La agrupación Sí por México detectó anomalías en los pagos del programa del Gobierno Federal Jóvenes Construyendo el Futuro, por hasta 2 mil 900 millones de pesos.
- Tras un análisis, encontró pagos a un número de personas que no coinciden con la cantidad de jóvenes vinculados a un centro de trabajo, que exceden el número de beneficiarios por municipios y a personas duplicadas, triplicadas y hasta repetidas 14 veces.
- Descubrió 2 mil 154 pagos a jóvenes sin registro completo por 38 millones 500 mil pesos; 2 mil 788 a personas cuyos pagos fueron duplicados o triplicados por 68 millones 522 mil pesos.
- Además, halló 11 mil 971 pagos a personas identificadas como “menor” “menor” “menor”, por 92 millones 295 mil pesos.
“Si se revisa el padrón, el programa te dice que es necesario el nombre y los dos apellidos, pero hay miles de registros que se llaman ‘menor’, ‘menor’, ‘menor’, con el primer y segundo apellido ‘menor’”, explicó Sí por México.
- También encontró pagos por 9 millones 162 mil pesos que exceden el número de beneficiarios por municipios y por 2 mil 730 millones 432 mil pesos a personas que no coinciden con el número de jóvenes vinculados a un centro de trabajo.
Corrupción en los estados
En Nuevo León, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido utilizado “por particulares para apropiarse indebidamente de recursos públicos destinados a los jóvenes, aprovechando que las reglas de operación dejan abierta la puerta a posibles desvíos”.
Existen dos redes de corrupción, una en el municipio de Linares y otra en el área metropolitana de Monterrey, que se dedican a inscribir por su cuenta a aspirantes al programa insignia de la 4T de Jóvenes Construyendo el Futuro, con el fin de apoderarse de gran parte del dinero de sus becas, de acuerdo a una investigación realizada por el diario Reforma. Estos jóvenes que ya terminaron la escuela pero no han encontrado trabajo no saben que están cayendo en engaños y sus datos personales son usados para el desvío de recursos.
- Reyes Lucio Zurita, exempleado de la Coordinación de Desarrollo Económico municipal de Linares en la actual gestión del panista Fernando Adame, creó una red con dueños de negocios locales para dar de alta a 100 jóvenes dentro del programa para desviar recursos federales.
- Este personaje ofrecía empleos a jóvenes para hacerse de sus datos personales, para luego usar esta información para inscribirlos en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro y se queda con las tarjetas bancarias donde el gobierno deposita las becas mes a mes.
- La segunda red de corrupción es operada por el aspirante morenista a diputado federal Yahir Omar Guerrero, quien engaña a estudiantes y les promete un apoyo económico de mil 600 pesos al mes si van a talleres de superación personal impartidos en Ser 360, uno de sus negocios.
Es ahí que les piden sus datos personales para inscribirlos en el programa y poder desviar las becas.
Irregularidades detectadas
El medio La Silla Rota dio a conocer a inicios de 2021 inconsistencias en el procedimiento de selección de beneficiarios, en las metas programadas y en los gastos de operación, así como irregularidades en la entrega de los recursos, son algunas de las irregularidades que registró en los primeros cinco meses de 2020 la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
- De acuerdo con la auditoría 18/2020 efectuada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), todas estas inconsistencias e irregularidades propiciarán posibles actos de corrupción y daños al erario federal.
- La coordinación, señala la SFP, no tiene elementos necesarios que permitan alcanzar las metas planteadas.
Además, se carece de información verídica sobre los procesos de operación en el programa «Jóvenes Escribiendo el Futuro», el cual contó con un presupuesto de 7 mil 776 millones de pesos en 2020.
Las primeras irregularidades
La primera de ellas es «inconsistencias en el procedimiento para la selección de la población beneficiaria del programa U280», ya que se exigen cuatro requisitos, sin embargo, al momento de llevar a cabo el registro sólo piden cinco.
«Diferencia en cuanto al número de requisitos señalados dentro las propias Reglas de Operación, el numeral 3.3.1 señala cuatro requisitos y el modelo de la convocatoria anexo 4, señala cinco requisitos», señala la auditoría de la SFP.
Una de las deficiencias que tiene el programa al momento de suscribirse es que el beneficiario no debe de recibir otro apoyo social para sus estudios, sin embargo, se detectaron casos en los que se duplican las entregas de dinero.
- Por ejemplo en el caso del «Programa de Becas Elisa Acuña» -que es parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez-, establece que es compatible con la «Beca Jóvenes Construyendo el Futuro».
- Las irregularidades llevaron a la SFP a determinar que existen «inconsistencias en las convocatorias de los Programas de Becas y deficiente coordinación de las áreas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez».
- Esto, dice el documento, afecta «la transparencia de los procedimientos que se lleven a cabo de manera eficiente y afecta a la calidad de las actividades desempeñadas, propiciando la materialización de riesgos».
La segunda observación que realizó la SFP son las «inconsistencias en la meta programada de becarios y gastos de operación».
