La caída en inoperancia del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), a causa de una dilación del Senado, se da en un contexto en el que la inconformidad por las respuestas o la falta de éstas a solicitudes de información, hechas a entes de la administración pública, ha crecido 22.4 por ciento en el actual sexenio.
- En el 2019, el primer año completo de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizaron 281 mil 803 solicitudes de información, de las cuales 16 mil 542 —el 5.8 por ciento— derivaron en un recurso de revisión, según datos del Inai.
La inconformidad ha transitado con vaivén desde entonces, pues para el 2020 hubo 15 mil 62 recursos, que representaron 6.1 por ciento de las 245 mil 559 solicitudes. En el 2021, la relación bajó a 5.3 por ciento, ya que se presentaron 14 mil 882 reclamaciones respecto de los 277 mil 133 cuestionamientos.
- Sin embargo, en el 2022 hubo 309 mil 621 solicitudes, pero 22 mil 204 concluyeron en un recurso de revisión; es decir, 7.1 por ciento, una proporción 22.4 por ciento mayor que la del 2019.
El Inai no sólo tutela el derecho a saber de las personas, sino también su derecho a la privacidad
Eduardo Bohórquez, Director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señala que el recurso de revisión es el medio con el que las personas cuentan para impugnar, en caso de que la instancia pública a la que solicitó información niegue la respuesta o la entregue incompleta.
Un ejemplo es cuando ciudadanos preguntan a una institución sobre cómo se ha ejercido el presupuesto para determinados proyectos y la dependencia responsable declara que tal información es reservada, inexistente o que no tiene facultades para otorgarla.
- Desde enero hasta el 4 de febrero pasado, (último corte de datos del Inai) hubo 24 mil 761 peticiones y mil 422 recursos en el país.
- Durante la última semana registrada, del 29 de enero al 4 de febrero, el sujeto obligado con mayor número de impugnaciones fue la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 45 recursos.
Estos recursos de revisión se presentan también cuando la respuesta dada por un sujeto obligado a proporcionarla es incompleta, no responde conforme a lo solicitado, la modalidad o formato de la respuesta es distinta a la solicitada o se entrega en un formato incomprensible, entre otros.
Éstos se presentan en un plazo de 15 días posteriores a la fecha en que se recibió la respuesta, y es el pleno del Inai la autoridad encargada de resolver los recursos en un plazo máximo de 40 días a partir de que los admite y sólo puede ampliarse una vez hasta por 20 días.
Plan con maña, MORENA impide la transparencia
La inactividad actual del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, por falta de quorum, al haber tres comisionados —de un total de siete— menos, se da en un contexto donde su actuar ha sido clave para abrir las respuestas que organismos y dependencias de la administración pública federal se han negado a brindar o completar.
- Tal es el caso del organismo del Estado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), para el cual el Inai abrió un micrositio en el que se apunta que desde el 20 de enero del 2019 hasta el 30 de noviembre del 2022 se identificaron mil 523 solicitudes de acceso a la información.
Del total, en 77 se interpuso un recurso de revisión o queja, lo que se traduce en 5.1 por ciento de inconformidad en las respuestas dadas.
Sin embargo, se detalla que, de las mil 523 solicitudes, en 348 respondió que no tenía competencia para brindar la información pedida, declaró la inexistencia de la misma, que era reservada o confidencial, entre otras argumentaciones.
- Otros temas en los que el pleno ha tenido una participación relevante para transparentar asuntos de interés público son los relativos al Covid-19; la extracción ilegal de los ductos de Pemex; el caso Odebrecht; la Estafa Maestra, y el padrón de beneficiarios de programas sociales del Gobierno federal, entre otros.
Aunque la falta de designación de comisionados y la nula existencia de acuerdos para que el Senado los nombrara dentro de casi un año que tuvo para ello no está vinculada directamente con los casos que se resuelven, el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló que “el que el Inai no pueda sesionar retrasa y afecta el derecho a saber de las personas en México”.
