La desaparición de personas se extiende en varios países de América Latina, pero es en México donde el fenómeno tiene mayor “dinamismo” derivado de la violencia que no cesa. Así, el país “enfrenta un reto especial porque seguimos en una situación en la que cada día desaparecen personas y eso confronta a los mecanismos de búsqueda”, sostiene Marlene Herbig, responsable del Programa de Desaparecidos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); 2019 fue el año con mayor registro de desapariciones en el territorio nacional.
- Con despliegue en 60 países, el programa del CICR trabaja en la región latinoamericana en Perú, Colombia y Centroamérica, donde en muchos casos se enfoca a periodos acotados, generalmente asociados a conflictos internos.
- En México se busca a personas que lo mismo desaparecieron en la guerra sucia (década de los 70 del siglo pasado) hasta a víctimas recientes de ese flagelo. Se cuenta con “un marco jurídico muy sólido, acorde con casi todos los estándares internacionales –en materia de desaparición y búsqueda– pero el desafío radica en su instrumentación”, acota Herbig.
Este lunes se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Bajo la prioridad de atención a las repercusiones humanitarias de la desaparición de personas, en los últimos años el personal adscrito al programa en México ha crecido y en la actualidad tiene presencia activa en seis entidades: Baja California, Coahuila, Guanajuato, Veracruz, Jalisco y Guerrero, y despliega actividades puntuales en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla y Chiapas.
- La incidencia de casos no es el único factor para definir la presencia del CICR de forma permanente. También se encuentra la identificación de entidades donde los estragos humanitarios de este fenómeno son mayores: consecuencias sociales, económicas y un mayor rezago en identificación de cuerpos. Siempre bajo una actuación discreta y confidencial en su relación bilateral con las instancias del Estado mexicano, apunta la funcionaria del CICR.
Las repercusiones en una familia ante la desaparición de uno de sus miembros son múltiples, “no sólo es atender sus demandas imperiosas, la búsqueda y la justicia. Implica además efectos económicos, si era el sostén de la casa; jurídicas, de estigmatización social, la eventual identificación del cuerpo y el impacto sicológico de la pérdida. En muchos casos, el miedo ha detenido o dilatado las acciones de búsqueda e incluso evitado su participación en colectivos para no hacerse visibles”, indica Herbig.
Con base en reportes gubernamentales que arrojan 91 mil desaparecidos, “si comparamos las cifras oficiales que existen de los países de la región, podemos ver que México tiene un reto significativo. Las cifras oficiales de México son de las más grandes de la región”.
- Para el CICR, uno de los aspectos que hacen más complejo atender esta situación es la disparidad en la capacidad de respuesta oficial. “El reto es mayúsculo y se requiere que se involucren todas las instancias de gobierno, o muchas autoridades. Así lo marca el Sistema Nacional de Búsqueda, que involucra no sólo a comisiones, sino también a fiscalías, corporaciones de seguridad y otras instancias que podrían brindar información útil sobre el paradero de las personas”.
En México, el CICR enfoca su colaboración en cuatro ejes: el acompañamiento a las familias (preferentemente a través de los colectivos de búsqueda) para canalizar las demandas de localización; asesoría legal para adecuación del marco jurídico, con participación en la ley; atención a las necesidades sociales de las víctimas y el apoyo en la identificación forense.
Desapariciones en México no se han investigado debidamente
Miles de desapariciones en México entre 2018 y 2020 no han sido investigadas conforme a lo previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, denunció la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés).
- “Descubrimos que existen aún grandes brechas entre lo que dice la ley, el número de desapariciones y el de investigaciones, lo que deja a gran parte de los casos en la impunidad”, señaló a Efe Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA.
- Tras presentar la campaña realizada por la organización de investigación e incidencia de la organización, Brewer puntualizó que lo más preocupante es que la Justicia está fallando a las personas desaparecidas en México desde el primer paso del proceso.
“Pudimos notar que muchas veces no se reconocen e investigan las desapariciones como delitos”, lamentó.
Detalló que de las más de 23,000 personas que están clasificadas como desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas entre 2018 y 2020, menos de un tercio están reconocidas como víctimas de algún delito concreto que esté bajo investigación.
Asimismo, explicó que la trata de personas no está considerada en este registro, y aunque la mayoría de menores de edad que fueron desaparecidos entre 2018 y 2020 son niñas, “ni una sola fue registrada como víctima de trata”.
- Brewer explicó que el problema de que las desapariciones sean consideradas como delitos distintos a los que prevé la Ley General en la materia es que las herramientas que proporciona no están disponibles para quienes buscan a sus familiares.
- Aunado a ello, las investigaciones no se llevan a través de fiscalías especializadas y unidades de análisis para ver casos en conjunto y determinar los patrones en los que se llevan a cabo estas desapariciones.
Llamado a la acción
La experta señaló que es esencial esclarecer los casos para conocer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, estudiar los patrones de desaparición y perseguir penalmente a los culpables.
“Ese camino empieza por reconocer las desapariciones como delitos, generar una teoría del caso y un plan de investigación, elementos muchas veces ausentes en la actualidad”, detalló.
Afirmó que esta campaña es un llamado a la acción a los Gobiernos federal y estatales para aplicar la ley y garantizar el derecho a las familias a participar plenamente en la búsqueda e investigación.
- Reconoció que si bien la responsabilidad de búsqueda e impartición de justicia es del Estado, cuando las autoridades no avanzan en las investigaciones las familias tienen que buscar por su cuenta “lo que las pone en riesgo”, destacó.
- Es por ello que la campaña de WOLA invita a las autoridades a cerrar las brechas entre las prácticas observadas y lo dispuesto en la Ley General en materia de desaparición.
- Aunado a la campaña, WOLA y organizaciones contrapartes en México enviaron una carta a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) y al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB) para compartir los hallazgos.
El objetivo es buscar la coordinación de los planes de acción para lograr que las prácticas institucionales cumplan con la Ley General./Agencias-PUNTOporPUNTO
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