La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un probable daño patrimonial de 17 mil 782 millones de pesos por el posible ejercicio irregular durante 2019 de recursos públicos federales transferidos a 31 de las 32 entidades federativas, excepto Querétaro.
- Por ese motivo, emitió 340 pliegos de observaciones a los 31 gobiernos estatales como parte de los dos primeros paquetes de revisión a la Cuenta Pública 2019.
El presunto desfalco identificado por la ASF se dio en recursos que la Federación transfirió a los gobiernos estatales a través de las participaciones federales que les corresponden, pero también como parte de programas como Escuelas al CIEN, Expansión de la Educación Inicial, Programa Nacional de Inglés y Programa de Vigilancia Epidemiológica.
Además, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Fondo de Aportaciones Múltiples, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
- El presunto daño a la Hacienda se dio en recursos que se usaron en proyectos específicos como el BRT Corredor Troncal de La Laguna, en Coahuila; la Construcción y Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, en Morelos.
- La Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en San Luis Potosí, y la Sustitución del Hospital General Dr. Miguel Silva y Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos, en Michoacán.
Los señalamientos por 17 mil 782 millones de pesos de presunto daño patrimonial, que las entidades federativas tendrán que solventar, se suma a las solicitudes de aclaración por 5 mil 500 millones de pesos que también requirió la ASF a 26 de las 32 entidades federativas como parte de la misma revisión a la Cuenta Pública 2019.
Tabasco: reportan ‘probable” daño patrimonial por 374 mdp
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) de Tabasco reportó un “probable” daño patrimonial por más de 374 millones de pesos en la cuenta pública 2019, primer año de gobierno del morenista Adán Augusto López Hernández.
Además, informó que siguen en proceso administrativo y resarcitorio, cinco mil 63 millones de pesos no solventados del ejercicio fiscal 2018, último año del sexenio del exgobernador perredista Arturo Núñez Jiménez.
- De acuerdo al informe del OSFE, entregado por el fiscal superior, Alejandro Álvarez González, al presidente de la mesa directiva del Congreso, Jesús de la Cruz Ovando, en la cuenta pública 2019 hay 374 millones 95 mil 869.49 pesos no solventados hasta la fecha, de los cuales 138 millones 559 mil 428.70 pesos corresponden al Poder Ejecutivo (encabezado por Adán Augusto López) y 233 millones 743 mil 485.02 pesos a los 17 municipios de la entidad.
El Poder Legislativo tiene pendiente de solventar tres mil 600 pesos, el Poder Judicial 111 mil 229 pesos y seis organismo autónomos de Tabasco un millón 678 mil pesos.
- Destacan también 121 millones 731 mil pesos observados y no solventados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) que, hasta enero pasado, dirigió el ex rector José Manuel Piña Gutiérrez, quien ocupó el cargo durante ocho años y dejó a la institución en la peor crisis financiera de su historia, sin recursos para pagar aguinaldos ni prestaciones de fin de año.
Además, resalta el presunto desfalco de 53 millones 233 mil 485.70 pesos en el DIF-Tabasco de la cuenta pública 2018, que encabezó Martha Lilia López Aguilera, esposa del exgobernador Arturo Núñez, auditada de manera especial por mandato de la mayoría morenista que domina el Congreso del Estado, tras manejar más de 900 millones de pesos en el último año del sexenio nuñista.
De los más 233 millones de pesos sin solventar de los 17 municipios, el más observado es Macuspana con 48 millones 862 mil pesos y cuyo alcalde morenista, Roberto Villalpando Arias, renunció al cargo el pasado dos de septiembre.
Le sigue el municipio de Centro, cabecera de Villahermosa, la capital del estado gobernado por Adán Augusto López, con observaciones por 33 millones 612 mil pesos. Este ayuntamiento es gobernado por el expriista y ahora morenista Evaristo Hernández Cruz, envuelto en el escándalo al revelar el OSFE que sus funcionarios son al mismo tiempo proveedores del Ayuntamiento.
