RITA MAGAÑA TORRES
El presidente del Senado, Miguel Barbosa, aseveró que el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, fue ajeno a la decisión de suspender el proceso de evaluación de docentes, pues fue producto de una negociación entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En tanto, senadores del PAN anunciaron que pedirán al presidente Enrique Peña Nieto, la remoción del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Por su parte, Carlos Romero Hicks declaró que este miércoles de la Comisión Permanente del Congreso, presentarán un punto de acuerdo para que el titular de la SEP comparezca y explique sobre la cancelación de la evaluación docente.
Pidió al Presidente considere la posible remoción del funcionario federal, pero también se requiere su comparecencia, también de funcionarios de Gobernación y el INEE para que expliquen todo esto.
En conferencia de prensa, Miguel Barbosa pedirá en la Comisión Permanente del Congreso la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que explique el anuncio de la suspensión de las evaluaciones a docentes en forma indefinida.
Dijo que la reforma educativa no puede ni debe suspenderse a partir del mero anuncio de un organismo, como la Coordinación Nacional del Servicio Nacional Docente de la SEP, que carece de facultades para poner trabas a este proceso.
“Es un balazo al aire del Gobierno Federal. Yo tengo la convicción que de este anuncio el propio secretario de Educación Pública es ajeno, se de las convicciones de Emilio Chuayffet.
Afirmó que la Cámara alta no permitirá se suspenda este proceso de ninguna manera, aunque eso sí, rechazó que vaya a exigirse la dimisión del funcionario público.
Consideró como probable que el propio Chuayffet ni si quiera fue enterado de este procedimiento y la decisión respectiva “fue tomada en el Palacio de Cobián, en Bucareli”.
Indicó que el Senado no debe permitir que se suspendan estos procesos de evaluación, pues fue un error del gobierno cancelarlos, porque una vez que es una ley, es un producto legislativo que se debe impulsar e implementar.
Advirtió que la peor derogación de la ley, es la no aplicación de la misma, que es lo que forma parte de ese anuncio, “yo seré un impulsor para que el Senado, impida que se suspenda el proceso evaluatorio”.
“Este anuncio fue tomado no en el edificio de República de Argentina, sino en Bucareli, en el Palacio de Covián, forma parte de una negociación con la CNTE –por cierto en todo caso fracasada, ante los hechos de violencia de este organismo gremial profesores en relación al proceso electoral.
“Bueno, ¿no sé dónde está la oficina de Luis Miranda?, ¿está en Covián, también?, solamente es por continuidad de quien se ha ubicado frente a la negociación”, acusó.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, expuso que la SEP carece de facultades para suspender de manera unilateral este proceso de evaluación.
Dijo que se trata de una invasión de las facultades y competencias del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), además de que se vulnera su autonomía constitucional.
Recordó que es atribución del INEE y no de la SEP, expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federales y locales, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden.
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