La Jornada
Ana Karen López Quintana padece las consecuencias de la falta de fármacos antirretrovirales. Sufre continuamente de malestares e infecciones de todo tipo: “Hay un tráfico nacional de medicamentos para el tratamiento del VIH, que ha provocado una crisis de desbasto en todas las instituciones de salud de México y eso genera un preocupante aumento en las defunciones”.
Ana Karen es transexual y una de las 223 mil 995 personas portadoras del VIH en México y que sufren la falta de suministro de los antirretrovirales que se padece hoy en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida) y el Seguro Popular.
Desde hace 21 años vive con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y dirige la organización Tamaulipas Diversidad Vihda Trans AC, dedicada a la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres con VIH y otras poblaciones afectadas: “Hay pacientes que están recibiendo el antirretroviral con un mes de retraso y otros ni siquiera eso. La falta de medicamentos ha ocasionado que les cambien su tratamiento y eso les ocasiona más enfermedades”.
Mercado negro o intercambio
Cada tratamiento cuesta entre 25 mil y 35 mil pesos y dice que los antirretrovirales son “traficados” por funcionarios del sector salud, enfermeras, médicos y hasta encargados de las farmacias de las distintas instituciones: “Luego los venden en el mercado negro o simplemente los intercambian entre instituciones. Por ejemplo, en Tamaulipas los piden al Capasits (Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual) de Chihuahua. Es una forma de negociar y traficar con los medicamentos”.
Los antirretrovirales son suministrados en distintas etapas del ciclo del VIH y con la combinación de tres o cuatro fármacos los pacientes acceden a la Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (Targa): “Estamos padeciendo este desabasto por corrupción y malos manejos de los funcionarios del sector salud plenamente identificado y hemos puesto quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante Censida, pero sin respuesta”.
Hace algunos años, un funcionario del Hospital Canseco de Ciudad Victoria, Tamaulipas, dijo a Ana Karen: “Te vamos a poner en lista de espera hasta que alguien se muera y ese medicamento dártelo a ti”. En ese momento se dio cuenta que tendría que luchar por su legítimo derecho a la salud: “Fue tan fuerte mi coraje que pensé: ‘¿por qué tengo que esperar a que alguien se muera si todos tenemos derecho al medicamento?’”
Fue cuando decidió “encapucharse” y vestirse de blanco para protestar afuera de las dependencias de salud: “Hemos luchado toda la vida y nos da mucha tristeza que una persona con VIH muera por falta de medicamentos. Sencillamente en México no hay acceso oportuno a la salud y eso mata personas”.
Añade: “México no está cumpliendo. El Estado ha firmado tratados internacionales que vulnera flagrantemente. No tenemos antirretrovirales, y eso está provocando muertes. Llevamos 35 personas fallecidas entre mujeres, hombres y niños sólo en el sur de Tamaulipas”.
Explica que en esa zona hay 860 personas afectadas con VIH, pero la cifra se eleva a 3 mil 800 en el estado: “El incremento en las defunciones no es sólo porque el medicamento no está llegando puntualmente a los enfermos, es también por negligencia médica, discriminación, estigma. Al no llegar, los pacientes dejan de ir por su tratamiento y les repercute porque van a caer al hospital. Y lo que sigue es la muerte”.
De 42 años, Ana Karen lleva la mitad de su vida sufriendo la discriminación y la falta de atención médica. Dice que el sistema de los Capasits se presta al tráfico de medicamentos: “Censida lo manda específicamente a las personas diagnosticadas que contamos con una clave que nos identifica como usuarios, pero los funcionarios, médicos y enfermeras se lo quedan para traficarlo”.
El sistema consiste en poner un sello con la palabra “faltante” en la copia del documento de entrega, mientras el original se presenta como ya entregado el medicamento: “Finalmente es el Estado el que incumple por la corrupción y la impunidad. Nosotros tenemos meses exigiendo un Capasits nuevo en Tampico, Tamaulipas, porque está ubicado en una casa vieja donde huele a drenaje y hay muchos hongos. Tenemos fotografías y las pruebas de todo lo que está provocando, lo mandamos a Censida y evaluó que no cumplía con las normas de calidad para que nos brindara la atención, pero el gobierno de Tamaulipas se negó a cambiarlo”.
