La corrupción en Latinoamérica no se detiene en medio de una pandemia global que ha dejado más de medio millón de muertos a nivel mundial: en todos los países de la región se han reportado incidentes de corrupción, en especial relacionados con los contratos o ayudas en el sector salud para lidiar con el coronavirus.
- Según los fiscales de la región, solo ha empeorado debido a una ola de corrupción y lucro.
- De todos los esquemas que han desviado recursos de los países latinoamericanos que combaten el coronavirus, la conspiración de la bolsa de cadáveres podría ser la más descarada.
- El mes pasado, los fiscales de Ecuador anunciaron que habían identificado una red criminal que conspiró con funcionarios de salud para ganar un contrato de venta de bolsas para cadáveres a los hospitales por hasta 13 veces su precio real.
Luego, uno de los hombres implicados, Daniel Salcedo, huyó de Ecuador en una avioneta que se estrelló en Perú. Salcedo ahora se recupera bajo custodia de la policía ecuatoriana.
A pesar de que América Latina se ha convertido en un epicentro de la pandemia, con muertes e infecciones en aumento, los esfuerzos para contener la crisis se han visto socavados por una letanía de escándalos de corrupción.
Decenas de funcionarios públicos y empresarios locales están acusados de explotar la crisis para su enriquecimiento personal, mediante el tráfico de influencias en hospitales y gobiernos para vender con sobreprecio suministros básicos, incluidos mascarillas, desinfectantes y ventiladores. Parte del equipo era tan defectuoso que se volvió inútil, y puede haber contribuido más a la propagación de la enfermedad y la muerte.
“Tenemos muertos que eran abandonados en las calles porque el sistema de salud llegó a colapsar”, dijo Diana Salazar, la fiscala general de Ecuador. “Tratar de beneficiarse con el dolor ajeno, con todas estas personas que están perdiendo sus seres queridos, es inmoral”.
Las investigaciones sobre fraude han llegado a los niveles más altos de gobierno. El ex ministro de Salud boliviano está bajo arresto domiciliario en espera de un juicio por cargos de corrupción después de que el ministerio pagó a un intermediario millones más que la tarifa vigente por 170 ventiladores, que ni siquiera funcionaban correctamente.
- En Brasil, que tiene el segundo mayor número de muertes por coronavirus después de Estados Unidos —y el viernes rebasó el millón de casos reportados—, funcionarios gubernamentales de al menos siete estados están bajo investigación por supuesta malversación de más de 200 millones de dólares en fondos públicos durante la crisis.
- En Colombia, el procurador general investiga informes de que más de 100 donantes de campañas políticas recibieron contratos lucrativos para proporcionar suministros de emergencia durante la pandemia.
El jefe de policía y el ministro de Interior de Perú renunciaron después de que sus subordinados compraron desinfectante diluido y cubrebocas endebles para los agentes de policía, que después comenzaron a morir a tasas alarmantes de infecciones por el virus. Los fiscales están investigando los vínculos entre los oficiales de policía y los proveedores del equipo para determinar si se confabularon para defraudar al gobierno, según Omar Tello, jefe de la unidad anticorrupción en la fiscalía.
Armillón Escalante, un agente de policía en Lima, dijo que a él y sus colegas les dieron mascarillas y guantes tan delgados que se rompieron de inmediato.
“Realmente no teníamos protección”, dijo. Escalante trabajaba haciendo valer las medidas de distanciamiento social en un mercado atestado junto con otros tres agentes que desde entonces han muerto a causa del virus.
Escalante se infectó en abril y pasó tres semanas intubado en el hospital. Aún sufre dolor en los pulmones y falta de aliento cuando habla. “No solamente yo, la mayoría estaban abandonados”, dijo. “No me siento igual que antes. Esta enfermedad ha dañado mis órganos”.
Cuando los fiscales peruanos comenzaron a investigar la compra de equipos de protección este mes, varias cajas de evidencia desaparecieron en la sede de la dirección investigación criminal de la policía, en Lima. Los agentes de policía dijeron a las autoridades que varias cámaras de seguridad no estaban funcionando el día de la desaparición. Tello dijo que el sistema de monitoreo parecía haber sido manipulado y los fiscales están trabajando para conseguir imágenes de las personas que retiraron las cajas.
Según el gobierno, más de 11.000 policías en Perú se infectaron y 200 murieron a causa del virus, lo que obligó al país a cerrar algunas comisarías, al menos temporalmente, para contener brotes.
El coronavirus está poniendo a prueba a naciones que venían luchando contra la corrupción mucho antes de enfrentar una emergencia de salud global. A lo largo de los años, presidentes en Brasil, Perú y Guatemala han sido obligados a abandonar el cargo por casos de soborno y coimas.
