AGENCIAS
El chileno Lawrence Maxwell y el mexicano Juan Daniel López, detenidos el 20 de noviembre durante una protesta por la desaparición de 43 estudiantes hace dos meses, afirmaron hoy que su proceso estuvo lleno de irregularidades y violaciones a sus derechos.
Ambos narraron cómo fueron detenidos y golpeados tanto por policías de Ciudad de México en el Zócalo (plaza central) como por agentes de la Policía Federal, y cómo fueron sufrieron violencia física y psicológica durante sus traslados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de allí al penal de Villa Aldama, Veracruz, donde pasaron 10 días.
«La desaparición de los 43 normalistas (estudiantes del magisterio) de Ayotzinapa no es un problema local y nacional, sino mundial. Ya trascendió las fronteras y nos compete a toda la humanidad; cualquier persona que tenga sensibilidad, que tenga un poco de respeto y dignidad, está convocada a asistir a una manifestación de ese tipo», dijo Maxwell en conferencia de prensa.
«Yo estaba ese día en el Zócalo porque ya no puede seguir ocurriendo en nuestros países, en Latinoamérica, que desaparezcan arbitrariamente, de la noche a la mañana, 43, 11, 43 más, 33 y así. Eso no puede seguir ocurriendo; tenemos el deber, la obligación moral y ética, de decir algo», añadió.
El chileno, escritor y músico de 47 años que cursa un doctorado en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que pese a ser extranjero tiene derecho a la libre manifestación.
«Fue un proceso irregular y lleno de violaciones a nuestros derechos. Nos privaron de la libertad, nos interrogaron por separado y nos amenazaron», contó Maxwell, quien dijo que como extranjero tuvo «cierto trato especial» ya que se negó a ser sometido a determinadas pruebas.
Ambos estuvieron incomunicados, nunca les informaron por qué estaban detenidos, no les permitieron tener un abogado particular y les asignaron uno de oficio que «no trabajó mucho».
Los dos fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de terrorismo, delincuencia organizada, tentativa de homicidio y motín, y aunque posteriormente les retiraron el cargo de terrorismo y el de tentativa de homicidio fue reducido a lesiones, las penas a cumplir eran muy altas.
López narró a su vez que el trato en el penal de Veracruz fue bueno y diferente.
«Sentí la vulnerabilidad a la que estábamos sujetos; estábamos a la voluntad de las autoridades y nos dimos cuenta de que era un montaje político y policial. ¿Con qué objetivo? Creo que para amedrentar a los estudiantes, a la gente que está saliendo manifestarse y a la población en general», apuntó.
El chileno señaló que a los 11 detenidos que fueron trasladados a penales federales los arrestaron de manera aleatoria, «pero nos acusaron de ser un grupo organizado para cometer delitos terroristas; el caso está muy mal montado y las declaraciones policiales son absurdas y contradictorias».
«Un policía dijo que nuestras heridas fueron por habernos golpeado mutuamente. A todos nos golpearon y de los 11 fui el menos perjudicado, (pues) grité que soy extranjero y le bajaron a los golpes. Pero también me pusieron como ejemplo para que los extranjeros no participen ni salgan a la calle», dijo.
La abogada Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, indicó que ofrecerán dictámenes médicos y psicológicos para que organismos de derechos humanos determinen si los detenidos sufrieron tortura.
Su colega David Peña indicó que solicitarán la eliminación de todos los registros fotográficos, dactilares y administrativos sobre los 11 detenidos en la PGR, si bien aclaró que «no son antecedentes penales» pues fueron exonerados y liberados el sábado pasado.
Otro abogado, Armando Barrera, de Cauce Ciudadano, dijo que en los próximos días junto con las familias y grupos de apoyo presentarán una demanda de reparación de daños y buscarán una disculpa pública y la renuncia de los funcionarios involucrados, entre ellos el fiscal y el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.
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