La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la institución encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales en todo el país y forma parte del esquema de pesos y contrapesos democráticos, pues es un órgano que depende de la Cámara de Diputados y tiene la facultad de decidir cómo hacer su trabajo; es decir, tiene autonomía técnica y de gestión.
El trabajo de la ASF ha sido fundamental para identificar muchos de los escándalos de corrupción más significativos de sexenios pasados; por ejemplo, las primeras evidencias sobre el esquema de La Estafa Maestra o los desvíos del gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, que llevarían años después a las investigaciones periodísticas que se convirtieran en escándalos mediáticos.
En su revisión del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la ASF ha identificado 100 mil 914 millones de pesos de recursos federales que fueron usados irregularmente y que deben ser aclarados o devueltos.
Estas cifras no representan una marca en términos absolutos, pues, por ejemplo, son menores a las de casi todo el sexenio de Peña Nieto. Sin embargo, sí representan un récord histórico en cuanto a impunidad, pues hasta el momento el 98.1% de esos recursos siguen sin ser explicados, justificados o regresados a la Tesorería, lo cual supera al que era el punto más alto: 84.2% en 2018.
En cuanto a los principales responsables de estas irregularidades, la mayor cantidad, 55 mil millones, se concentra en el dinero federal transferido a los gobiernos locales. Pero en este caso destaca que, a pesar de que MORENA y sus aliados gobiernan 7 entidades, concentran el 43% de las irregularidades. En contraste, los gobiernos del PRI, que mantienen 12 entidades, tienen 17% de los señalamientos de la ASF.
Se dice a modo de broma que todo lo justifica que “el PRI robó más”, pero a partir del primer año de la llamada “Cuarta Transformación”, MORENA se puso a la cabeza. El resto de irregularidades fueron encontradas en el gasto para desarrollo económico del gobierno federal, con 37 mil millones de pesos, el gasto para desarrollo social, que acumula 7 mil millones de pesos, y el gasto de gobierno, en donde la ASF identificó 519 millones más.
Las observaciones de la ASF
Si durante el proceso de vigilancia del gasto público la ASF detecta posibles irregularidades, inicia un proceso de diálogo con los funcionarios de las instituciones auditadas para determinar si se trata de un error y este puede aclararse o si, por el contrario, los recursos efectivamente se utilizaron violando alguna norma. En este caso, detrás de cada peso auditado se explica por qué, cómo y en dónde los recursos fueron usados de manera contraria a las leyes.
- Además, en los casos en los que no solo se violó la ley, sino que existen suficientes irregularidades como para suponer que el dinero fue usado para otros fines, la ASF establece que existe un probable daño a la Hacienda Pública y emite un “Pliego de Observaciones”, por lo que ese dinero debe ser recuperado y devuelto por las autoridades que están siendo auditadas y se deben deslindar responsabilidades.
La ASF ha concluido la revisión del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ha presentado sus cifras definitivas en sus Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019: hubo 100 mil 914.4 millones de pesos (mdp) que se gastaron de manera irregular y, entre ellos, se encuentran 44 mil 422 millones que desde este momento se presumen como probables daños al erario.
- Esto quiere decir que hay 55 mil millones que aún no es claro cómo se utilizaron pues, por ejemplo, las autoridades no tienen comprobantes que justifiquen el ejercicio de los recursos, ante lo cual la ASF emite una “Solicitud de Aclaración” que las instituciones auditadas tienen que presentar o, de lo contrario, la observación de uso irregular de recursos se mantendrá.
En el curso de los siguientes meses veremos si los entes auditados logran aclarar el uso de estos recursos. En el caso de los “Pliegos de Observaciones”, la ASF ordena de inmediato que esos recursos se reintegren a las arcas públicas, pues tiene las evidencias suficientes de que se utilizaron para fines diferentes a los que estaban destinados.
Para tratar de dimensionar la magnitud de estos montos, imaginemos que el Instituto de Salud para el Bienestar, que es la institución encargada de brindar atención a los más de 60 millones de mexicanos sin seguridad social, tendrá este año un presupuesto de 89 mil 301 mdp. Es decir, con el dinero de las irregularidades del primer año de este gobierno podría pagarse toda la operación del INSABI y, además, sobrarían 11 mil 613 millones, con los que alcanzaría para pagar el presupuesto de todas las instituciones involucradas en el combate a la corrupción.
- Si comparamos esta cifra con los hallazgos de años anteriores, veremos que no se trata del punto más alto: durante todo el sexenio de Peña Nieto, salvo en 2015, los montos de irregularidades detectadas fueron superiores a las del primer año de López Obrador, con un promedio de 174 mil millones. En contraste, las observaciones de 2019 son superiores a las de los primeros 5 años de gobierno de Felipe Calderón y solo están por debajo de las que se hicieron en 2012, por 147 mil millones.
Esto es diferente si se considera cuánto de dichas observaciones sigue pendiente de ser recuperado o explicado. En la siguiente gráfica en color azul aparece el dinero que originalmente la ASF detectó como irregularidad, pero que las autoridades lograron aclarar; en verde, el presupuesto que logró ser recuperado y en rojo el que sigue sin ser devuelto o esclarecido en dónde o cómo se usó.
