La batalla de la presidenta Claudia Sheinbaum por erradicar la corrupción no será sencilla. Aunque creará la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y dejará al frente de la estrategia a Raquel Buenrostro, conocida como la “mujer de hierro”, México se encuentra estancado y entre los últimos lugares a nivel mundial en percepción de la corrupción.
- Por si fuera poco, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se creó en 2016 como un mecanismo de coordinación entre autoridades locales y federales para combatir ese fenómeno y aumentar la transparencia, estuvo abandonado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción y que, si llega a haberlo, para eso está la Secretaría Anticorrupción, porque nosotros tenemos un mandato popular que es erradicar la corrupción”, aseveró la presidenta el día 17 de su administración, cuando presentó el proyecto para transformar la Secretaría de la Función Pública en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
- El enfoque de la nueva administración, de acuerdo con Buenrostro, consiste en implementar una política más preventiva que correctiva, así como fortalecer la honestidad y la «integridad» de las dependencias, proyecto para el cual se requerirá de una reforma a la Ley Órganica de la Administración Pública.
- La transformación y el nuevo rol que tendrá la institución a cargo de Buenrostro ha generado preocupaciones porque la nueva dependencia será juez y parte: combatirá la corrupción al tiempo que tendrá la responsabilidad de garantizar el derecho a la información, que está consagrado en el artículo sexto de la Constitución.
“Estamos en riesgo de perder algo que habíamos ganado después de muchos años de opacidad este país, durante el gobierno de un solo partido y volver a aquellas épocas, es lamentable”, advierte Jacqueline Peschard, expresidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (hoy INAI) y también del primer Comité de Participación Ciudadana del SNA.
El gobierno de Sheinbaum también apuesta a ampliar las atribuciones de la Secretaría en la materia, que desde el gobierno de Miguel de la Madrid es de la Función Pública, pero que cambiará de nombre a partir del próximo año.
Para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, México ya cuenta con el SNA, pero éste lleva un sexenio en la inoperancia.
“Se abandonó el Sistema Nacional Anticorrupción”, sentencia Peschard.
Aunque en el discurso presidencial el combate a la corrupción estuvo presente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en los hechos fueron magros los resultados, de acuerdo con indicadores internacionales.
- A nivel internacional, México ocupa la posición 126 de 180 países y es el peor evaluado de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 elaborado por Transparencia Internacional.
Cuando se estima en pesos el costo de la corrupción, también hubo retrocesos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental , realizada por el INEGI, el costo de incurrir en actos de corrupción se estimó en 11,910 millones de pesos en 2023, cifra 45% mayor a los 8,357 millones de pesos que se calcularon en 2021.
En riesgo también la transparencia
Una de las atribuciones que, por la reforma constitucional que desaparece los órganos autónomos, seguramente tendrá la secretaría a cargo de Buenrostro, será la transparencia, lo cual ha generado preocupaciones de mayor opacidad en el gobierno.
La funcionaria ha asegurado que, si desaparece el INAI, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la garante del derecho a la información de los mexicanos.
- “En caso de aprobarse esta reforma, nosotros ya estamos trabajando en una propuesta de Ley General de Transparencia que garantice que esta secretaría pueda llevar a cabo todas estas funciones y, al mismo tiempo, que no sea juez y parte con el involucramiento de otros entes públicos como son los tribunales administrativos, y con eso iniciar una era de transparencia proactiva”, afirmó Buenrostro.
- Al respecto, Jacqueline Peschard advierte incongruencias en la propuesta, entre ellas que no habrá independencia entre la titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y las tareas de transparencia y acceso a la información.
- “La secretaria Buenrostro puede decir que van a tratar de no ser juez y parte, pero pues tienen que ser juez y parte porque así está estructurada, que es una dependencia del gobierno federal, que de hecho el nombramiento de su titular pues depende de la presidenta”, explica.
En el caso del IFAI y después del INAI, sus integrantes son elegidos por el Senado de la República. A ello se sumaría que la rendición de cuentas no sería para todos los que hoy son sujetos obligados.
“Vamos a tener una ley de transparencia debilitada, descafeinada, sin todas las obligaciones que tiene la actual ley de transparencia porque es una ley que obliga a todas las entidades públicas, no solamente al gobierno y todas las secretarías del gobierno federal, sino al Poder legislativo, a los organismos autónomos, a los fideicomisos, a los fondos, a los partidos políticos, a los sindicatos que reciben recursos públicos”, agrega Peschard.