- En entrevista, mencionó que el pleno no es un órgano unipersonal y en el colegiado se discuten los temas más sensibles del país, que ahora se ve imposibilitado para cumplir con lo que establece la Constitución.
“El Inai no sólo tutela el derecho a saber de las personas, sino también su derecho a la privacidad o, como se conoce técnicamente, la protección de datos personales. Además, el derecho a saber es un derecho-llave: a través de la información, las personas pueden ejercer otros derechos: a la salud, a la educación de calidad y, en general, al buen gobierno”, expuso.
Qué consecuencias tendría el veto de AMLO al INAI
El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, advirtió que el veto del presidente Andrés Manuel López Obrador a la designación de dos comisionados del INAI “es un gesto autoritario de un gobierno que rechaza la transparencia, y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos”, por ello urgió al Senado a impedir la paralización de este órgano independiente.
- La reacción del legislador se presentó luego que el presidente de la República ejerció su poder de veto este 15 de marzo al nombramiento de Yadira Alarcón y Rafael Luna como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por lo que a partir de abril, éste órgano podría quedar inoperante.
- Por ley, el Pleno del INAI debe tener siete comisionados, pero desde 2022 opera únicamente con cinco, es decir, el mínimo necesario para que los acuerdos y resoluciones de esta institución de transparencia tengan efectos legales, donde destacan los resolutivos que instruyen a las dependencias de gobierno a transparentar información pública.
El próximo 31 de marzo concluye el encargo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, por lo que a partir del 1 de abril, el Pleno del INAI quedaría con cuatro miembros y a partir de entonces no facultades legales para atraer y resolver las solicitudes de información interpuestas por ciudadanos hacia las dependencias de gobierno.
- De acuerdo con el artículo 10 del estatuto del INAI, “el Pleno funcionará en sesiones ordinarias o extraordinarias, para lo cual se requerirá la presencia de por lo menos cinco Comisionados”, esto quiere decir que aunque este organismo independiente no va a cerrar, los cuatro comisionados ya no tendrán facultades para ejercer las facultades constitucionales del Pleno.
El propio senador Ricardo Monreal advirtió desde marzo que tras la salida de Francisco Acuña y no se integran los nuevos comisionados, el INAI morirá de “inanición”.
“Si él faltara (Francisco Acuña) ya no podrían sesionar, no tendrían ningún objeto y moriría por inanición el INAI, siendo un órgano del Estado importante para transparencia en la rendición de cuentas”, recalcó el senador morenista en su video informativo del pasado 1 de marzo.
- Las funciones están en riesgo para el INAI: Entre las facultades que quedarían suspendidas para los cuatro comisionados se encuentran la de conocer y resolver los medios de defensa que interpongan los particulares en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
Atraer, conocer y resolver los recursos de revisión, interpuestos ante los organismos garantes de las entidades federativas, pendientes de resolución, ya sea de oficio o a petición del organismo garante.
Resolver sobre las denuncias y verificaciones por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. Determinar e imponer las medidas de apremio o sanciones que correspondan.
Aprobar las solicitudes de ampliación del periodo de reserva de información clasificada que presenten los Comités de Transparencia de los sujetos obligados respectivos.
- Los pasos a seguir para mantener con vida al INAI: Ricardo Monreal, líder de Morena, señaló este 15 de marzo que la Cámara alta debe procesar nuevamente los nombramientos para designar a los comisionados faltantes en el Pleno del INAI, aunque los nombramientos de Yadira Alarcón y Rafael Luna se llevaron casi un año.
“Respecto a la objeción del Ejecutivo federal a los nombramientos para el INAI, el Senado deberá analizar una nueva propuesta de comisionadas y comisionados para presentar ante el Pleno; seguiremos insistiendo en los consensos. En México existe una auténtica división de Poderes”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
- En cuanto a los cinco comisionados que se mantienen en funciones, hasta ahora, todos ellos votaron a favor de la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues la ausencia de nombramientos puede generar vulneraciones al funcionamiento del INAI, según expusieron.