El OSFE cita el caso de la adquisición de maquinaria pesada usada para mantenimiento de la infraestructura municipal de Centro, por un monto de tres millones 480 mil pesos. Al inspeccionar la maquinaria, los auditores encontraron “sin funcionar” una motoniveladora, un cargador sobre neumáticos y un rodillo monocilíndrico para suelo, localizados “en diferentes terrenos baldíos, sin resguardo de alguna persona encargada y con las llantas totalmente inservibles”.
También una retroexcavadora, localizada “en un terreno inundado y cubierto de maleza (enmontado)” y que, tomando en cuenta “que son bienes de reciente adquisición, no cumplieron con el fin por el cual fueron adquiridos”, reportó el OSFE.
Además, las facturas originales “presentan un endoso a la compradora L.C.P. Sally del Carmen Marín Bolón, por el Ing. José Luis Mandujano Zapata, quien no se especifica su relación con la Constructora y Arrendadora Kalda, SA de CV., a la cual pertenecía la maquinaria”, añade el informe. Y agrega que la compra de la maquinaria, “fue adjudicada directamente a la que funge actualmente como la Sub Directora de Contraloría del Ayuntamiento de Centro, la L. C.P Sally del Carmen Marín Bolón”.
El OSFE menciona que la funcionaria compró la maquinaria el 30 de abril del 2019, el 21 de mayo, un mes después, la vendió al ayuntamiento, extendió la factura con fecha 6 de agosto y el 1 de septiembre, ella “fue dada de alta en la nómina del municipio”.
- Respecto al reporte final de la cuenta pública 2018 del exgobernador de Tabasco Arturo Núñez, el OSFE detalla que se hallaron irregularidades por cinco mil 698 pesos, de los cuales se reintegraron 559 millones 488 mil pesos, se aclararon 20 millones 885 mil y se subsanaron 55 millones 202 mil, para una recuperación total de 635 millones 576 mil pesos, quedando pendiente de solventar 5 mil 63 millones.
Refiere que para este caso se siguen integrando los expedientes técnicos con sus respectivos dictámenes, “para el procedimiento administrativo sancionatorio”. Sobre la cuenta pública 2019, el fiscal Álvarez González explicó que las entidades fiscalizadas serán notificadas para que en un plazo de 30 días hábiles presenten información y consideraciones pertinentes, las cuales serán valoradas por el OSFE en 120 días hábiles para estar en condiciones de formular un reporte final y, en su caso, presentar o no las demandas correspondientes para resarcir el daño, en los términos de los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.
Detectan daño patrimonial por más de mil 963 millones de pesos en Veracruz
El informe de resultados de la Cuenta Pública Federalizada de 2019 revela que la Secretaría de Salud de Veracruz presenta un presunto daño patrimonial a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por mil 963 millones 566 mil 675 pesos.
Entre sus promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, los auditores hacen hincapié en más de mil trabajadores matriculados en nómina que no fueron encontrados en su centro de trabajo, traslados irregulares en cuentas bancarias, así como inconsistencias en los contratos para la compra de medicamentos a un empresario jalisciense.
El dictamen concluyente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) remarca que el gobierno del estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el gobierno, apegada a la normativa que regula su ejercicio, y no se cumplieron sus objetivos y metas.
- “El gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita el ejercicio de 382 mil 100 millones 130 mil 06 pesos; sin embargo, persiste un importe por mil 963 millones 186 mil 921 pesos sin solventar de acuerdo a la normativa”, puntualiza.
El 5 de junio de 2019, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, estalló contra políticos de oposición y prensa, quienes cuestionaban al gobierno de Cuitláhuac García, primero por el desabasto de medicamentos en los hospitales de Veracruz y luego por la adjudicación directa y un contrato de 36 millones de pesos a una empresa señalada por irregularidades.
“No había medicamentos, y con toda la razón estaba la demanda… llegan los benditos medicamentos y ahora: ¿que dónde los compró? Como ciudadano yo diría: ningún chile les embona”, dijo irritado.
