A pesar del vehemente discurso contra la corrupción de Andrés Manuel López Obrador, México llega a otro año sin una clara estrategia gubernamental para combatirla y con escándalos familiares que manchan la imagen del presidente.
“Vivir en una sociedad mejor es lo que estamos buscando, pero para eso hay que acabar con la corrupción, hay que acabar con el influyentismo, hay que acabar con la impunidad y eso cuesta a algunos entenderlo”, expresó este miércoles el presidente en su tono habitual contra los gobiernos anteriores.
Discurso que contrasta con los resultados
“Hay un contraste enorme entre la narrativa del presidente y sus acciones, una contradicción muy grande”, sostiene la directora de la organización México Evalúa, Edna Jaime, quien opina que las cosas siguen “como siempre”.
Mucho discurso y poca estrategia
La estrategia de López Obrador se basa en la idea de que si el presidente da “ejemplo”, el resto de funcionarios no son corruptos.
Pero según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los ciudadanos que han sido víctimas de actos de corrupción por parte del poder público aumentaron del 12 % de la población en 2013 al 16 % en 2019.
- El instituto calcula además que en 2019, los mexicanos tuvieron que pagar un total de 12.770 millones de pesos (645 millones de dólares) en “mordidas”, sobornos o extorsiones para realizar trámites ante las autoridades, sobre todo policiales.
- “Los sobornos para la adquisición de contratos, las mordidas para la policía o para tener trámites… Eso no lo puede controlar el presidente. Para eso se necesita una red de instituciones de control que funcionen”, defendió la directora de México Evalúa.
Pero el Gobierno de López Obrador ha dejado sin efecto el Sistema Nacional Anticorrupción, un conjunto de instituciones independientes diseñado en 2016 por la presión de la sociedad civil.
Y además, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, ha optado por suprimir 109 fideicomisos independientes que gestionaban fondos para ciencia y derechos humanos, mientras adjudica el 70 % de los contratos públicos de manera directa.
“Repartir el poder en muchas manos es un mecanismo de control porque dificulta que se pongan de acuerdo para robar. Limita las decisiones discrecionales”, defendió el investigador de MCCI, quien cree que López Obrador busca saltarse “obstáculos”.
Salpicado por familiares y compañeros
Tras arrasar en las elecciones de 2018, López Obrador prometió a todo un país harto de la corrupción que esta práctica se iba a acabar. “Sea quien sea será castigado”, incluidos “amigos y familiares”, expresó en su discurso de victoria. Pero su imagen de pulcritud se ha ido desdibujando.
El pasado lunes, tuvo que salir al paso ante la noticia de que su prima Felipa Obrador recibió cerca de 365 millones de pesos (18,43 millones de dólares) en contratos otorgados por la petrolera estatal Pemex durante la actual Administración.
- “El discurso de que los que estaban antes eran malos porque eran corruptos pero ‘nosotros somos diferentes’ no funciona. Basta con un solo ejemplo, como el de la prima, para tirar todo esto”, dijo a Efe Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
- Y no es la primera vez que López Obrador tiene que dar la cara por un familiar. El pasado agosto, se filtraron dos videos que muestran a su hermano Pío López Obrador recibiendo supuestos sobornos durante una campaña electoral local en 2015.
El presidente dijo “no abogar por nadie” y ordenó que se investigara, pero tras las pesquisas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontró “nada que fuera significativo”.
Y en julio, las autoridades tuvieron que sancionar a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, estrecho colaborador de López Obrador, tras conocerse que vendió al Gobierno ventiladores para enfermos de covid-19 a un precio superior al de mercado.
Alvarado reconoció que ante estos casos, el actual Gobierno ha tenido una respuesta más “contundente” que la que tenían las anteriores Administraciones, pero advirtió que el combate a la corrupción no es solo “reaccionar a la presión mediática” sino tener una estrategia.
Los ojos puestos en los macrojuicios
La promesa del combate a la impunidad de López Obrador pasa ahora su prueba de fuego con los procesos judiciales por corrupción contra la exsecretaria de Desarrollo Rosario Robles y el exjefe de Pemex Emilio Lozoya, ambos del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
La Fiscalía logró un pacto con Lozoya que implica a Peña Nieto en el caso Odebrecht, mientras busca que Robles haga lo mismo en el caso de desfalco conocido como La Estafa Maestra.
