RITA MAGAÑA TORRES
La detención del dueño de Oceanografía, Amado Yáñez, confirma que el gobierno federal actuará con todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables de actos de corrupción o otros delitos, aseguró el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el priísta Omar Fayad.
En cambio, la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, advirtió que la detención de Amado Yáñez no resuelve el fraude urdido contra Petróleos Mexicanos (Pemex), mismo que le ocasionó un daño a su patrimonio y producción.
En entrevista, Omar Fayad señaló que integradas las averiguaciones, consignadas que fueran, conseguidas las órdenes de aprehensión, el director general y a lo mejor otros participantes en los delitos que se señalan, tenían que ser detenidos tarde o temprano.
“No hay protegidos, no hay intocables. No me parece nada extraño el caso de Oceanografía, porque todo mundo sabía que tarde o temprano, integradas las averiguaciones, consignadas que fueran, conseguidas las órdenes de aprehensión, el director general y a lo mejor otros participantes que ahí se señalan, tenían que ser detenidos”, destacó.
Detalló que ahora corresponde al Poder Judicial hacer su parte para brindar justicia y satisfacción a los mexicanos por los hechos contra el patrimonio de Pemex.
En tanto, Dolores Padierna consideró que llama la atención que sea el Seguro Social el que lo someta a nuevo juicio penal.
Especialmente, agregó, porque la Procuraduría General de la República (PGR) informó a la Comisión Investigadora del Senado que lo primero que se había pagado con la venta del equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro eran precisamente adeudos al IMSS y al INFONAVIT; lo que ciertamente no ocurrió.
“Estamos ante el escenario de un fraude consentido por las autoridades de Pemex, cuyas dimensiones e implicados aún se desconocen por completo, ante las contradicciones, omisiones y dilaciones cometidas por la Procuraduría General de la República en este caso”, aseveró.
Dijo que Oceanografía es una caja china donde están las entrañas de la corrupción provocada por la acelerada privatización de los servicios de Pemex.
“El caso debe llevar no sólo a frenar la impunidad sino a tomar decisiones inmediatas para evitar nuevos fraudes y quebrantos con un costo social para todos los mexicanos”, dijo.
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