A partir de ese exabrupto, Ramos Alor no volvió a dar entrevistas en año y medio; por la pandemia de coronavirus, que en Veracruz se encamina a las cinco mil defunciones, el funcionario de la Secretaría de Salud sólo graba todos los días en la noche un escueto mensaje de estadísticas y recomendaciones sanitarias, que se transmite por Radio Televisión de Veracruz (RTV).
- En el pliego de observaciones de la ASF, el folio 2019-A-30000-19-1296-06-001 señala que la Hacienda Pública Federal exige un reintegro por el orden de los mil 963 millones 186 mil 921 pesos/ 56/100 M.N., más los rendimientos financieros que se generen, pues existe falta de documentación comprobatoria y justificativa que acredite que dichos recursos se comprometieron o devengaron al 31 de diciembre de 2019 y que, pese a una solicitud expresa de la Tesofe, no fueron pagados al 31 de marzo de 2020.
En esa misma observación, en el punto 24, la ASF reprocha que la entidad fiscalizada (Secretaría de Salud) no proporcionó la evidencia documental y justificativa, ni la validación de mil 40 servidores públicos que acredite que se encontraron en sus lugares de adscripción y realizaron actividades relacionadas con la prestación de servicios de atención a beneficiarios del Seguro Popular durante el ejercicio fiscal 2019. El daño patrimonial por esta observación es por 295 millones 782 mil 600 pesos, pues se cayó en un incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- En la observación con el folio 2019-A-30000-19-1296-06-002, la ASF encontró un probable daño o perjuicio por 55 mil 600 pesos, al identificar “pagos en exceso” que corresponden a cuatro prestadores de servicios, toda vez que percibieron un sueldo mayor al contratado y/o no se presentó contrato.
En el periodo de solventación, la Secretaría de Salud, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que soporta los pagos realizados.
En cuanto a las adquisiciones, control y entrega de bienes, servicios y entrega de medicamentos, la auditoria número 1296-DS-GF exhibe que tras un análisis exhaustivo no encontraron auxiliares contables, presupuestarios, ni de las cuentas de bancos, cuentas por cobrar, tampoco de deudores diversos, inventarios, almacén, bienes muebles e inmuebles, activos intangibles, cuentas por pagar (proveedores, acreedores diversos, etc.), ingresos (en sus distintos momentos presupuestarios: estimado, modificado, devengado y recaudado), rendimientos financieros generados y los recibidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), por lo que la propia ASF se encontró limitada para verificar los porcentajes presupuestales de la adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al Seguro Popular.
- En el folio de observación 2019-B-30000-19-1296-08-010, la ASF emite una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría General del estado de Veracruz realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que omitieron proporcionar la documentación e información solicitada, lo que limitó verificar si en la adquisición de medicamentos –contrato de más de 30 millones de pesos–, bajo un esquema de tercerización, el proveedor cumplió con las condiciones establecidas en el contrato correspondiente.
En cuanto a las adquisiciones, arrendamientos, administración y enajenación de bienes muebles del estado, no encontró evidencia de la adquisición de Unidades Médicas realizadas con recursos federalizados.
En ese mismo tenor, la entidad fiscalizadora se encontró limitada para verificar si la Secretaría de Salud adquirió en 2019 medicamentos controlados o de alto costo con recursos del programa, y si se contó con los mecanismos de control, guarda, custodia y entrega de los mismos al beneficiario final.
En el resumen de observaciones y acciones se determinaron 48 resultados, de los cuales en 19 no se detectaron irregularidades y siete fueron solventados por la entidad fiscalizadora antes de la emisión del informe. En los 22 restantes se generaron 20 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones.
En Veracruz ha habido protestas constantes de familiares con enfermos de cáncer, quienes se quejan del desabasto de medicamentos, pero también de la falta de quimioterapias; otras manifestaciones recurrentes han sido las de los enfermos de VIH, quienes critican que tampoco hay un surtido eficiente de retrovirales./Agencias-PUNTOporPUNTO
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