AGENCIAS
La nueva Gendarmería de México, integrada por 5.000 agentes civiles, comenzó esta semana su despliegue en las ciudades turísticas de Acapulco y Valle de Bravo, informaron hoy fuentes oficiales.
Además de esos centros turísticos golpeados por el crimen organizado, los gendarmes han sido enviados a regiones conflictivas de los estados de Tamaulipas y de Michoacán, dijo a Efe una fuente de la Secretaría de Gobernación.
El desplazamiento de los gendarmes se ha registrado en el «transcurso de esta semana», después de que el presidente Enrique Peña Nieto ordenara el viernes pasado la puesta en marcha inmediata de las operaciones de la nueva división de la Policía Federal, apuntó.
La fuente no precisó el número de efectivos que fueron movilizados, en línea con los criterios de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que siempre se reserva ese dato por motivos estratégicos.
En un comunicado posterior, la CNS detalló que el despliegue solo en el caso de Valle de Bravo incluyó a 300 elementos para «recobrar la normalidad de las actividades turísticas».
«Estaremos en todas aquellas zonas que deban ser cuidadas para que el ciudadano que viene a visitar Valle de Bravo lo haga con toda la tranquilidad. Esa es la misión», precisó el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo.
Desde hace algunas semanas esta pequeña localidad del central Estado de México sufre una oleada de secuestros que ha generado preocupación entre la población, que atribuye los hechos a la llegada de cárteles de las drogas de otros estados.
El Estado de México, del que es oriundo Peña Nieto, se ubicó en el 2013 como el más violento del país con 3.280 homicidios, un 12,8 % más que los registrados en 2012.
El Gobierno federal tomó este año el control de la seguridad en Michoacán y reforzó su presencia tanto en Tamaulipas como Guerrero, este último donde se encuentra el puerto de Acapulco, debido a un incremento de la violencia y a petición de las autoridades estatales.
La Gendarmería está integrada por 5.000 elementos civiles que nunca antes habían participado en instituciones de seguridad pública y que recibieron formación policial y militar para asegurar el control territorial del Estado en las zonas con mayor debilidad institucional.
La nueva corporación, una promesa de Peña Nieto durante su campaña electoral, tiene entre sus tareas fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad pública locales y salvaguardar los ciclos productivos amenazados por los grupos criminales.
Según el Gobierno, entre sus principales atributos está el mayor uso de tecnologías y sistemas de inteligencia para prevenir el delito, así como su capacidad para vincularse eficazmente con la ciudadanía que requiera su apoyo.
Además será itinerante, pues contará con una capacidad de despliegue ágil y oportuna en cualquier lugar donde sea requerida y por el tiempo que sea necesario.
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