AGENCIAS
Diputados del PRI, PRD, los partidos Verde y del Trabajo (PT) establecieron que el gobierno federal debe aplicar la ley en el caso del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien construyó una presa en terreno de su propiedad.
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero Muñoz, consideró en entrevista que es un asunto que deben resolver las instancias correspondientes.
Por separado el vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Bernal Gutiérrez, señaló que el gobierno federal ha estado apoyando en todo al mandatario sonorense.
“Todos los legisladores de los diferentes partidos políticos le brindamos todo el apoyo e inclusive le ofrecimos intervenir para que haya una mayor coordinación entre el gobierno del Estado, municipios y federales”, enfatizó.
De acuerdo con el priista, se trata de un exabrupto del gobernador pedir el retiro de los delegados que han estado realizando su trabajo en la entidad.
Padrés Elías debe responder cómo de repente aparece una presa en un terreno de su propiedad, ver si tiene licencias o no o que paso ahí y debe regularizarse, añadió el legislador.
En el cado, subrayó, se debe aplicar la ley sin distingo de ningún grupo político o de poder económico.
En tanto, el diputado Manuel Añorve Baños precisó que en este caso existe una investigación de las autoridades ambientales, que son las responsables de dar un punto de vista técnico, el cual, consideró, darán a la brevedad posible.
Aseveró que no es posible permitir que se trate de culpar a delegados federales que hacen su trabajo con responsabilidad y lo más conveniente es que permitan el trabajo de las dependencias federales con las estatales y municipales, a fin de llegar al mejor resultado posible.
“A mí me queda muy claro que no vamos a politizar la justicia ni la investigación, y dejemos que las instancias hagan su trabajo correspondiente”.
A su vez, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, consideró que se debe aplicar la ley en el caso de la presa particular que se construyó en una propiedad del gobernador de Sonora.
“Llegó la hora de que el gobierno federal simplemente aplique la ley, no acepte ninguna impunidad y no acepte la rebeldía o el reto que le está planteando un gobernador, que creo que perdió el piso y perdió la cabeza”, manifestó.
Arturo Escobar y Vega, coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseveró que en este caso “no hay lugar para pensar que esto es un asunto político, este es un tema absolutamente jurídico”.
Consideró que se liquidaría cualquier debate político o jurídico si el mandatario estatal o el representante legal de su rancho o de las propiedades de su familia presentaran los documentos que demuestren que la represa fue construida de conformidad a lo que marcan las leyes mexicanas.
Expuso que el emplazamiento es a que entienda que no es un tema personal, es un asunto de aplicación de la ley y que hoy Sonora está enmarcado en un desastre ambiental de altas proporciones y no merece que el gobernador asuma los temas como personales.
“Hay que llamarlo a que se serene y a que entienda, que él no tiene nada que ver en la permanencia o no de los delegados federales en su estado”, subrayó.
Aquí estamos hablando, dijo, de que los vecinos de su rancho carecen de agua de manera sistemática y él tiene una represa enorme que le permite satisfacer sus necesidades.
Simplemente, agregó, se le está pidiendo por parte de la autoridad que demuestre que tiene los títulos normativos correspondientes para pagar la construcción.
Lo más importante, insistió, es que CONAGUA tiene las facultades suficientes, para que en caso de que no existan esas autorizaciones, poder darle reversa a esta construcción, y regresar el cauce del río.
La petista Lilia Aguilar Gil apuntó que es responsabilidad de los diputados verificar que la ley se cumpla en todos los niveles y sea quien sea que la esté incumpliendo que entre a la legalidad.
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