En México, 85 por ciento de los dos mil 456 municipios que hay en el país no cuenta con un atlas de riesgo, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por ello, diputados pulen una ley que obligará a tener un atlas de riesgo por municipio y no por estado, como está actualmente.
“Es lamentable que en pleno siglo XXI se siga teniendo esta deuda histórica. México debe de transitar de ser un país reactivo a ser un país más preventivo. Con el atlas de riesgo municipal podremos identificar de una manera puntual zonas de derrumbes, zonas de deslaves, zonas sísmicas, y generar las mejores condiciones para evitar desastres”, dijo a La Razón la diputada Claudia Reséndiz Hernández, presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres.
- De acuerdo al número de municipios por entidad, Baja California, Baja California Sur, Colima y Quintana Roo son las entidades con el mayor número de Atlas de Riesgo locales: El primero y el segundo con cuatro de sus 5 ayuntamientos, cada uno; el tercero con ocho de 10; y el cuarto con siete de nueve.
La propuesta de Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil establece programas de reconstrucción, sistemas de alerta temprana y financiamiento para la prevención; además de la transformación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) en el “Fondo para la Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres”.
Este fondo tendrá como tarea “implementar acciones tendientes a restablecer las condiciones aceptables y sustentables de vida, mediante la realización de obras de mitigación, reconstrucción, rehabilitación de infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos y deteriorados en un área afectada, debiendo ser bajo condiciones de menor riesgo que lo que existía antes de la ocurrencia del desastre”.
- Asimismo, se sustituye el término “fenómeno” por “amenaza”, utilizado desde la Ley General de Protección Civil del año 2000, considerando que el término de fenómeno no es utilizado en los instrumentos internacionales.
Además, ordena la creación de una Agencia de Gestión Financiera de Riesgos Públicos, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “la cual se va a encargar de que efectivamente todos y cada uno de los estados cuenten con sus seguros catastróficos, para que en una situación de emergencia o de desastre podamos echar mano sin necesidad de esperarnos a tanta burocracia que existe”.
La ley también prevé crear un organismo dedicado a vigilar y auditar los donativos para el auxilio de la población, “para que no se repita lo vimos en 2017, que no hubo una cuenta transparente en cuanto a los donativos”.
“Llevamos más de un año trabajando en están nueva ley, no es un cambio de nombre, sino un cambio de forma”, aseguró la diputada panista Sonia Rocha, integrante de la Comisión de Protección Civil. La propuesta tiene un amplio consenso de diversos partidos y se prevé que sea avalada en esta Legislatura.
FONDEN EN RIESGO DE DESAPARECER
En caso de sismo y de que a consecuencia del mismo derive una situación de emergencia, las entidades federativas del país, municipios y alcaldías de la Ciudad de México pueden acceder hoy, previa declaratoria de desastre natural emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob), a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) que, como tal, está en riesgo de desaparecer.
- El pasado 20 de mayo, Dolores Padierna Luna propuso ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, un paquete de reformas a 14 leyes para extinguir 44 fideicomisos públicos y mantener la operación de recursos de cuatro fondos, entre otros el Fonden.
Dicho fondo es un instrumento financiero para proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia, y responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.
Se considera emergencia una situación anormal que puede causar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general. Los cambios en ciernes a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, modificarían el artículo 19 y derogarían el 37, y enmendarían el 9, respectivamente.
De aprobarse la iniciativa morenista, los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos ya no se deberán destinar, entre otros conceptos, a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres resulte insuficiente.
- En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tampoco se incluirían, como ordena la ley vigente, las previsiones para el Fondo de Desastres y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, para constituir reservas y llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales.
Se eliminaría también el mandato que establece que las asignaciones presupuestales para dichos fondos, sumadas a las disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto, no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente a 0.4% del gasto programable.
La referida Ley de Disciplina Financiera ordenaría, además, que el Presupuesto de Egresos de las entidades federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales.
“El monto de dichos recursos deberá estar determinado por cada entidad federativa, el cual como mínimo deberá corresponder al 10% de la aportación realizada… para la reconstrucción de la infraestructura… dañada que, en promedio, se registre durante los últimos cinco ejercicios, actualizados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones para acceder a los recursos de los instrumentos financieros de atención de desastres naturales.
“Los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco de las disposiciones que regulen los instrumentos financieros de atención de desastres naturales, como la contraparte de la entidad federativa a los programas de reconstrucción acordados con la Federación”, cita la redacción sugerida en la iniciativa.
- Vía el Fonden, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017, que afectaron 170,000 viviendas y ocasionaron la muerte de 471 personas en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México, el gobierno federal autorizó 29,694 millones 692,794 pesos para atender la emergencia.
Las nueve entidades federativas en situación de desastre por el fenómeno natural aportaron en conjunto, aquel año, 8,468 millones 651,000 pesos./Agencia- PUNTOporPUNTO
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