En concreto, señala a Alejandro Cortez Calderón, responsable estatal del programa VIH/sida: “Él encabeza el mal uso de los medicamentos antirretrovirales y su desabasto y por consiguiente los fallecimientos”.
Ana Karen trabaja en coordinación con otras organizaciones no gubernamentales del país, por ejemplo en Coatzacoalcos, Veracruz, donde están identificados alrededor de mil 600 portadores del VIH: “El gobierno no está generando acciones concretas en prevención y diagnósticos oportunos a la población. No se generan campañas permanentes para identificar la enfermedad o en su momento estar promoviendo el uso del condón a la población que es activa sexualmente”.
Sin diagnóstico oportuno
Además de que “por cada persona afectada, hay cinco que no saben su diagnóstico, porque no hay prueba de por medio. En Tamaulipas, por ejemplo, en un centro de salud, en un hospital, no hay pruebas de VIH, solamente en los Capasits. Lamentablemente la población activa sexualmente no tiene un diagnostico oportuno”.
Otro de los problemas es la criminalización que en estados como Veracruz está sucediendo a través de la reforma del Código Penal: “El artículo 158 del Código Penal criminaliza a las personas con VIH en la cuestión de la transmisión. Los que hicieron esta ley no están informados de los derechos de los pacientes. Perjudica muchísimo. Por ejemplo, si alguien transmite el VIH a otra persona conociendo su condición de salud y no avisa, es penalizado. Eso está generando que las personas tengan miedo de hacerse las pruebas de VIH y daña mucho”.
Indignada, comenta que este tipo de leyes no deberían existir: “Las personas son responsables de su sexualidad. Las personas que vivimos con VIH no tenemos que andarle diciendo a medio mundo. Hay que protegerse y que la otra persona también asuma su responsabilidad para utilizar el condón. Tenemos que ser responsables con nuestra sexualidad. ¿Quién te garantiza que el cliente no tenga VIH? ¿Quién vigila a los clientes?”
Identidad sexual
Ana Karen nació en Salina Cruz, Oaxaca. Tiene cuatro hermanos y desde muy niña dio muestras de sus preferencias: “Desde mi niñez tenía la necesidad de ser mujer. Siempre me identifiqué como mujer. Mis hermanos jugaban con carritos y a mi me gustaban las muñecas. Yo jugaba con juegos de té y a las comiditas. Me encantaba jugar al papá y la mamá y, obvio, yo siempre era la mamá”.
Cuenta que recibió el apoyo de su familia, pero sufrió mucho en la escuela: “Había mucha violencia sicológica y emocional. Fui golpeada, sufrí demasiado. A pesar de todo, eso me armó de valor. Y decidí enfrentarme a la sociedad. Fue difícil, pero aquí estoy, convertida en guerrera”.
A los 18 años empezó su terapia de remplazo hormonal y luego le diagnosticaron el VIH: “Me di cuenta de que tener VIH no me limita a ser una persona productiva. Me enfoqué a las poblaciones trans por todo lo que hemos sufrido de discriminación. Hay mucha transfobia”.
Hace unos meses, solicitó la estadística de población trans atendida en los Capasits y se llevó una gran sorpresa: “El estado me contestó que no había, porque sólo atienden hombres y mujeres. Nos está invisibilizando y no estamos reconocidas como población trans. Entonces, ¿no existo?”
Y efectivamente, los documentos de identidad de Ana Karen conservan su anterior nombre: José del Carmen: “Tenemos una apariencia tan femenina y sin embargo nos llaman Pedro, Juan, José, porque no hay ese respeto a las identidades. Las chicas trans aún no tenemos la posibilidad de cambiar de nombre, sólo las que viven en la capital de la República, el resto seguimos luchando. Si no tenemos la aceptación de nuestro nombre, menos el acceso a la salud o al trabajo”.
Ana Karen sonríe, va perfectamente maquillada y viste unos ceñidos pantalones de mezclilla que destacan su feminidad. Mueve las manos de manera exquisita, coquetea a su alrededor moviendo su melena y dice: “Todavía hay funcionarios que cuando vamos por los medicamentos nos dicen: ‘Te enfermaste por ser puto, por joto y maricón. Hay mucha ignorancia, mucha discriminación’”.
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