede reflejar el paso inusual que tomó el alto tribunal en su orden este sábado al cerrar el esfuerzo del Gobierno para expulsar rápidamente a un grupo de inmigrantes que los funcionarios parecían estar apuntando bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
- La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) demandó para pausar la acción después de que un grupo de venezolanos recibió aviso, ahora requerido por la Corte Suprema, de que estaban sujetos a expulsión bajo la ley.
- Los abogados de los inmigrantes dijeron que sus expulsiones parecían ser inminentes y sugirieron que la administración Trump podría estar eludiendo la revisión de habeas que la Corte Suprema requirió en un caso separado a principios de este mes.
Aunque los tribunales inferiores negaron la solicitud de la ACLU, la Corte Suprema puso en espera esas posibles expulsiones.
“Se ordena al Gobierno no deportar a ningún miembro del supuesto grupo de detenidos de Estados Unidos hasta nueva orden de este tribunal”, escribió la mayoría en su orden emitida en la madrugada.
Dos magistrados conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, discreparon
Sauer argumentó que el caso se había desarrollado tan rápido que los tribunales inferiores no tuvieron tiempo adecuado para revisar la solicitud “extraordinaria” de los inmigrantes para detener sus remociones.
Sauer dijo que el Gobierno se comprometió a no remover a inmigrantes que presenten peticiones de habeas en los tribunales federales, aunque no hizo tal promesa para inmigrantes en situaciones similares que aún no han presentado esos desafíos.
El Tribunal Supremo de EE.UU. paraliza deportación de venezolanos
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado a la administración Trump que suspenda la deportación de venezolanos acusados de ser pandilleros en virtud de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.
La decisión se produce horas después de que un tribunal federal de apelaciones también impidiera al gobierno de Donald Trump seguir adelante con la eliminación de la protección legal temporal, conocida como TPS, de unos 350.000 migrantes venezolanos que quedarían en riesgo de deportación inminente.
- En el caso que ha llegado al Supremo, la corte se ha pronunciado en respuesta a una apelación de emergencia de un grupo de defensa de las libertades civiles, que demandó a la administración por las deportaciones previstas de venezolanos recluidos en un centro de detención en el norte de Texas.
- Este sábado, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno que «no saque de Estados Unidos a ningún miembro de la clase putativa de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal». Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron.
- La corte no concede o deniega la solicitud presentada por los abogados de los detenidos, sino que pausa su deportación hasta que se pronunceun tribunal inferior, que en este caso es el tribunal de apleaciones del Quinto Circuito, que tiene jurisprudencia sobre varios estados del sur de EE.UU.
El presidente Donald Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y acusado a la banda venezolana Tren de Aragua (TdA) de «perpetrar, intentar y amenazar con una invasión o incursión predatoria» en territorio estadounidense.
- Esta ley da al presidente el poder de ordenar la detención y deportación de nativos o ciudadanos de naciones «enemigas» sin los procesos habituales. Anteriormente solo se había utilizado tres veces, todas durante una guerra.
- La última vez que se invocó fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando personas de ascendencia japonesa fueron encarceladas sin juicio, y miles de ellas fueron enviadas a campos de internamiento.
De los 261 venezolanos deportados hasta el 8 de abril al Cecot, la prisión de máxima seguridad en El Salvador, 137 fueron expulsados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, dijo un alto funcionario de la administración a CBS News, socio de la BBC en EE.UU.
Un tribunal de primera instancia bloqueó temporalmente estas expulsiones el 15 de marzo.
«Oportunidad de impugnar su deportación»
El Tribunal Supremo dictaminó inicialmente el 8 de abril que Trump podía utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos miembros de bandas, pero que los deportados debían tener la oportunidad de impugnar su expulsión.
«La notificación debe hacerse dentro de un plazo razonable y de tal manera que les permita realmente solicitar un recurso de hábeas corpus en la instancia adecuada antes de que se produzca la expulsión», escribieron los jueces en su decisión a principios de este mes.
El recurso de hábeas corpus se refiere al derecho de los detenidos a impugnar la legalidad de su detención. Se considera un derecho fundamental en la legislación estadounidense.
- El Supremo no especificó, sin embargo, con cuánta antelación se debía dar el aviso, aunque abogados en distintas partes del país han pedido que se dé a los migrantes un plazo de 30 días para que puedan impugnar sus deportaciones.
- La demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que dio lugar a la orden del sábado, señala que los hombres venezolanos detenidos en el centro de Bluebonnet, en el norte de Texas, habían recibido notificaciones en inglés, a pesar de hablar solo español.
Según la ACLU, se les notificó que serían deportados de forma inminente, y no se les dijo que tenían derecho a impugnar la designación en un tribunal federal.
- «Sin la intervención de este Tribunal, decenas o cientos de miembros de la clase propuesta pueden ser expulsados a una posible cadena perpetua en El Salvador sin ninguna oportunidad real de impugnar su designación o expulsión», afirma la demanda.
