MILENIO
El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron detenidos por la Policía Federal durante un operativo que se realizó la madrugada de este martes en las inmediaciones de la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal, revelaron funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
El matrimonio fue señalado por la Procuraduría General de la República de ordenar el pasado 26 y 27 de septiembre el ataque y desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 normalistas de Ayotzinapa, con el propósito de que no «sabotearan» el informe de labores de Pineda Villa, como ocurrió en julio de 2013.
Los funcionarios consultados por Milenio informaron que Abarca y su esposa fueron ubicados en una vivienda rentada de Iztapalapa, pero no dieron más detalles si en dicho lugar había más personas.
Indicaron que ambos ya están en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde rinden declaración ante el agente del Ministerio Público Federal.
Hace unas semanas, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dio a conocer que una vez que los estudiantes estuvieron sometidos y fueron entregados por policías a Guerreros Unidos, el lugarteniente de esa organización criminal, conocido como El Gil, informó a su jefe máximo, Sidronio Casarrubias Salgado, que los conflictos en Iguala eran obra del grupo delictivo contrario, es decir, Los Rojos.
Sidronio avaló las acciones contra los normalistas, a quienes llevaron a un camino de terracería que se localiza cerca de la vivienda de El Gil y donde fueron encontradas nueve fosas clandestinas con los restos de 30 personas.
El funcionario federal indicó que María de los Ángeles Pineda fue identificada por Sidronio como la principal operadora de Guerreros Unidos, desde la presidencia municipal, en compañía de su marido y del secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores Velázquez.
También que José Luis Abarca pagaba entre dos y tres millones de pesos a Guerreros Unidos para tener bajo control la localidad; al menos 600 mil pesos eran usados para control de la policía local. El grupo decidía quien ingresaba a la corporación.
La PGR solicitó órdenes de aprehensión contra los «autores intelectuales» de los sucesos de violencia en Iguala el 26 de septiembre; asimismo, consignó otro expediente contra Abarca, por el homicidio del perredista Arturo Hernández Cardona, crimen cometido en mayo de 2013.
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