Desde el 1 de diciembre de 2018, cuando comenzó el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el 30 de abril de 2023, último dato disponible, el Gobierno federal registró el hallazgo de dos mil 863 fosas clandestinas en el país.
La cifra registrada en poco más de cuatro años supera ligeramente a la del período de 2006 a 2018, es decir, en el transcurso de los dos sexenios anteriores, con dos mil 835 fosas identificadas, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
- Para el doctor Fernando Jiménez, especialista en seguridad y catedrático del Colegio de Jalisco, esto pone de manifiesto que hay un fracaso absoluto de las instituciones de seguridad y, sobre todo, en la recopilación de inteligencia e información del Estado mexicano.
- Señaló que, tras el hallazgo el fin de semana de un supuesto «centro criminal» en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, utilizado por la delincuencia organizada como centro de entrenamiento y crematorio clandestino, quedó en evidencia la falta de presencia del Estado y sus instituciones.
- «Es terrible en muchos sentidos. El primero es que, pues bueno, se tiene un lugar que pasó desapercibido por las autoridades locales, estatales y federales, que no fue intervenido y que una vez más las madres buscadoras tienen que identificar los lugares. Entonces, ahí demuestra una ausencia de el Estado y las instituciones.
Por otro lado, nos demuestra o nos hace la pregunta de cuántos de estos centros, cuántos de estos lugares, cuántas de estas fincas existen en el país y para qué se están utilizando y quién las puede identificar, quién puede saber en dónde están, no lo sabemos», destacó.
Lugares sin vigilancia
Además, subrayó que el hallazgo de fosas clandestinas demuestra la necesidad de los grupos criminales de tener lugares en los cuales concentran, al parecer, decenas o centenas de personas a las que se les enseñó el ejercicio extremo de la violencia contra otro ser humano, además de tener ahí a ciertos especialistas «como en algunos casos, ingenieros que saben poner las redes de videovigilancia».
- El también especialista en terrorismo detalló que entre las soluciones por parte del Gobierno sería desarrollar mayores capacidades para detectar ese tipo de centros, además de atraer las investigaciones, así como desincentivar el reclutamiento de jóvenes a través de las redes sociales, en las que se ofrecen trabajos a partir de presentarse en centrales camioneras.
- Además de la labor conjunta con los colectivos de búsqueda para continuar identificando ese tipo de sitios e identificar los restos que ahí se localicen.
- «Tienen -las autoridades- que hacer una labor muy cercana con los familiares de las personas que han puesto las fichas de detención y es una labor de inteligencia muy ardua, que veremos si le queda, si desarrolla capacidades, por ejemplo, la Subsecretaría de Inteligencia que se generó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana», destacó.
120 mil 628 personas desaparecidas
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron 53,261 personas desaparecidas, para un total de 120,628, afirmó la organización civil Causa en Común.
- Expuso que igualmente diversos gobiernos locales aceleraron el deterioro de las policías, de las fiscalías, del sistema penitenciario y de las comisiones de búsqueda.
- Lo que explica, en buena medida, una inseguridad atroz y que las desapariciones estén hoy en niveles históricos.
El Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) no existe, dado el abandono institucional que padecen las comisiones de búsqueda, al tiempo que se acumulan las desapariciones, las fosas clandestinas y los cadáveres sin identificar.
La organización que preside María Elena Morera, propone reactivar el SNB, rescatar la independencia de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y dotar a las comisiones estatales, policías y fiscalías de mayores capacidades humanas y técnicas para cumplir con lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición.
Ley General en Materia de Desaparición, un fracaso
Con el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre: apuntes sobre la omisión del Estado mexicano ante la tragedia de los desaparecidos”, Causa en común presenta una valoración del contexto institucional que rodea a la desaparición de personas en México.
- A seis años de su entrada en vigor, el proyecto de búsqueda e identificación de personas establecido en la Ley General en Materia de Desaparición es un fracaso.
- Esta Ley estableció la obligación del Estado mexicano de construir un Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), encargado de coordinar instituciones, definir programas y operar registros para localizar a las víctimas y atender la crisis forense.
- La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) documentó 5,698 fosas clandestinas descubiertas entre 2006 y 2023, de las cuales la mitad fueron localizadas en el sexenio de López Obrador.
El 99% de las desapariciones se mantienen impunes
El SNB no existe, puesto que las comisiones de búsqueda y fiscalías que lo integran padecen por la falta de recursos y respaldo institucional para atender la acumulación de desapariciones, fosas clandestinas y cadáveres sin identificar.