Por el monto total, los años 2016 y 2018 son los primeros dos lugares en dinero desaparecido, con 132 y 169 mil millones de pesos que siguen en el limbo, mientras que el tercer lugar corresponde al primer año de este gobierno, con 98 mil 974 millones. Pero si se consideran los porcentajes, entonces López Obrador sí ha establecido una nueva marca: hasta el momento, 98.1% de las irregularidades detectadas por la ASF siguen sin ser aclaradas ni recuperadas. El segundo año con más proporción de irregularidades no aclaradas es 2018, con 84.2%.
Los principales responsables de las irregularidades en 2019
Dado que la ASF se encarga de la vigilancia de los recursos federales, sus labores de fiscalización van más allá del gobierno federal. Una parte considerable de este dinero es transferido a los gobiernos locales, ya sea porque el pacto fiscal lo mandata o porque se trata de políticas en que se trabaja junto con la autoridad central.
Esto queda evidenciado en los resultados de la Cuenta Pública de 2019, pues más de la mitad de los 100 mil 914 millones de pesos de irregularidades detectadas por la ASF corresponden a observaciones del gasto federalizado. En los 56,064 millones identificados, las tres categorías de gasto local con mayores problemas detectados fueron las correspondientes a salud, educación y las participaciones federales.
Desde esta perspectiva, podría parecer que el presidente López Obrador tendría una salida para decir que la mayor parte de las observaciones de la ASF no tienen que ver directamente con su gobierno, sino con las administraciones locales. Al separar las recuperaciones determinadas por la ASF por entidad, el mayor monto identificado corresponde al estado de Jalisco, con 11 mil 854 mdp.
- Sin embargo, resulta llamativo que los siete estados gobernados por la coalición de MORENA, así como el gasto federalizado ejercido por el gobierno central, suman 24 mil 519 millones de pesos en irregularidades. Esto quiere decir que los gobiernos locales de MORENA, a pesar de gobernar solo el 22% de las entidades federativas, concentran el 43% del dinero irregular identificado por la ASF dentro del gasto federalizado.
- Le siguen Movimiento Ciudadano, con 11,854 millones; el PRI, con 9,779 millones; el PAN, con 8,510 millones, el PRD con 1,075 millones y el gobierno independiente de Nuevo León, con 324 millones.
Siguen las irregularidades del gobierno en 2020
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó este miércoles su primera entrega del informe sobre la revisión a la Cuenta Pública 2020. De acuerdo con la entidad fiscalizadora, se encontraron irregularidades por 588,840 millones de pesos (mdp) en el gasto público federal, de los cuales se lograron recuperar 122.6 mdp.
- La cifra anterior se deriva de 125 auditorías a diversas Secretarías, empresas del Estado y programas federales. Cabe destacar que el periodo inspeccionado corresponde al segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y está pendiente por aclararse el destino de 466.24 millones de pesos, equivalentes a 79.8% del total.
- David Colmenares Páramo, auditor superior de la federación, detalló que de los 125 informes de supervisión resultaron 190 recomendaciones, 46 pliegos de observaciones, siete promociones de comprobación fiscal y 37 promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias.
Aunado a esto, adelantó que las dos entregas restantes se presentarán en octubre próximo y febrero de 2022. De esta primera parte, explicó, se realizaron 104 auditorías de cumplimiento, cuatro de desempeño, una combinada de cumplimiento y desempeño, 16 de cumplimiento y de inversiones físicas.
Según muestra el informe, casi la mitad del monto por comprobar corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En tanto, de acuerdo con las 11 auditorías que le practicaron, 283.72 millones de pesos tuvieron observaciones por daños o perjuicios.
- Otras dependencias del gobierno de López Obrador que fueron auditadas y cuyos resultados se presentaron en esta primera entrega fueron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Salud (SSa), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Educación Pública (SEP), así como las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Durante la sesión presentada ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, David Colmenares precisó que se trata de “un proceso que da paso, de acuerdo a la Ley de Fiscalización, a la aclaración, comprobación, reintegro de recursos o, inclusive, a la etapa condenatoria”.
En tanto, recordó que la ASF emite recomendaciones y acciones para que las dependencias fiscalizadas mejoren su gestión.
- Por otra parte, la entidad informó que en 2020 se registró una pérdida acumulada de 399,468 millones de pesos entre ingresos tributarios y petroleros. Aunado a esto el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestario (FEIP) sólo pudo ser cubierto al 51.1% respecto a la caída en la captación de recursos.
En este sentido, se dio a conocer que el FEIP cerró con un saldo de 9,479 millones de pesos y su reserva quedó en cero.
El instrumento mencionado tiene como antecedente la creación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros en 2001, cuya finalidad era compensar las caídas en los ingresos petroleros, derivadas de la volatilidad del precio del petróleo o del tipo de cambio, respecto de los utilizados para la aprobación del paquete económico correspondiente.
- Pensado como un mecanismo contracíclico que permite equilibrar las posibles disminuciones en la captación de ingresos respecto de la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, el FEIP es una herramienta de previsión y estabilización fiscal del Estado Mexicano.
Cabe señalar que durante 2020, segundo año del gobierno de López Obrador, las finanzas del país se vieron comprometidas por las medidas de distanciamiento social implementadas para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de coronavirus. Por ello, una posible explicación a la caída de ingresos tributarios podría ser la pérdida de empleos y la caída en la actividad económica registrada el año anterior./Agencias-PUNTOporPUNTO
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