Pero la pandemia ha ampliado las oportunidades para que los funcionarios públicos en América Latina saqueen las arcas estatales, dicen los expertos en corrupción. Al declarar un estado de emergencia, varios países suspendieron algunas regulaciones que rigen los contratos públicos, detuvieron las sesiones presenciales del Congreso o eliminaron las reglas que les exigían responder a las solicitudes de información de los medios.
“Tienes las condiciones ideales para hacer lo que se te dé la gana”, dijo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional México, un grupo anticorrupción sin fines de lucro. “Hay menos transparencia, menos acceso a la información, y cero supervisión independiente del Congreso”.
- El sistema hospitalario federal en México devolvió ventiladores defectuosos que habían ordenado al hijo del jefe de la comisión federal de electricidad, después de que un grupo de vigilancia local reveló que el gobierno había acordado pagar un 85 por ciento más que la opción más barata del mercado.
El mes pasado, un funcionario del ministerio de Salud de Bolivia recurrió a una compañía española llamada IME Consulting para comprar 170 ventiladores, aunque otra empresa había ofrecido las máquinas por la mitad del precio.
El gobierno boliviano acordó pagar a IME Consulting alrededor de 28.000 dólares por ventilador, tres veces el precio que el fabricante original dijo que cobra por cada máquina.
Poco después de que llegaron los ventiladores, los médicos comenzaron a quejarse de que las máquinas no eran adecuadas para tratar a pacientes con coronavirus gravemente enfermos. Una abogada de Marcelo Navajas, el ex ministro de Salud, ha dijo a la prensa que demostraría “la total y absoluta inocencia y la legalidad de las contrataciones”, y que “aquí no hubo absolutamente ningún acto ilegal y menos indebido”.
Días antes de la fuga fallida de Salcedo de Ecuador, los agentes de policía allanaron la casa de un ex presidente, Abdalá Bucaram. Lo arrestaron después de descubrir un arma de fuego ilegal, junto con miles de mascarillas y pruebas de coronavirus.
Bucaram “no tiene calidad de importador o comerciante porque su actividad económica sea la comercialización de insumos médicos,”, dijo Salazar, la fiscala general. Ella dijo que los fiscales creen que un grupo criminal, que incluye a Salcedo, Bucaram y algunos de sus familiares, desde 2018 ha cobrado en exceso por equipos médicos a los hospitales. El año pasado, dijo Salazar, vendieron a un hospital miles de bolsas de cadáveres por 148 dólares cada una, a pesar de que solo valían alrededor de 11 dólares.
Salcedo “ha sido proveedor durante la emergencia también”, dijo Salazar. “Por supuesto, tenía que aprovechar”.
- El hermano de Salcedo, Noé, fue atrapado este mes intentando cruzar la frontera con Perú con 47.000 dólares en efectivo —dinero que los investigadores creen que fue obtenido de forma ilícita— y ahora está en la cárcel. Los fiscales han emitido órdenes de arresto contra Michel y Dalo Bucaram, dos de los hijos del ex presidente. Hasta hace poco, Dalo Bucaram se hospedaba en la casa de Salcedo en Miami.
La abogada de Salcedo dijo que su cliente no está involucrado en un esquema de corrupción y que el efectivo que llevaba su hermano provenía de un préstamo bancario de sus padres. Bucaram, que está bajo arresto domiciliario, ha negado los cargos en su contra y dijo que enfrenta una “persecución cobarde y política”.
Los investigadores sospechan que las pruebas y las mascarillas encontradas en la casa de Bucaram estaban destinadas al hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por el virus, donde los cadáveres se apilaban afuera de los hospitales o fueron empacados dentro de cajas de cartón para empacar bananas por falta de espacio de almacenamiento.
Alex Vivas, un médico que trata a pacientes con coronavirus en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, dijo que estaba horrorizado con la trama.
“Para nosotros, los médicos en primera línea, es indignante ver este nivel de corrupción”, dijo Vivas en una entrevista. “Ver cómo estos contratos sobrevalorados consumen los presupuestos que deberían destinarse a tal equipo de protección, es simplemente indignante”.
Coronavirus ha exacerbado el problema de la corrupción
“Los reportes de corrupción han ido a la par con la crisis (…). Tenemos casos en todos los países de Latinoamérica”, dijo Delia Ferreira, directiva de la ONG Transparencia Internacional en una videoconferencia el lunes.
Desde el aumento descontrolado en el precio de bolsas para cadáveres en Ecuador, pasando por la investigación de casi la mitad de todos los gobernadores de Colombia por mal manejo de fondos para paliar los efectos de la crisis, hasta contratos irregulares en la compra de material de protección en Perú por parte de la Policía, son algunos de los escándalos que han saltado a la luz pública en los últimos meses.
“El riesgo de corrupción aumenta notablemente durante situaciones de emergencia”, explicó Ferreira en un evento organizado por el centro de pensamiento Wilson Center.