Mientras el gobierno federal manipula los registros y minimiza la tragedia, colectivos de madres buscadoras arriesgan su vida en la búsqueda de sus desaparecidos, bajo la presión del crimen organizado y la indiferencia de instituciones incompetentes.
- Igualmente resalta la importancia de reactivar el SNB, de rescatar la independencia de la CNB, y de otorgar a las comisiones estatales, policías y fiscalías mayores presupuestos para incrementar sus capacidades humanas y técnicas, y así cumplir con lo establecido en la Ley General.
La activista resaltó que no se debe olvidar a los desaparecidos, ya que cada ausencia duele. Cada nombre importa.
Cierra sexenio de AMLO con más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar
En las morgues del país hay más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar. Son cadáveres que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) entre 2006 y 2023, sin que el gobierno les haya restituido el nombre.
En una nación con 115 mil personas desaparecidas, un gran número podrían estar siendo buscadas por sus familias sin saber que yacen olvidadas en una fosa común o en un refrigerador mortuorio bajo la tutela del Estado.
- Este rezago en la identificación de cuerpos por parte de las instituciones, denominado “crisis forense”, condena a miles de familias a transitar de morgue en morgue para descubrir pistas que conduzcan a sus seres queridos. Revisan cientos de fotografías de cuerpos marcados por la violencia.
- Es como “estar en el inframundo”, dice José Ugalde, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). “Son cuerpos mutilados con saña que te dejan sin comer diez, quince días. Que te dejan con pesadillas. No hay apoyo psicológico”.
- De los 72 mil 172 cuerpos sin identificar registrados desde 2006, el 48% (34 mil 699) llegaron a las morgues durante la presidencia de Obrador, entre 2019 y 2023, pese a que devolverles su identidad y regresarlos a sus hogares era, según dijo, “la principal prioridad” de su gobierno, junto con la búsqueda de las personas desaparecidas.
Este lunes, López Obrador visitó Matamoros para inaugurar un monumento dedicado al revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez. Una misión ordenada por el presidente en 2022, con un costo de más de 9.5 millones de pesos, permitió hallar un fragmento de hueso del periodista tamaulipeco en una isla de Bocas del Toro, Panamá, donde murió en combate en 1895, y lograr su identificación, según una investigación de Animal Político.
- A diferencia de lo ocurrido con el opositor a la dictadura de Porfirio Díaz, a quien el mandatario dedicó un libro biográfico, para decenas de miles de cuerpos no ha habido recursos ni personal que haga posible establecer su identidad.
- En el actual sexenio han desaparecido 51 mil 791 personas, el 44.8% de las 115 mil 591 víctimas de esta tragedia. Los datos oficiales muestran que desde el inicio de la administración de AMLO desaparece, en promedio, una persona cada hora.
El número supera a las 32 mil 885 víctimas registradas en el periodo de Enrique Peña Nieto, y triplica a las contabilizadas en el gobierno de Felipe Calderón, que sumaron 16 mil 931.
- Desde que Calderón ordenó la “guerra contra las drogas” en diciembre de 2006, la crisis forense ha ido en aumento. Miles de cuerpos, 10 mil 185 (14%), que ingresaron como desconocidos a los Semefos durante el sexenio del panista, entre 2007 y 2012, siguen sin recuperar su identidad. El rezago forense de la administración del priista Peña Nieto es de 19 mil 680 (27%) cuerpos sin nombre, correspondientes al periodo 2013-2018.
- Estas inéditas cifras de cadáveres que permanecen sin identificar, obtenidas por Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos mediante solicitudes de transparencia enviadas a las 32 instituciones forenses del país —solo la Fiscalía General del Estado de Morelos se negó a responder— y a la Fiscalía General de la República (FGR), abarcan los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador.
Los datos muestran que 13 mil 272 cuerpos NN (No Nombre, en lenguaje forense), cerca de una quinta parte del total, llevan más de una década sin ser identificados. Desde 2014, el rezago forense se ha incrementado año tras año: 2023 estableció un récord, con 8 mil 139 víctimas anónimas.
En 2020, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos revelaron por primera vez la magnitud de la crisis forense: entre 2006 y 2019 pasaron por los Semefos del país 38 mil 891 cuerpos sin identificar.
- Un año más tarde, el MNDM, que agrupa a más de 80 colectivos de familiares de personas desaparecidas, actualizó el número a 52 mil 4 cadáveres que fueron recibidos por el Estado, pero se quedaron sin nombre. Los datos muestran que, en apenas tres años, de 2020 a 2023, hubo un incremento del 39% de cuerpos NN.