- La organización Fundar aseguró que la eliminación del INAI representaría una “vulneración a los avances institucionales registrados en materia de transparencia y derecho de acceso a la información”, porque sin interferencias partidistas, ese instituto ha garantizado que la información pública sea accesible.
- José Luis Castañeda, catedrático de la Universidad Intercontinental, subraya que el INAI ha sido clave en la lucha contra la corrupción porque gracias a ese organismo, apunta el experto, se descubrieron varios asuntos relacionados con corrupción.
- Algunos de esos casos fueron las toallas del expresidente Vicente Fox con un costo de 4,000 pesos; la llamada Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto, propiedad de un contratista de su gobierno; así como el uso del software Pegausus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.
«Si la nueva secretaría asumirá sus funciones, al menos, debería tener dientes», agrega Castañeda, «para obligar a las autoridades a entregar la información que pida ciudadano y, de no hacerlo, imponer sanciones”.
Diputados avalan crear la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión apenas a inicios de este mes.
Este proyecto contempla la creación de dependencias:
- Secretaría de las Mujeres (antes Instituto Nacional de las Mujeres), dependencia que estará a cargo de Citlalli Hernández Mora
- Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (antes Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías -Conahcyt-), cuya titular será Rosaura Ruiz Gutiérrez
- Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo de José Antonio Peña Merino
- Cambio de nombre de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cuya titular es Raquel Buenrostro Sánchez
La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno tendrá un alcance transversal. Esto significa que estará vinculada a las dependencias gubernamentales. Asimismo, contará con facultades normativas y de supervisión, además de la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
- En total, tendrá 10 pilares. El primero se basa en dignificar la carrera del servicio público, a través de la formación en integridad y capacitación para el cumplimiento de sus metas; el segundo, consta de dar acompañamiento preventivo a las instituciones y blindar los programas prioritarios.
- El tercero, moderniza a la ASP para inhibir la corrupción y eficientar su desempeño; el cuarto, consolida compras públicas transparentes, a precios justos, que fomenten proveeduría nacional; el quinto, busca la transparencia proactiva, y el sexto, tiene el fin de sumar a la sociedad y al sector privado en la lucha contra la corrupción.
Asimismo, el séptimo pilar sumará al Órgano Interno de Control (OIC) en áreas de mayor impacto y relevancia; el octavo, fortalecerá la cultura de la denuncia y garantizará la confidencialidad; el noveno, realizará investigaciones que inhiban la corrupción, y el décimo se basa en combatir la impunidad.
De igual manera, Buenrostro detalló que “partimos de un ejercicio que ya se hizo de empezar a separar el poder político del poder económico. Eso significa que el gobierno en lugar de estarse preocupando siempre por beneficiar a los grupos más poderosos, a los más ricos, está viendo por el bien del pueblo”.
- Entre las bases de esta modificación, mencionó que el gobierno seguirá trabajando, con el objetivo de eliminar la condonación de impuestos y los privilegios a las clases más altas. Además, explicó que la entrega de programas sociales continuará sin intermediarios, así como la austeridad republicana.
“Las grandes fortunas eran beneficiadas cada cambio de administración, venía una condonación de impuestos grandes a todos los poderes económicos que habían apoyado en las elecciones previas y eso, al final del día se traduce en menos recursos para gobernar, menos recursos para programas sociales y menos recursos para inversiones públicas. Eso se eliminó. Se acabaron los privilegios”.
La meta de los primeros 100 días de la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno será la reestructuración de la Administración Pública Federal; el acompañamiento a obras como el Tren Maya, al sector salud y en la seguridad alimentaria, y las reformas a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras.
“Y otro tema es el futuro de la transparencia. ¿Qué tenemos en la transparencia? Lo primero que tenemos que saber es que la propuesta de reforma mantiene la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho al acceso de la información pública y a la protección de los datos personales, es decir, no cambia en nada lo que requiere la gente en cuanto a información. En caso de aprobarse esta reforma, nosotros ya estamos trabajando en una propuesta de Ley General de Transparencia que garantice que esta secretaría pueda llevar a cabo todas estas funciones y, al mismo tiempo, que no sea juez y parte con el involucramiento”, puntualizó.