En concreto, detalló, la pandemia del coronavirus combina dos factores: la excusa de la emergencia para procedimientos urgentes que llevan a una falta de control y de transparencia y el hecho de que el sector de la salud es uno de los más susceptibles a la corrupción.
“Lo que vemos es una extensión de una tendencia que ya existía en la región”, siendo Latinoamérica una de las regiones que más bajo puntúan en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, argumentó Ferreira.
La mayoría de los grandes casos de corrupción en la región se han producido en la contratación, explicó Daniel Sabet, experto del sector público que colaboró en el estudio. Las normas para regular los contratos gubernamentales, como requerir que haya competencia, han sido relajadas para poder cumplir con la urgencia de atender la pandemia.
- Aunque en países como Guatemala o Chile se han puesto en marcha instrumentos para aumentar la transparencia y compensar la relajación de las normas, eso no ha evitado que se den instancias de corrupción.
- Un ejemplo es el caso de Honduras, donde el pasado miércoles se denunciaron irregularidades en la compra de materiales y equipo, incluidos siete hospitales móviles por un valor de 47 millones de dólares.
El incremento de la corrupción durante la pandemia ha preocupado también a las Naciones Unidas, que creó un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos en América Latina para evitar sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos médicos durante la pandemia del COVID-19.
“Está en juego la salud de los ciudadanos”, sentenció Ferreira.
Compras directas de medicamentos imperan en la 4T
El 90 por ciento de las compras de medicamentos que se han realizado en la primera mitad de este 2020 han sido por adjudicaciones directas y continúa el desabasto de medicamentos, por lo que la consultora Instituto Farmacéutico México (INEFAM) descarta que el cambio a la Ley de Adquisiciones resuelva el problema de falta de medicinas.
“Este 2020 se viene arrastrando, al corte de junio hay más de 3 mil procesos de compra, un nuevo récord, y prácticamente el 90 por ciento son de adjudicación directa, que vienen cargando con hasta 14 veces más piezas que el año pasado, y el tema es que esto tampoco es un reflejo de que se esté comprando en tiempo y forma”, dijo en entrevista Enrique Martínez Moreno, vicepresidente de la consultora.
- En 2017 se realizaron entre tres mil y cuatro mil procesos de compra de medicamentos, el 30 por ciento de éstos fueron por adjudicación directa. Para 2019 se realizaron más de seis mil procesos de compra y el 80 por ciento fueron por adjudicación directa.
- Sobre las posibilidades de que el despunte de adjudicaciones directas se relacione con las compras extraordinarias por la pandemia del coronavirus, Martínez Moreno acotó que el SARS-COV2 solo llegó a agudizar el problema.
“Entre enero y marzo que todavía podíamos hablar que no teníamos un impacto de COVID-19 lo atípico de que no tenían orden ya pasaba, que se podría justificar ahora adjudicaciones directas por Covid-19 no hay problema porque es excepción a la Ley, pero cuando conviertes en norma la excepción a la Ley es lo que están firmando y justifican la necesidad de compras”, declaró el vicepresidente de la consultora INEFAM.
El pasado miércoles, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en fast track, aprobaron la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para poder realizar compras directas de medicamentos en el extranjero y por entrar a los fondos rotatorios de la OPS o de la ONUPS.
- Durante la conferencia matutina de este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el próximo viernes se firmarán un convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la adquisición de insumos médicos en el mundo donde se obtengan las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio.
“Preocupa que se aprobara una Ley basada en mentiras y sin tener evidencias de los dichos señalados de boicot por parte de la industria, y que incluso la iniciativa de Ley tampoco tiene un fundamentos cuando ellos no han volteado a ver el desorden que tienen en el sistema”, agregó Martínez Moreno.
La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) pronunció que las compras en el extranjero no resolverán el problema de abasto porque este ha sido resultado del cambio de modelo de compras al que ha sido ajena la Industria.
Además de que se afectará a los miles de mexicanos que trabajamos en este sector, a estudiantes y sobre todo a los pacientes.
México se Estanca en Combate a la Corrupción
No obstante el discurso político del combate a la corrupción y la bandera de la austeridad en las Instituciones del Gobierno Federal, en el CCC 2020 nuestro país ocupa el 8º lugar de Latinoamérica en su capacidad de descubrir, castigar y detener la corrupción con una puntuación de 4.55 de 10 puntos.
Es decir, a pesar del discurso oficial de AMLO de estar terminando con la corrupción y ser un tema prioritario en su agenda, el índice CCC 2020 muestra que en la práctica no ha cambiado mucho este fenómeno negativo en México. De hecho, se muestra un estancamiento y mantiene una pobre habilidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción.
