En la primera recta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (diciembre de 2018 a agosto de 2021) se registraron cinco mil 762 denuncias en todo el país por delitos contra el medio ambiente, lo que ya supera los ilícitos registrados en la segunda mitad de la administración de Enrique Peña Nieto (diciembre de 2015 a noviembre de 2018), cuando se contabilizaron cinco mil 356.
- Aunque las denuncias disminuyeron en 2020, con la llegada de la pandemia de Covid-19, en lo que va de este año las cifras parecen proyectar un nuevo aumento. Tan sólo entre enero y agosto del año pasado se registraron mil 331 reportes por delitos ambientales, mientras que en el mismo periodo de 2021 ya van mil 473, indican los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La cifra negra es mucho mayor por la ausencia de denuncias.
- Los delitos ambientales suponen una serie de actos que dañan un ecosistema y provocan el desmejoramiento del ambiente. Las cifras del Secretariado no especifican el tipo de delito cometido, aunque hay de muchas clases. En la legislación mexicana, las actividades catalogadas como tales se tipifican en los artículos 414 a 423 del Código Penal Federal.
Existen varios ejemplos, como son realizar actividades con materiales o residuos peligrosos que dañen la salud pública, la flora y fauna silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas; descargar contaminantes a la atmósfera; descargar aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, lagunas y aguas subterráneas, y destruir o rellenar pantanos, humedales, lagunas o manglares.
También comerciar con especies endémicas o en peligro de extinción; provocar incendios en bosques o selvas, destruir o talar árboles sin la autorización correspondiente e introducir al país flora o fauna que padezca enfermedades contagiosas o plagas, entre otros.
“La contaminación puede ser de distintas naturalezas: el desecho de productos no deseados; la pesca incidental que provoca la contaminación del agua; los desechos de aguas residuales cuando en ciudades costeras no existe infraestructura; el mal manejo o la mala administración en cuanto al desarrollo costero en el sentido de que se están haciendo granjas de acuacultura o cualquier otro tipo infraestructura y perdemos este hábitat costero”, explicó Catalina López-Sagástegui, directora del Programa del Golfo Marino de California de la Universidad de California, en Estados Unidos.
La especialista agregó que normalmente estos actos no están regulados, o si lo están, simplemente nadie hace caso.
Reducen presupuesto
Pese al incremento de denuncias, el presupuesto a las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente ha ido en picada. La falta de personal y corrupción de autoridades encargadas de vigilar han abonado a la problemática.
Gonzalo Chapela, coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), señaló que existe una falta de inversión de presupuesto.
- “Hay una caída de más de 60 por ciento a la Conafor, tanto para la promoción de las buenas prácticas como para la capacitación de las comunidades y usuarios; y también a la Semarnat para poder ejercer la regulación”.
- Entre 2016 y 2021, el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pasó de 55 mil 770 millones de pesos a 31 mil 348 millones.
A su vez, en el mismo periodo el gasto de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) cayó de siete mil 487 millones a dos mil 362 millones de pesos. En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el presupuesto disminuyó de 968 a 742 millones. Y los recursos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) bajaron de mil 359 millones a 866 millones de pesos.
Para López-Sagástegui el problema no sólo es de presupuesto, sino de un cambio de fondo. “Definitivamente sin presupuesto claro que es bien difícil operar cualquier cosa. Cualquier institución o cualquier objetivo o meta que nos pongamos va a ser más difícil alcanzarlo.. Si no arreglamos esas fallas de fondo no vamos a solucionar el problema”, aseguró la integrante del Instituto de las Américas.
Narco controla tala en el occidente
Las bandas del crimen organizado de Jalisco y Michoacán controlan la tala ilegal en la región occidente de México (Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán), donde “operan con total impunidad, utilizando la intimidación, el secuestro y el soborno para silenciar a los terratenientes, las comunidades y los funcionarios del gobierno”.
Según el estudio Gobierno pasivo, crimen organizado y deforestación: el caso del occidente de México, las autoridades federales y estatales han permitido la tala ilegal y la continua degradación de los bosques, que no se detiene ni durante la temporada de incendios forestales, por medio de una red de corrupción de las bandas criminales.
- La investigación realizada por los académicos de la UDG, Carlos Ignacio García Jiménez, ingeniero agrónomo y doctor en Economía Aplicada, así como Yalma Vargas Rodríguez, bióloga y doctora en Ciencias en Sistemática, Ecología y Evolución, establece que entre 2017 y 2019, el 4% de la producción nacional de madera fue extraída ilegalmente tan sólo de Talpa de Allende, Jalisco.
- En 2019, la producción total de madera en el país fue de 7.5 millones de metros cúbicos, según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
- El artículo publicado en la revista Conservation Science and Practice, estima que el 70% de la madera en México carece de permisos de extracción.
Precisa que las malas prácticas institucionales, los presupuestos reducidos y las redes de corrupción e impunidad generan degradación ambiental en el oeste y probablemente en otras regiones del territorio nacional.
- Modus Operandi: Los delincuentes seleccionan un área boscosa de interés y se acercan al propietario ofreciendo un pago por la madera; si el dueño no quiere vender, a menudo a precios muy bajos, la organización criminal actúa de todos modos, e incluso sin compensación”, relatan.
Los propietarios presentan quejas ante la Profepa y, a menudo, reciben como respuesta que un inspector realice una visita de supervisión al área; sin embargo, una vez que las autoridades del gobierno federal llegan a fiscalizar, las pandillas los intimidan o secuestran, por lo que tienen que salir huyendo”, señala.
Los académicos agregan que los habitantes y autoridades locales ven a diario la extracción ilegal de caoba, nogal, oyamel, pino y roble, cuando los camiones pasan repletos de madera, por las carreteras hacia los puertos de Colima y Michoacán.
- Las autoridades gubernamentales permiten pasivamente estas actividades irregulares por la falta de sanciones (atribución de Profepa), y la falta de acciones legales, que es responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su oficina de delitos ambientales, que muy rara vez realiza detenciones o consigue condenas contra los delincuentes”, subraya.
- Los doctores Carlos Ignacio García y Yalma Luisa Vargas indican que se requieren instituciones ambientales sólidas en México. “La Semarnat tendría que revisar y mejorar su normativa, funciones y reducir las ineficiencias burocráticas”.
De acuerdo con información de seguridad federal, en Jalisco sólo opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que en Michoacán además del CJNG, hay células de la Familia Michoacana, Los Viagras y Cárteles Unidos./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