Gobierno de AMLO con mayor opacidad
En los primeros tres años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador las instituciones gubernamentales, organismos autónomos y otros entes obligados por la Ley General de Transparencia disminuyeron la apertura de su información, la entregaron llena de tecnicismos o simplemente decidieron no transparentar temas que por ley están obligados a abrir en sus portales electrónicos.
- De acuerdo con la Métrica de Gobierno Abierto 2021, estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), de 2019 a 2021 se registró un decremento en la apertura de la información gubernamental.
- En ese periodo México atravesó por la elección más grande en la historia del país y por los peores momentos de la pandemia de covid-19, que obligó a las instituciones a cerrar puertas y a tratar de retomar sus actividades vía remota.
- Estas coyunturas provocaron que el Índice de Gobierno Abierto en México para 2021 fuera de 0.48, en una escala de 0 a 1, donde 1 es un gobierno totalmente transparente y abierto. En los índices de 2017 y 2019 la calificación global fue de 0.38 y 0.52 respectivamente, por lo que 2021 registró una caída significativa en materia de transparencia.
El documento señala que hubo sujetos obligados que avanzaron en su calificación en general en comparación con el puntaje que obtuvieron en 2019; sin embargo ninguno de los que registraron avance es federal.
Estos sujetos son la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato, la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, Fondos Guanajuato de Financiamiento, la Secretaría de Educación de Guanajuato, la Auditoría Superior de Hidalgo, la Secretaría de Desarrollo Rural de Colima, el municipio de Tepehuanes (Durango) y los DIF de Guanajuato, de San Luis Potosí y de Campeche.
- Plataforma Nacional de Transparencia: En materia de solicitudes vía transparencia y apertura de datos por ley, el estudio señala que los sujetos obligados cumplen con las normas, pero aún hacen esperar al ciudadano largos periodos para dar respuesta, tienen las estadísticas como agenda pendiente y realizan esta labor con miras a justificarse ante órganos garantes, como el Inai, sin considerar al ciudadano.
El estudio analizó mil 365 sujetos obligados de los tres niveles de gobierno: 49 del federal, 870 del estatal y 446 del municipal. Fueron revisadas manualmente 2 mil 872 solicitudes de acceso a la información y más de 373 mil de manera automatizada.
De esa revisión se concluyó que, si bien los sujetos cumplen ampliamente la ley en materia de acceso a la información, al analizar la completitud, claridad y celeridad de las respuestas que dieron a la ciudadanía a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el puntaje es mucho menor porque no responden pensando en los ciudadanos, sino argumentando conforme a lo que puedan decir el Inai o los órganos garantes de cada estado.
- Respuestas y retrasos: El índice de gobierno abierto considera dos componentes de la apertura gubernamental: la transparencia y la participación. Ambas dimensiones cayeron entre 2019 y 2021, de acuerdo con el análisis del CIDE. “Esto es señal de que ciertos elementos del arreglo institucional en materia de transparencia y acceso a la información han alcanzado resultados que son sostenibles en el tiempo, pero que otros fueron afectados en esta medición”, se apunta en el estudio.
Aunque las dependencias gubernamentales registran una alta puntuación en el componente de acceso a la información, pues la mayoría de las solicitudes reciben respuesta dentro del plazo fijado por la legislación. No obstante, las personas suelen tener que esperar demasiado tiempo para recibir una respuesta y hay quienes deben esperar un año, algo que se sale por mucho del plazo legal.
Además de que deben responder a las solicitudes de información que se les hacen, las dependencias gubernamentales tienen diversas obligaciones de transparencia que deben publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Sólo 5.3% de todos los sujetos obligados cumplieron a cabalidad con estas obligaciones, de acuerdo con el estudio./Agencias-PUNTOporPUNTO
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