Imagen: Cuartoscuro
AGENCIAS
La Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad la minuta envidada por el Senado que reforma la Constitución para facultar al Congreso a expedir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura.
El documento fue turnado a las legislaturas de los estados, porque requiere del aval de la mayoría para su promulgación.
El texto aprobado reforma el artículo 73 de la Constitución, que en su fracción XXI, inciso a, indica que el Congreso tiene la facultad de expedir «leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones».
Con la reforma, el Congreso podrá expedir «leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».
El documento señala que el Congreso deberá expedir la legislación correspondiente dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la reforma, una vez que sea avalada por la mayoría de las legislaturas estatales.
Precisa que la legislación actual sobre desaparición forzada y tortura continuará vigente hasta que entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso.
La reforma, aprobada ayer por el Senado, recibió el respaldo de 383 diputados en el último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso.
Este mismo jueves, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU saludaron la ampliación de las facultades del Congreso mexicano para legislar en esta materia, en un comunicado difundido por la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
«La reforma aprobada constituye un primer paso para atender el sentido de las recomendaciones que hicimos al Estado mexicano de emitir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura en nuestros informes de misión al país de 2012 y 2015», resaltaron los especialistas.
Señalaron que «las futuras leyes generales deberán brindar una respuesta normativa integral a los serios problemas que enfrenta el país en materia de desaparición de personas, tortura y malos tratos, así como recuperar los más altos estándares internacionales».
«Las leyes deben ser procesadas y aprobadas mediante un proceso abierto y consultivo en el que se garantice la participación plena de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil», sostuvieron.
Sin embargo, los expertos advirtieron que «la reforma constitucional y las leyes que se deriven de la misma sólo tendrán efectos reales si se garantiza su efectiva implementación en la práctica».
«Exhortamos a las legislaturas de los estados a culminar el proceso de reforma constitucional a efecto de que la misma entre en vigor a la brevedad posible», concluyeron los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator especial sobre la tortura.
La desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural para maestros a manos de autoridades corruptas y miembros del crimen organizado en septiembre pasado en el estado de Guerrero es uno de los acontecimientos del último año que han empañado la imagen del país y provocado una intensa movilización social en demanda de justicia.
El país también ha sido golpeado en meses recientes por los reportes de los relatores especiales de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas y tortura, quienes han concluido que esas prácticas son generalizadas en México.
El reporte presentado el 9 de marzo por el relator sobre la tortura, Juan Méndez, desató una fuerte polémica con el Gobierno mexicano, que calificó al experto argentino de incongruente y falto de profesionalismo.
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