- La incertidumbre de que entre las víctimas pueda estar el familiar desaparecido “es una tortura psicológica”, dice Ugalde, quien localizó sin vida a su hijo José Esaú Ugalde Vega tres meses después de su desaparición en septiembre de 2015. “Es un tema terrible. Una desesperación, un dolor, una rabia y un coraje”.
En algunas ocasiones, esta tragedia alcanza visibilidad mediática, como ocurrió con el caso de Virginia de la Cruz, quien el pasado 11 de julio denunció ante el Congreso de Zacatecas que, durante ocho meses, el Semefo no le avisó que tenía el cuerpo de su hijo José Alejandro de la Cruz López. El cadáver del joven de 21 años estuvo bajo su resguardo desde noviembre de 2023, cuando se reportó su desaparición.
- La crisis forense en México refleja una cruel paradoja: personas que buscan a quienes el gobierno ya encontró. Las historias incluyen a jóvenes cuyos cuerpos fueron extraviados por las autoridades en una fosa común —como pasó con el adolescente Cosme Humberto Alarcón Balderas en Coahuila y la joven Gemma Mávil Hernández en Veracruz— o donados a universidades para que sus estudiantes de Medicina hagan prácticas, y a madres que han recibido incompletos los restos de sus hijos —como Nancy Bustos, quien descubrió en un pozo de la localidad Ojo de Agua, en Jalisco.
- Encontró el cráneo de Óscar Eduardo Núñez Bustos, que los peritos no habían encontrado—, o los han tenido que recuperar por fragmentos tras revisar cientos de fotografías y exigir que se realicen las pruebas necesarias —como Lupita, también de Jalisco, que reunió hueso por hueso los restos de su hijo tras consultar los registros del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)—.
Atender el rezago y las malas prácticas en la identificación de cadáveres podría dar respuesta a miles de familiares de personas desaparecidas, como Luz Aidé Ochoa Zárate, quien sospecha que uno de los cuerpos enterrados en fosas comunes de cementerios municipales a los que la autoridad no ha devuelto el nombre pertenece a su hijo Jordan Yahir.
El joven de 19 años fue desaparecido junto con su hermano menor Jocksan Gabriel Hernández Ochoa por policías estatales en Cardel, Veracruz, en septiembre de 2015. Tras años de búsqueda, en noviembre de 2023 la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó a Ochoa que el cuerpo de Jocksan había sido encontrado cinco meses después de que fue denunciada su desaparición. Aunque la institución contaba con muestras de ADN de familiares del estudiante de 18 años, lo mandó a una fosa común del panteón municipal de Actopan.
- Jocksan salió del anonimato por casualidad, pues su cuerpo fue exhumado mientras la fiscalía investigaba otro caso. Por eso, Ochoa cree que en esa misma fosa podría estar Jordan Yahir.
- “Yo luego voy a Xalapa y ando preguntando, porque yo ya no quería esperar más tiempo, porque a mi hijo [Jocksan] ora sí que lo encontraron muy rápido de su desaparición, a los meses, y tardaron muchos años para que él pudiera regresar. O sea que me pudieron haber evitado todo ese sufrimiento”, dice la mujer.
Desde diciembre de 2023, Ochoa solicitó a la fiscalía estatal que busque a Jordan Yahir en la misma fosa en que hallaron a su otro hijo.
- Las autoridades le respondieron que están exhumando más cuerpos de ese lugar, pero las familias buscadoras veracruzanas no han sido informadas. “No tengo la certeza de si realmente están trabajando”, dice la madre, quien es integrante del colectivo Justicia y Dignidad Veracruz.
La dimensión del rezago
De las 72 mil 172 víctimas sin identificar registradas hasta 2023, el 73% (52 mil 414) son hombres, y el 8% (5 mil 887) son mujeres. Del 19% (13 mil 871) restante no se reporta el sexo.
- La mayoría de los cadáveres se concentran en cinco entidades: Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua, de donde provienen 6 de cada 10 cuerpos, 43 mil 813 en total. Baja California ocupa el primer lugar; hasta diciembre de 2023 había 13 mil 940 personas fallecidas en espera de ser sacadas del anonimato por peritos forenses.
- “[El problema de los cuerpos sin identidad] se ve acrecentado en Baja California debido a la situación geográfica: es un estado fronterizo donde muchas personas están en tránsito, [hay] mucha población flotante que fallece estando en nuestro estado y no logra ser identificada, no logran ser reclamados”, explica César Raúl González, director del Semefo del Poder Judicial de ese estado, entrevistado hace un año.
- La crisis se agudizó en Querétaro, Quintana Roo y Sonora, tras triplicarse en 2023 el número de cadáveres sin identificar registrados en el informe del MNDM en 2020, mientras que en Nayarit la cifra se duplicó.
