Mientras que tradicionalmente las personas se han desplazado dentro del país por razones como la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo o para mejorar sus condiciones de vida, hoy en día existe una migración forzosa impulsada por factores más sombríos:
- La violencia del crimen organizado y la inseguridad. Para miles de mexicanos, mudarse de su hogar ya no es una opción por el deseo de un futuro mejor, sino una cuestión de supervivencia.
- Además de las disputas territoriales entre organizaciones criminales, estos grupos han tomado el control de las actividades económicas, las instituciones sociales e incluso de los gobiernos locales.
- Este dominio ha provocado una crisis de derechos humanos que obliga a las familias a abandonar sus hogares, desplazándose hacia zonas más seguras, pero a menudo no mejores.
En municipios como Las Palmas Altas, en Zacatecas, los habitantes viven bajo un miedo constante, ya que las bandas criminales campan a sus anchas. Un habitante de la zona relató a este medio:
- «No se puede salir porque tiene uno miedo porque andaban muchos hombres armados, y se llevaron gente? unos resultaron muertos, los encontraron en los forenses y otros andan desaparecidos todavía».
- Estas palabras reflejan el panorama de terror que viven las comunidades donde la presencia de los grupos armados se ha vuelto una constante.
- Chiapas ha sido uno de los estados más afectados por la violencia del crimen organizado. En junio de 2024, el delegado de Protección Civil en Tila, Chiapas, reportó que más de 4,000 indígenas choles fueron desplazados debido a la violencia.
Este éxodo masivo ha impactado profundamente a las comunidades indígenas, que, además de enfrentar las dificultades propias de la pobreza y la marginación, ahora deben lidiar con el despojo de sus tierras y la violencia que arrastra consigo el crimen organizado.
Sin embargo, no todo es desesperanza. En municipios como La Trinitaria, también en Chiapas, la situación ha mejorado poco a poco. El alcalde de la zona, en marzo de 2025, informó que al menos 30 familias habían regresado a sus hogares gracias a las medidas de seguridad implementadas y al trabajo conjunto con las autoridades locales.
En agosto de 2024, los tzotziles de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, en un acto de resistencia, exigieron paz y justicia frente a las autoridades. José Alfredo Jiménez, sobreviviente de la masacre de Acteal de 1997, expresó:
- «Quienes queremos paz, justicia y vivir, caminar libres y sin miedo en nuestras comunidades, nos hemos organizado para juntar nuestros corazones y palabras y exigirle a los gobiernos que tomen en serio las demandas del pueblo mexicano».
Este tipo de manifestaciones dan cuenta de la valentía y la resiliencia de las comunidades afectadas por la violencia.
- A pesar del sufrimiento, muchos se niegan a rendirse y luchan por su derecho a vivir en paz, un derecho fundamental que sigue siendo vulnerado por los actores del crimen organizado.
Aunque la magnitud del desplazamiento interno forzoso no ha sido completamente comprendida, el gobierno mexicano, en colaboración con organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha comenzado a tomar medidas para abordar este problema.
- A través de diversos censos y encuestas, como el Censo de Población y Vivienda 2020, se ha documentado que, entre marzo de 2015 y marzo de 2020, más de 274,000 personas migraron debido a la violencia y la inseguridad.
- Sin embargo, los datos obtenidos aún no reflejan la magnitud total del fenómeno, ya que las encuestas no logran capturar el desplazamiento dentro de un mismo municipio y no permiten identificar todas las causas de la migración.
- Aunque esta cifra refleja el impacto de varios tipos de crimen, el crimen organizado es el principal causante de este fenómeno, dado que las extorsiones, los secuestros y los enfrentamientos entre grupos delictivos han desplazado a miles de mexicanos.
Desplazamiento por violencia en México creció 123.35%
En 2024, se contabilizaron más de 24,500 personas desplazadas por violencia en México, en cerca de entre 50 y 60 eventos en distintas localidades del país, de acuerdo con información previa del informe que lanzará este año el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana, realizado en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
La cifra representa un aumento de 123.35%, en comparación con los 11 mil desplazamientos asociados con conflictos y violencia que tuvieron lugar en 2023, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH).
- Cerca de la mitad de las 24 mil personas desplazadas por violencia, en particular del crimen organizado, provienen de municipios y localidades en Chiapas, y el resto de otros estados como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, sin contar aquellas que han sido desplazadas por motivo de desastres, de acuerdo con el PDH.
- La crisis de desplazamiento interno que se vive en México es un fenómeno bastante invisibilizado y muy grande, que no tiene una tendencia a la baja, ya que desde 2008 se calculan 392 mil víctimas de desplazamiento forzado en nuestro país, según datos del programa especializado de la IBERO, por lo que resulta urgente empujar esta agenda, así como una ley en la materia –misma que está congelada en el Senado–.