- De acuerdo con el documento, la coordinación tenía programada como meta 300 mil beneficiarios, sin embargo, en el oficio CNBBBJ/DGPAEM/0248/2020/ se establecen 309 mil becarios.
Además, el documento menciona que la coordinación carece de datos que permitan determinar las acciones que realizan para la aplicación del programa.
La auditoría señala que la coordinación podrá destinar hasta 4.3% del presupuesto en «diversas acciones asociadas con la planeación, operación, supervisión, seguimiento, atención ciudadana y evaluación del Programa», sin embargo, «no se presentó información y/o documentación que acredite el monto erogado por este concepto».
Esto, señala la SFP, propiciaría posibles actos de corrupción y con ello un posible daño al erario federal.
La tercera inconsistencia está relacionada con la falta de «información de notificación y difusión de resultados y en la entrega de becas».
El documento menciona que el dinero es entregado a los beneficiarios que incluso están inscritos a otros programas.
«La Coordinación Nacional no presentó la información y/o documentación soporte que acredite la entrega de becas que fueron otorgadas conforme al monto y las fechas establecidas: enero, febrero, marzo-abril y mayo-junio de 2020».
Las «Becas Benito Juárez» son un programa diseñado por el gobierno federal para otorgar apoyos a los estudiantes de escasos recursos y que no abandonen sus estudios.
Según las metas establecidas, se espera que en 2030 todos los alumnos del país tengan acceso a los apoyos sociales.
En Puebla empresarios se benefician
Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aprobó un aumento del 15 por ciento en los recursos que reciben los beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en Puebla se encontró la forma de acceder a estos apoyos sin cumplir con los requisitos y objetivos para el que fue diseñado.
- Fue a inicios de este año cuando la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), María Luisa Alcalde, dio a conocer que a partir del próximo 13 de febrero aumentará de 3 mil 748 a 4 mil 310 pesos el apoyo mensual que reciben los beneficiarios, además de que se incorporará a medio millón de jóvenes más al padrón de este programa a nivel nacional.
- De acuerdo con el Padrón Único de Beneficiarios del gobierno federal, en Puebla hay 33 mil 730 jóvenes adscritos a este programa, mismos que reciben el apoyo económico a cambio de capacitarse en un centro de trabajo por un periodo de 12 meses, con la posibilidad de que la empresa que los recibe, mejor conocidos como capacitadores, los pueda contratar al final de ese plazo.
Sin embargo, la realidad es que en Puebla algunos empresarios y beneficiarios adscritos encontraron la forma de acceder a los recursos federales a cambio de una estrategia de simulación, que consiste en pedir a los becarios un 10 por ciento del apoyo a cambio de reportar su asistencia al centro de trabajo, aunque no fueran.
“Algunos de los chicos nos contaban que este sistema se prestaba para hacer más fácil los fraudes, nos contaba una chava que en una de las empresas que se inscribió primero entrevistaban a los chavos, los juntaron en Los Fuertes y ahí les dijeron que la idea iba a ser que ellos hicieran todo el proceso, se inscriban y les pasen el 10 por ciento de la beca; no iban, pero van a estar reportando que sí están siendo capacitados de buena forma”, comentó Gerardo Quiroz, quien trabajó año y medio como representante del programa federal en el Sistema Municipal DIF de Puebla.
Explicó que esto se debe a que eran los propios capacitadores quienes tenían que reportar a las delegaciones federales la asistencia y desempeño de los becarios, y aunque eran supervisados por los servidores públicos federales, no había suficientes para hacer las revisiones físicas de manera frecuente en todos los espacios de trabajo inscritos en el programa.
“Sí hay personal que va a las empresas a hacer supervisiones, a nosotros en el DIF, en el año y medio que estuve nos hicieron tres revisiones, pero platicando con la encargada que nos hizo las revisiones tres veces, nos decía que eran tantas empresas las que se registraban, que faltaba gente para darse cabida con todas las evaluaciones”.
En este caso, el intento de fraude y corrupción no era promovido por los servidores públicos, sino por los propios beneficiarios.
Burlan requisitos
No solo algunas empresas buscaron burlar los requisitos del programa, sino que también algunos de los jóvenes que buscaban inscribirse encontraron formas de acceder a estos recursos públicos, aunque muchas veces sin cumplir con los lineamientos de no estudiar o trabajar.
“El filtro era que no estuvieran estudiando ni trabajando para que pudieran acceder a la beca. Aquí de lo que adolecía un poco el programa es que los filtros no tenían tantos candados, era muy fácil que tu pusieras que no estabas estudiando ni trabajando, aunque sí lo estuvieras”, agregó el ex servidor público.
Explicó que el único candado que tiene el gobierno federal para verificar que el apoyo no se otorgue a estudiantes o trabajadores era revisar cada dos meses el padrón para comprobar que no estaban dados de alta en el seguro social o en un seguro académico, sin embargo, hay gente que trabaja sin estar dado de alta y recibe el apoyo./Agencias-PUNTOporPUNTO
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