Los Semefos de otros quince estados —además de los de Quintana Roo, Nayarit y Sonora— han registrado más de mil cuerpos sin identificar. Solo Campeche y Tlaxcala reportan menos de cien cadáveres NN.
El rezago forense en México es un caso único, considera José Pablo Baraybar, coordinador regional forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), porque “combina factores de violencia permanentes que continúan actuales, que producen una mortalidad específica [y rebasan la capacidad de los Semefos]. Tiene, además, el elemento migratorio que forma parte de esta violencia articulada y contribuye también a esa mortalidad y, sobre todo, tiene un sistema fragmentado. Es la tormenta perfecta en todos los niveles”.
La fragmentación, explica el antropólogo forense, consiste en que varias áreas de las fiscalías pueden trabajar en el levantamiento de los cadáveres, su estudio, y la investigación de los casos de homicidio y desaparición sin compartir información entre ellas. En ocasiones, los cuerpos de las víctimas desaparecidas son encontrados en otro estado, y eso provoca que la coordinación sea aún más complicada entre las distintas autoridades.
- Carla Palacios Flores, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, ilustra el problema con el caso de un hombre de Querétaro —cuya familia pidió no publicar el nombre— que en febrero de 2021 desapareció en la frontera mientras viajaba a Estados Unidos.
- Después de recibir el reporte de desaparición, la Comisión Estatal de Búsqueda de Chihuahua no verificó que la fiscalía local iniciara una investigación ni consultó los registros del Ministerio Público de personas fallecidas no identificadas, a los que tiene acceso.
- La fiscalía tampoco comunicó a la comisión que había encontrado un cuerpo con características similares a las del hombre desaparecido; esta falta de coordinación hizo que fuera enterrado en una fosa común.
“Nuestra principal denuncia en ese momento era: ¿por qué si la comisión local de búsqueda tenía información del caso […] no se realizó una identificación adecuada y oportuna?”, plantea Palacios Flores. “Esa era la furia de la familia”.
El creciente rezago forense a lo largo de tres sexenios significa para Baraybar que ya no se debería considerar una crisis, sino un problema crónico.
“Una crisis requiere soluciones críticas, soluciones extraordinarias, soluciones masivas. Entonces habría que plantearse, tal vez, si no debemos pensar o repensar el problema fuera de la óptica crítica y más bien [hacerlo desde] la óptica crónica”.
Uso de fosas comunes
En las fosas comunes de los panteones del país yacen 48 mil 108 cuerpos sin identidad, el 67% del total; en promedio, ese es el destino de 2 mil 500 cadáveres NN al año. Su uso se ha multiplicado desde que comenzó la “guerra contra las drogas”, una estrategia que provocó el aumento de víctimas de homicidio, lo que derivó en una saturación de los servicios forenses.
- Los estados con mayor número de cuerpos NN en fosas comunes son Baja California con 13 mil 490; el Estado de México con 8 mil 836, y la Ciudad de México con 4 mil 817 —en el Panteón Civil de Dolores—; junto con Jalisco y Chihuahua, estas cinco entidades concentran el 47% del total. Son también los estados que acumulan más cuerpos sin identificar.
- Los Semefos de algunas entidades envían a la fosa común casi la totalidad de los cuerpos que reciben. En Yucatán enterraron 479 de los 492 cadáveres que llegaron a sus morgues, el 97%, el mismo porcentaje que en Baja California, donde se inhumaron 13 mil 490 de 13 mil 940 víctimas anónimas. En Nuevo León y el Estado de México, se enterró el 95%.
- La saturación de los Semefos a causa de la violencia provocó que las autoridades recurrieran a “morgues itinerantes”. En 2018 descubrieron en Jalisco 322 cuerpos NN en dos “tráileres de la muerte”, ubicados en Tlajomulco de Zúñiga y en el estacionamiento del IJCF.
En Tijuana, donde según González reciben en promedio 15 cadáveres al día, también recurrieron a este tipo de contenedores. “[Cuando se saturó el Semefo] nos vimos en la necesidad de tener y resguardar cuerpos en un Thermo King, un tráiler refrigerado”, reconoció el funcionario.
Ante el limitado espacio en los refrigeradores de las morgues, la “solución” durante más de 15 años, desde que inició la “guerra contra las drogas”, ha sido enterrar cadáveres.
El Comité Internacional de la Cruz Roja no recomienda que los cuerpos sean enviados a una fosa común, explica Baraybar. “Es muy diferente hacer entierros individuales, hacer nichos y que la persona esté identificada, pues sabes dónde está, sacarla es muy fácil”. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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