La desaparición del INAI amenaza con dejar 15.000 millones de datos en el limbo
La extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se acerca. De poco han servido las variadas propuestas que lanzaron los miembros del organismo en su búsqueda para evitar la extinción.
La propuesta para desaparecer siete entes autónomos, entre ellos el INAI, verá la luz en la Cámara de Diputados, y luego en el Senado. Morena, que cuenta con los votos para aprobar la enmienda, ha detallado quién asumirá las funciones del instituto a cargo de garantizar la transparencia, pero ha dejado un vacío jurídico en algunos asuntos, como qué pasará con la infraestructura o quién operará la Plataforma Nacional de Transparencia, que compila cerca de 15.000 millones de datos, unos 2.500 del Gobierno federal y unos 12.500 de los Estados. Cientos de miles de contratos y solicitudes de información con sus respectivas respuestas, que tienen hoy un futuro incierto.
- La plataforma del INAI es, desde su creación en 2016, la principal herramienta para acceder a información de carácter público. Fueron 11 años de idas y vueltas para que se concretara la construcción de ese sitio web, un recorrido que ahora quedará enterrado con la nueva reforma.
se puede solicitar cualquier información a las dependencias públicas, que están obligadas, salvo excepciones, a brindar los datos. Si la dependencia no responde, los usuarios pueden presentar quejas, que son atendidas por los comisionados del instituto, los encargados de resolver cuándo los Gobiernos están forzados a dar lo que se les ha pedido. El sitio cuenta además con un buscador para conocer los sueldos de funcionarios públicos, el directorio, los presupuestos, o los contratos otorgados.
La página web ha sido crucial para la difusión de información en México y el trabajo de la prensa. A través de las solicitudes de información, se dio a conocer el expediente de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El INAI instruyó a la Fiscalía General de la República a revelar la investigación sobre las siete fosas clandestinas encontradas en 2010, donde fueron hallados restos de 196 personas.
También ha servido para destapar otras cloacas, como la Estafa Maestra, una investigación periodística que sacó a la luz el desvío de 7.600 millones de pesos a través de una triangulación de recursos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque el origen de la investigación fue un informe de la Auditoría Superior de la Federación, el instituto emitió 252 resoluciones forzando a las instancias a responder a las solicitudes, que eventualmente contribuyeron a confirmar la ruta del dinero.
- En el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la plataforma ha servido de soporte para verificar datos sobre el desvío millonario de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana, el caso de corrupción más escandaloso en ese sexenio. El INAI ordenó a la Fiscalía, en este caso, revelar las denuncias por presunto daño patrimonial contra la dependencia.
- La enmienda constitucional, que llegará al pleno del Congreso en los próximos días, apunta que las funciones de custodia del derecho de acceso a la información, la política de transparencia y la protección de datos personales serán asumidas por la Secretaría de la Función Pública, ahora bautizada como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- Esas mismas funciones tendrán los órganos de control y disciplina del Poder Judicial y las contralorías del Congreso y de los Estados. Lo que implicará que las solicitudes se hagan a cada una de las dependencias, y no estén concentradas en un solo sitio.
La extinción del INAI pone en peligro de muerte a la página web, que ha quedado fuera de las proyecciones hechas por el oficialismo en la reforma. El sitio requiere de recursos económicos y humanos para su mantenimiento y su seguridad, una inversión que el Gobierno no ha aclarado.
- En lo que va del año se han registrado 272 millones de intentos de ciberataques, ha asegurado la comisionada Julieta del Río Venegas, encargada de la operación de la plataforma. El servicio de seguridad perimetral, que protege la plataforma de esos ataques, cuesta unos 17 millones de pesos anuales.
Del Rio Venegas y el resto de los comisionados no han perdido la esperanza de frenar la extinción del organismo. En los últimos meses han intentado negociar sin éxito una reducción del presupuesto de unos 335 millones de pesos, el 30% del total, y han puesto sus cargos sobre la mesa. Ahora piensan en rescatar la plataforma. Pero la decisión final quedará en la cancha de Morena, que decidirá también el destino de la página web que, si corre con suerte, puede librar la desaparición del INAI./Agencias-PUNTOporPUNTO
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