- “La Fiscalía necesita construir un caso sólido ante el juez y no estoy segura de que exista capacidad ni voluntad política para llevarlo a sus últimas consecuencias”, subrayó Edna Jaime, quien teme que todo quede en un “puro show”.
Y es que López Obrador ya ha dicho que para procesar a expresidentes lo deberán avalar primero los ciudadanos en una consulta popular.
“Es aberrante, la justicia no se somete a voluntad popular. Las instituciones tienen que operar si tienen indicios de actos criminales”, dijo la activista.
López Obrador no pasa del discurso
Acabar con la corrupción en un año. Con esa promesa Andrés Manuel López Obrador llegó hace dos años a la presidencia de México, un objetivo que se ha quedado en el discurso y que ha sido opacado con los casos que han alcanzado a su círculo cercano.
- Especialistas en la materia coinciden en que este combate a la corrupción no se ha visto en acciones concretas emprendidas desde Palacio Nacional.
Desde que López Obrador asumió la presidencia su plan de gobierno se ha resumido en una idea: “acabar con la corrupción y con la impunidad”. Su premisa parte de que si él es honesto, los demás integrantes de la administración pública lo serán.
- “El combate a la corrupción es importante en su discurso, no solo es con el que ganó la presidencia, también es parte de su popularidad”, plantea Francisco Parra, politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
No obstante, esa campaña se ha visto manchada por situaciones irregulares que han alcanzado a personajes vinculados con López Obrador. En agosto pasado, por ejemplo, se difundió un video en el que, Pío López Obrador, su hermano, aparece recibiendo dinero de David León Romero, entonces colaborador del gobierno de Chiapas y hasta hace unos meses funcionario federal. Los recursos, supuestamente, fueron utilizados para apoyar a Morena en la campaña de 2015.
- Aunque López Obrador confirmó que el dinero fue para el partido que él fundó, negó que se tratara de un acto de corrupción, comparando el material con otras grabaciones difundidas días atrás en las que se involucró a políticos de oposición en la trama de corrupción de Odebrecht, por la cual está detenido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Estas últimas grabaciones fueron hasta difundidas en su conferencia de prensa matutina.
El presidente también llamó a una investigación en el caso de su hermano, la cual no ha arrojado hasta el momento que Pío López Obrador haya incurrido en una falta ante la ley, lo cual ha sido cuestionado por la oposición. Sobre ello los especialistas advierten la falta de congruencia entre el discurso y el actuar.
Para Fabiola Navarro Luna, coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, casos como estos afectan la confianza ciudadana en las instituciones y el gobierno, por lo que hubiera sido buena señal de congruencia que las instituciones encargadas de la investigación hubieran rendido un informe más detallado.
“Estos videos muestran algo que ya sabemos y es que la corrupción política suele empezar con el financiamiento ilícito de campañas electorales”, comenta.
- Semanas después otro asunto llegó a la conferencia matutina del presidente. La organización Mexicanos Contra la Corrupción reveló que el secretario particular del mandatario federal, Alejandro Esquer Verdugo, contrató a proveedoras fantasma para la campaña electoral de 2018.
Visiblemente incómodo, el presidente acusó que detrás de esa información, publicada por el diario El Universal, había una campaña en contra de su gobierno. “Es parte de la campaña de desprestigio a nuestro gobierno, es el otro pasquín inmundo”, sostuvo en esa ocasión
El politólogo y profesor de la UNAM, Rafael Morales, señala que es polémico que un gobierno que desde el inicio ofertó un combate frontal a la corrupción, ahora esté trabajando con sesgos.
“Parece que hubiera una claudicación en lo relativo a temas que son próximos al gobierno o cercanos al presidente de la República… La corrupción se tiene que castigar venga de donde venga, no tiene que haber un criterio personalista, personal o que sesgue políticas anticorrupción”, señala./Agencias-PUNTOporPUNTO
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