AIDA RAMIREZ MARIN
“La transparencia es como la fidelidad, se es o no se es fiel. Se es o no se es transparente, no un poquito o un muchito transparente, no un poquito fiel o un muchito fiel. Se es o no se es”, advirtió el presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, durante la promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Dejó claro, que con esta legislación ni la federación ni los gobiernos estatales podrán seguir controlando el acceso a la información.
Ahora, “nadie puede pretender administrar el acceso a la información, por medio del órgano garante (IFAI). Ese tiempo llegó a su fin”, aseveró y señaló también como sujetos de esta obligación a los poderes legislativo y judicial, a los organismos autónomos, los fideicomisos, los partidos políticos, los sindicatos y los particulares que reciben o ejercen recursos públicos.
El senador perredista sostuvo que la sociedad demanda a sus autoridades detener la corrupción y combatir la impunidad.
También, señaló en Palacio Nacional que, conforme a la ley y al respeto a los derechos humanos, se deben garantizar las condiciones para el éxito de la jornada electoral del 7 de junio.
Indicó que “el horno no está para bollos” y deben garantizarse las debidas condiciones para los comicios, aunque reconoció que la autoridad trabaja en ello.
Advirtió que “los desafíos del crimen organizado a la autoridad en algunas regiones del país y el descontento social ante demandas no resueltas, no pueden poner en riesgo nuestra normalidad democrática”.
La ciudadanía demanda de los partidos políticos transparencia absoluta en la disputa por el poder, mientras los trabajadores exigen transparencia absoluta a sus organizaciones sindicales, recordó.
Aprovechó la presencia de los titulares de los tres Poderes de la Unión para reiterar su exhorto a los candidatos y a los partidos políticos a que se conduzcan con plena transparencia en lo que resta de las campañas.
“Una jornada electoral transparente servirá para tener resultados transparentes”, insistió el senador del Partido de la Revolución Democrática.
De su parte, Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), calificó la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como una ley de vanguardia que marcará un antes y un después en el camino de la transparencia.
Sostuvo que éstas es un logro de la sociedad y “cuya entrada en vigor, nos permitirá consolidarnos como una institución autónoma, independiente y ciudadana”.
Dicha Ley, aseveró, permitirá dar paso a la construcción del Sistema Nacional de Transparencia, mismo que mediante el trabajo coordinado con el Sistema Nacional Anticorrupción contribuirá a impulsar la democratización de México, poniendo el derecho de acceso a la información al servicio de todas las personas y convirtiéndolo en una herramienta fundamental para la transparencia y el combate a la corrupción.
El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez señaló durante el evento, que esta Ley “es filosofía de Estado porque abarca la obligación para todos los órdenes de Gobierno, todas las instituciones públicas, e incluso, para todas aquellas entidades de interés para la colectividad como los partidos políticos o los sindicatos”.
Más allá de una política, puntualizó, “simboliza una filosofía de Estado en la cual para su impulso convergieron distintas voluntades: la del Presidente de la República en sus compromisos de Gobierno; la de partidos políticos en sus reflexiones en el Pacto por México; la de los distintos Legisladores en sus agendas en el Congreso.
“Pero sobre todo, el esfuerzo y empeño permanente de los grupos de la sociedad para poder honrar en su máxima expresión, el derecho humano al acceso a la información”, dijo.
Tras subrayar que el fenómeno de la transparencia y su filosofía permiten coadyuvar a que tanto funcionarios como representantes tengan mejores estándares de ética pública, de responsabilidad y de integridad, expresó que “permite impulsar un Gobierno más eficiente, pero sobre todo, una política de Estado más humana, más participativa y, desde luego, más incluyente.
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