- Tras la orden del Supremo del 8 de abril, jueces federales de Colorado, Nueva York y del sur de Texas emitieron rápidamente órdenes que prohibían la deportación de migrantes bajo la ley de Enemigos Extranjeros hasta que se les otorgara un proceso en el que pudieran impugnar la decisión.
- Pero no se ha emitido ninguna orden de este tipo para la zona norte de Texas, donde se encuentra el centro de detención de Bluebonnet, a unos 40 km al norte de la localidad de Abilene.
Según uno de los abogados de la ACLU, Lee Gelernt, el gobierno inicialmente trasladó a los venezolanos a un centro de inmigración del sur de Texas para su deportación.
Sin embargo, como las deportaciones fueron prohibidas en esa zona por un juez federal, los migrantes fueorn canalizados al centro de Bluebonnet, donde no existe tal orden, según recogió la agencia AP.
Revés para los planes de Trump
- En otro revés de la justicia para los planes de Trump, un tribunal federal de apelaciones rechazó el viernes una solicitud del gobierno de Donald Trump para permitirle seguir adelante con la eliminación de la protección legal temporal de unos 350.000 migrantes venezolanos que quedarían en riesgo de deportación inminente.
La medida para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos es parte de la ola de restricciones a la migración impulsada por Trump desde que regresó a la Casa Blanca.
- El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU., con sede en San Francisco, se negó a suspender la orden del 31 de marzo de un juez de primera instancia que detenía la decisión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al estatus temporal concedido a algunos venezolanos.
- Un panel de tres jueces del tribunal dijo que la administración Trump no había demostrado que sufriría un daño irreparable si se mantiene el fallo del tribunal inferior mientras se tramita su apelación. Otro litigio que continúa es el de la deportación «por error» de Kilmar Ábrego García a El Salvador.
El caso de este salvadoreño se ha convertido en el centro del pulso entre el gobierno de Donald Trump y los detractores de la campaña de deportaciones iniciada por mandatario estadounidense en su segunda presidencia.
El Departamento de Justicia admitió inicialmente ante un tribunal federal que su deportación se había debido a un «error administrativo», pero más tarde insistió en acusarlo de pertenecer a la banda criminal salvadoreña MS-13 y ha desoído hasta ahora los requerimientos judiciales para retornarlo al país, incluido el del Tribunal Supremo, que concluyó que en su deportación que no se garantizó el derecho al debido proceso y ordenó al gobierno «facilitar» su regreso a Estados Unidos.
Un arma para tiempos de guerra
- La Ley de Enemigos Extranjeros es una norma de 227 años de antigüedad, la cual le otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que EE.UU. se encuentre en guerra. Es decir, naciones con las que mantenga hostilidades reales.
La ley, que fue aprobada por el Congreso con el apoyo del presidente John Adams cuando EE.UU. estaba al borde de la guerra con Francia, buscó prevenir el espionaje y el sabotaje extranjeros.
- «Se generó mucho alarmismo sobre los simpatizantes franceses en el país y sobre conspiraciones para, básicamente, poner a EE.UU. del lado de Francia», explicó Steve Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, a la Radio Pública Nacional de EE.UU. (NPR, por sus siglas en inglés).
A lo largo de los últimos dos siglos, la ley se ha aplicado en tres ocasiones.
- La primera fue en 1812, durante la guerra que EE.UU. mantuvo con Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por tropas británicas.
- La segunda y tercera vez ocurrieron durante la Primera (1914-1919) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945) respectivamente.
Durante el primer conflicto global, las autoridades estadounidenses utilizaron la ley para internar a más de 6.000 «extranjeros enemigos», muchos de ellos alemanes, en campos de internamiento, y algunos permanecieron detenidos hasta dos años después del fin de los combates.
Por su parte, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. registró a 480.000 «extranjeros enemigos» alemanes y arrestó a 6.300 entre la declaración de guerra en abril de 1917 y el armisticio en noviembre de 1918.
- Décadas después, durante la Segunda Guerra Mundial, el texto fue utilizado para permitir el encarcelamiento de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses que vivían en EE.UU.
- Fue así como más de 30.000 personas pasaron la guerra presas en campos de internamiento, dado que Washington los consideraba potencialmente peligrosos.
- Para justificar su aplicación ahora, en 2025, el presidente Donald Trump dictó un decreto en el cual declaró que el Tren de Aragua estaba «perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EE.UU».
Y para enfrentar dicha amenaza, el mandatario ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en EE.UU., que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que «no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales» sean «detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros».
- Sin embargo, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, consideró que esta declaración era insuficiente para aplicar la ley, en tanto que fue creada pensado en un conflicto bélico.
- Y, por ello, el funcionario judicial ordenó la paralización de las deportaciones. Pese a ello, su orden fue ignorada.
- «La ley de 1798 es clara en el sentido de que una ‘invasión o incursión depredadora’ debe ser realizada por una ‘nación o gobierno extranjero’ para que pueda invocarse», explicó a BBC Mundo Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón, hace unas semanas.