Pese a que existen muchos esfuerzos a nivel local y estatal para monitorear los desplazamientos, actualmente hay un “gran vacío” de monitoreo a nivel nacional; el gobierno realiza monitoreo, pero “de una manera muy escueta, sobre todo a nivel federal, a lo mejor tiene datos, pero no son públicos”.
Mientras que las personas que están hablando de estos temas, cada vez son menos porque son silenciadas, desplazadas, etcétera, lamentaron representantes del programa de nuestra universidad. De acuerdo con la labor de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que hizo monitoreos entre 2016 y 2023, ha sido muy relevante.
A nivel estatal, Oaxaca y Michoacán tienen ya iniciativas de ley en la materia, aunque aún no señalan medidas de reparación claras; mientras que Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas cuentan con una ley local al respecto, cuya implementación no se ha visto tan reflejada en la atención a las víctimas.
Actualmente, el equipo del Programa de Derechos Humanos de la IBERO es el que lleva el monitoreo de desplazamiento interno a nivel nacional, de la mano de la Acnur, y con la colaboración de otras organizaciones e informantes.
- De acuerdo con la IBERO, el monitoreo realizado por el equipo utiliza una metodología mixta, que tiene un componente importante de fuentes abiertas, como notas periodísticas.
También se sirven de un componente cualitativo con entrevistas directas, tanto personas en situación de desplazamiento, como actores claves que acompañan a estas personas.
- El desplazamiento interno se trata de una problemática social dentro del contexto de movilidad humana, que consiste en el desplazamiento de manera forzada de personas de su lugar de residencia habitual por causas de violencia, persecución, violación de derechos humanos y desastres.
- Es importante recalcar que el informe que publicará próximamente el PDH de la IBERO únicamente abarca lo relacionado a causas de violencia, sobre todo por crimen organizado y violencia por conflictividad social o territorial.
Los objetivos principales del programa de Derechos Humanos de la IBERO incluyen posicionar el tema del desplazamiento interno en la agenda nacional, así como seguir tejiendo redes con algunos de los integrantes del Colectivo Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado, además de abrir espacio para tener diálogo entre la nueva administración, los colectivos y la academia, para ver cómo se pueden buscar soluciones que realmente impacten en lo que importa, que es la vida de las personas desplazadas.
Desplazamiento y ataques en Apatzingán dejan comunidad casi deshabitada
Grupos criminales que utilizan armamento de grueso calibre, así como artefactos explosivos lanzados desde drones son parte de las acciones que han provocado el desplazamiento de personas en la comunidad de El Alcalde, ubicada en el municipio de Apatzingán, Michoacán.
- Lo anterior fue documentado por el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA) el cual detalla que en el sitio únicamente habitan cinco familias en sus respectivos hogares debido a que otros pobladores decidieron dejar atrás sus casas por la intermitente violencia.
- El documento, compartido el 26 de marzo y que es parte de una petición al Ayuntamiento de Apatzingán, solicita la aplicación de un reglamento de emergencia por el desplazamiento interno que sufren los pobladores.
- Julio César Franco Gutiérrez, quien es consejero de la organización mencionada, indica que recorrió El Alcalde la tarde del 21 de marzo pasado y pudo recoger testimonios de las pocas personas que aún habitan el lugar.
A dicho hombre le fue referido que las acciones violentas comenzaron la noche del 12 de marzo, lo cual incluyó agresiones físicas y amenazas en contra de los habitantes por parte de sujetos armados, quienes además robaron pertenencias y animales domésticos.
- “Fue insoportable para las personas residentes continuar en esa situación de riesgo, comenzando a desplazarse familias enteras desde el viernes 14 de marzo y continuando este Desplazamiento Forzado Interno los días siguientes, hasta quedar casi deshabitado el poblado”, aparece en el documento.
A lo anterior se suma la falta de servicios de luz, así como incomunicación, lo cual pone en riesgo los cultivos de los que dependen las personas de la zona. Acompañan al informe fotografías que muestran los destrozos a inmuebles.
Las peticiones a las autoridades
Es por lo anterior que la organización civil enumera cuatro peticiones, por un lado, que se haga público el Informe de Riesgo elaborado por la Presidencia Municipal.
- De igual manera, solicita información sobre las acciones por parte del municipio para atender el caso y que se tomen “las medidas necesarias” para proteger a las personas desplazadas.
- El tercer punto es que sea público el Plan de contingencia elaborado por las autoridades. En caso de que alguno o todos los puntos anteriores no hayan sido aplicados, que se realicen de manera inmediata, conforme lo determinan los reglamentos.
Cada una de las peticiones fue justificada con artículos del Reglamento de respuesta a emergencias de desplazamiento interno en el municipio. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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