- El análisis indica que el estancamiento obedece a que no existe un progreso en las reformas institucionales. Hace énfasis en que AMLO ha ignorado por completo el Sistema Nacional Anticorrupción; no obstante, se ha aumentado la adjudicación discrecional en contrataciones públicas, así como el debilitamiento de los órganos reguladores y la falta de independencia de unidades como la de Inteligencia Financiera, aunque se reconoce el papel de la UIF en descubrir y perseguir casos de corrupción en la oposición o el Poder Judicial, empresarios, etcétera.
“Una parte importante de la metodología del índice es que se hace un análisis muy particular de qué reacción hay a las investigaciones y casos de corrupción contra la oposición y contra el partido o el grupo en el poder”, explicó Francisco García, analista senior de Control Risks México, concluyendo que la actual administración no ha demostrado voluntad de sancionar a sus allegados cuando se denuncian actos de corrupción.
- En ese sentido, la independencia y eficiencia de organismos anticorrupción ha ido a la baja. En subcategorías bajo la variable de Capacidad Legal, como independencia y eficiencia judicial, México se ubica por debajo de Brasil, Colombia e incluso Perú y se acerca más a Guatemala y República Dominicana. También se registra una baja en la participación de la sociedad civil en denunciar actos de corrupción, señalan dos causas probables, que AMLO se ha adueñado de la causa y los ataques retóricos contra las ONG y grupos independientes.
- Entre los sucesos a monitorear, el CCC 2020 indica los procesos contra Emilio Lozoya, Javier Duarte y Genaro García Luna. Además, se debe observar la completa implementación del modelo del sistema penal acusatorio que quizá traiga cambios importantes para combatir la corrupción, incluyendo la utilización de medios alternativos de solución de controversias. También observa riesgos latentes en los contratos públicos adjudicados a discreción y la imposición de los proyectos de infraestructura como el Tren Maya y el Aeropuerto internacional.
En la variable capacidad legal, las subcategorías mejor calificadas son el acceso a la información y transparencia gubernamental; cooperación internacional en el cumplimiento de la ley; nivel de experiencia y recursos para combatir criminales de cuello blanco. En el nivel más bajo se encuentra la independencia de los titulares de oficinas de investigación y fiscalías.
Democracia e instituciones políticas es calificada con un buen desempeño en la calidad de la democracia en general, así como la legislación de financiación de campañas políticas; sin embargo, por debajo de 3 puntos se encuentra el proceso legislativo. Mientras que en el sector civil, medios y sector privado, la calificación menor es para la comunicación digital y las redes sociales; la más alta es para la movilización de la sociedad contra la corrupción; con poco más de 6 puntos, la educación y con 6 la calidad de la investigación periodística.
- “El 15.7% de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o bien, tuvo contacto con algún servidor público, experimentó actos de corrupción. Por otro lado, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2% de los casos.”
- En el territorio, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) también reportó un retroceso en el combate a la corrupción, sobre todo en la que sucede entre ciudadanos y servidores públicos. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 proporciona información sobre la percepción de la población acerca del fenómeno de corrupción y las experiencias de corrupción que sufrió la población al realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con servidores públicos.
El costo total a consecuencia de corrupción en pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos fue de 12,770 millones de pesos en 2019. En cuanto al contacto con autoridades de seguridad pública fue de 2,244 millones de pesos. El 15.7% de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o bien, tuvo contacto con algún servidor público, experimentó actos de corrupción. Por otro lado, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2% de los casos.
La tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2017, a 15,732 en 2019; al igual que la tasa de incidencia, la cual pasó de 25,541 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes en 2017 a 30,456 en 2019.
No obstante, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1% en 2017, a 87% en 2019.
Asociaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) advierten que para el combate a la corrupción fuera de la retórica presidencial, es necesario consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, como bien menciona el CCC 2020.
- Sin embargo, MCCI encuentra 4 elementos que han obstaculizado su funcionamiento: 1) nombramientos pendientes; 2) medidas de austeridad que impiden realizar el trabajo de manera eficaz; 3) descalificaciones públicas sin sustento por parte de los representantes políticos, particularmente del Presidente de la República; y 4) nulo compromiso de los titulares de las secretarías dependientes del Ejecutivo y de la Fiscalía General de la República con el Sistema.
Dada la situación, es necesario retomar las tareas pendientes para consolidar al SNA: es necesario que el Senado designe a los nuevos integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, concluyó la ONG.”
El presidente López Obrador ha acusado al SNA de ineficaz y costoso y sustenta su combate en la tipificación de la corrupción como delito grave, sin embargo, esta reforma lesiona el derecho fundamental a la presunción de inocencia y debería ser derogado, argumenta la asociación. Dada la situación, es necesario retomar las tareas pendientes para consolidar al SNA: es necesario que el Senado designe a los nuevos integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, concluyó la ONG./Agencias-PUNTOporPUNTO
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