Sin garantías de ningún tipo
¿Por qué Trump recurre a una ley tan antigua? y ¿Qué ventajas tiene al hacerlo?
Según expertos consultados por BBC Mundo, el instrumento legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que garantizarles el debido proceso, es decir, sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse, a apelar ante una instancia superior, entre otros.
- «La Alien Enemies Act da al gobierno de Trump un poder ejecutivo muy amplio y sin restricciones para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados a voluntad», explicó Tichenor.
«La norma autoriza a los presidentes a agilizar el proceso de deportación, dejando a los no ciudadanos sin posibilidad de recurrir a los tribunales de inmigración», agregó el experto.
- Al impedirle a los inmigrantes poder acceder a sus garantías judiciales se reducen los tiempos y se pueden ejecutar deportaciones más rápidas y a gran escala, tal y como prometió Trump a lo largo de su campaña.
- Otro elemento es que la Ley de Enemigos Extranjeros no requiere que se presenten pruebas de que un extranjero es una amenaza, basta con la simple sospecha. Así lo advirtió Katherine Yon Ebright, del Centro Brennan para la Justicia.
- Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha identificado a los venezolanos deportados, ni ha presentado pruebas que confirmen su relación con el Tren de Aragua ni que hubieran cometido delitos en EE.UU.
De hecho, varias familias de hombres que también fueron llevados al Cecot han dicho que sus familiares no forman parte de grupos criminales, y se desconoce el estándar que usó el gobierno de EE.UU. para determinar que sí lo eran.
Polémica servida
- La decisión de Trump de recurrir a este instrumento legal ha provocado controversia. «Una ley de tiempos de guerra no tiene cabida para aplicarse en tiempos de paz», agregó Yon Ebrigth.
- Por su parte, desde el Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés) denunciaron que la implementación actual de la ley constituye «un peligroso abuso de poder que busca privar a las personas de sus derechos legales».
«Todo estadounidense, independientemente de su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente esté recurriendo a poderes que se invocaron por última vez para detener a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de reclusión, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de EE.UU.», afirmó la organización no partidista en un comunicado.
Juez impide deportar a migrantes a terceros países ‘sin el debido proceso’
Un juez federal resolvió que el presidente Donald Trump no podrá deportar a migrantes a terceros países -distintos de su lugar de origen- sin respetar el debido proceso, lo que incluye permitirles plantear preocupaciones sobre su seguridad.
- EU puede actualmente deportar a personas extranjeras a un país distinto del suyo, incluso si un juez de migración ordena su traslado a un lugar donde corran el riesgo de ser torturadas o asesinadas.
- Sin darles la posibilidad de advertir a las autoridades responsables de la deportación sobre el grave peligro o amenaza de muerte que enfrentan, dijo el magistrado Brian Murphy en una orden judicial recogida por ABC News.
- Murphy alertó que el gabinete de Trump “aplicó y seguirá aplicando la supuesta política de expulsar a extranjeros a terceros países sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchados sobre reclamos basados en el miedo; en otras palabras, sin debido proceso”.
Así las cosas, el juez afirmó que su orden busca prevenir el “daño irreparable” -persecución, tortura y muerte- al que pueden enfrentarse estas personas en los países a los que se las envía, donde frecuentemente no tienen la oportunidad de impugnar ante la Justicia su deportación.
En la misma línea, el fallo de Murphy obliga a la Casa Blanca a notificar por escrito a los extranjeros antes de deportarlos a un tercer país, así como a garantizarles una “oportunidad significativa” para manifestar sus inquietudes en materia de seguridad, ofreciéndoles un plazo mínimo de 15 días para solicitar la reapertura de sus procesos migratorios.
Esta decisión llega después de que el presidente estadounidense apelara el mes pasado a la Ley de Enemigos Extranjeros para enviar a dos aviones cargados con presuntos miembros de pandillas venezolanos a la megacárcel CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en El Salvador, sin brindarles un proceso legal adecuado y con garantías.
Detenidos piden paralizar deportaciones
En paralelo, un grupo venezolanos ha solicitado con urgencia a la Corte Suprema de EU, así como a tribunales federales y de apelación, que se detenga su inminente deportación a El Salvador, alegando que el plan del Gobierno estadounidense es enviarlos a una prisión de alta seguridad en sin permitirles la revisión judicial a la que tienen derecho.
- A este respecto, el juez de distrito James Boasberg se ha declarado este viernes por la noche -en una audiencia de emergencia en Washington- sin competencia para intervenir ante tal demanda, argumentando que los detenidos están en Texas.
- “En este momento, no creo que tenga poder para hacer nada al respecto”, ha indicado Boasberg a los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representan a los demandantes, según declaraciones recogidas por Bloomberg.
Por su parte, los abogados han incidido en que, sin intervención judicial, cientos de personas “podrían ser trasladadas a una posible cadena perpetua en El Salvador sin ninguna oportunidad real de impugnar su designación o traslado”. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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