Con un saldo de al menos 52 periodistas y 96 defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del sexenio —y con una impunidad en más de 90% de los casos—, el gobierno federal señala al crimen organizado y a las autoridades municipales como los principales agresores… y responsabiliza a las fiscalías locales del nivel de impunidad que prevalece.
El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, reconoce la gravedad del problema y advierte que las amenazas, ataques y agresiones contra periodistas y defensores es un componente más de la crisis de derechos que el gobierno confirma y que se padece desde 2006.
¿Qué diagnóstico tiene el gobierno respecto a las agresiones y amenazas contra periodistas y defensores de derechos en México?
—Hemos realizado un análisis de un diagnóstico internamente para poder establecer dónde están nuestros factores de riesgo, dónde están ahora sí que nuestros enemigos públicos, la agenda de protección, y sí es necesario comentar que dentro de los factores que hemos encontrado, que generan agresiones hacia personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sin lugar a dudas está el crimen organizado, la impunidad que existe en las investigaciones de agresiones hacia personas defensoras y periodistas, está la corrupción, el incumplimiento de las obligaciones locales en términos de los municipios y de las entidades federativas.
- Por supuesto, la falta de cultura que existe sobre la gran importancia que tiene el periodismo y la defensa de los derechos, y acotar un tema fundamental: entre 40% y 50% de las agresiones que se viven en el país hacia periodistas y defensores provienen de autoridades municipales.
Esto nos ha hecho también considerar que el marco legal actual es insuficiente para afrontar a estos grandes enemigos y que no solamente necesitamos contener la problemática, que sigue estableciéndose en aumento de agresiones, sino que tenemos que atacarla de fondo.
¿Cómo combatir la impunidad de más de 90% que hay en los casos de asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos?
—Es un tema complejo. Es un tema histórico y estructural de nuestro país, no solamente en esta materia. Lamentablemente la impunidad que nos acecha es en toda la agenda nacional de derechos humanos, no solamente en términos de los agravios hacia personas defensoras y periodistas, también en casos de desaparición de personas, de tortura, en casos de trata, de feminicidio y en la mayoría de los delitos, es una problemática que al margen de este tema tenemos que ir dialogando con profundidad, porque nos afecta a todos.
- Es una de las más grandes transformaciones que tiene que dar este país en términos del acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación. En gran parte te puedo decir que esa impunidad está focalizada en las fiscalías generales de justicia y que ahí tendremos que generar un debate y un diálogo nacional para ver cómo podemos afrontar esta impunidad, que es tan alta, porque lo que te puedo decir es: la medida de protección más importante que puede tener una persona defensora de derechos y un periodista es que se le genere justicia, verdad y reparación por parte de las autoridades a las que le compete esta temática.
¿Cuáles son los focos rojos, en cuántos estados?
—Lo que te puedo decir es que existen hasta este momento 52 asesinatos de periodistas, que se concentran 60% en Sonora, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Estado de México y Oaxaca; por lo que hacen activistas y personas defensoras de derechos, te puedo decir que hay 96 asesinatos y que 66% se concentran en Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán.
¿Todos estos casos son del fuero común?
—La información que tenemos nosotros es que en este universo de asesinatos, la mayoría en su gran esfera se encuentran bajo la competencia de las fiscalías locales, por eso es tan importante que desde las entidades se puedan resolver estos crímenes.
¿En qué situación está el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos y Periodistas?
—A partir de este sexenio recibimos más de 90% de personas en comparación del sexenio anterior, es decir, en este sexenio lo recibimos con 798 personas y actualmente tenemos mil 518 incorporadas al mecanismo. Esto nos habla de un aumento muy importante de 90% y que a partir de ahí el gobierno de México ha tomado la decisión de, congruente con sus convicciones, liberar los recursos necesarios para brindar esta protección a lo largo y ancho del país.
Entre 2019 y 2021 se erogaron más de mil 200 millones de pesos en servicios de protección, mientras que para este año se cuenta con un presupuesto inicial de 388 millones de pesos, lo que representa una cifra histórica, pues en los nueve años de vida del mecanismo nunca se había tenido una cantidad tan grande en términos de presupuesto.
¿Qué ha fallado en el mecanismo? Hay casos de periodistas y defensores que estaban bajo ese esquema y han sido asesinados.
—El mecanismo va a cumplir 10 años, y en esos 10 años han sido asesinadas nueve personas que habían sido beneficiadas. Todo conlleva a un elemento estructural; el mecanismo no tiene las capacidades de atribuciones para solucionar las problemáticas de violencia generalizada que viven algunas entidades.
Y eso también es importante, que tanto los municipios como las entidades federativas tienen que tener conciencia de generar políticas sólidas en términos de seguridad, porque finalmente no solamente se perjudica a las personas defensoras y periodistas en relación a esto, sino a toda la sociedad y a todos los sectores que la componen.
Sin castigo ni consecuencias, los asesinatos de periodistas en México
Con dos agresiones al día y una impunidad casi total, la violencia contra los periodistas se perpetúa en un México con ineficaces medidas de protección y críticas diarias a los medios por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Matar periodistas en México no tiene ninguna consecuencia. A lo sumo se puede lograr que algún autor material, quien jaló el gatillo, sea procesado, pero no necesariamente se va a llegar a los autores intelectuales”, dijo este miércoles a Efe el director para México y Centroamérica de la ONG Artículo 19, Leopoldo Maldonado.
- Las escalofriantes cifran han llevado a organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) a calificar el país como el “más mortífero” para la prensa en el mundo.
- Según Artículo 19, México suma 148 periodistas asesinados por su labor desde 2000 a la fecha, 28 de ellos durante el mandato de López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018.
Tras un crimen en diciembre de 2018 y diez en 2019, el país registró 7 homicidios de comunicadores en 2020 y otros 7 en 2021.
- Pero la ligera tendencia a la baja de los años recientes se ha visto truncada este enero con la muerte de tres reporteros: José Luis Gamboa en el puerto de Veracruz (Veracruz), y Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana (Baja California).
“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”, dijo Lourdes Maldonado en marzo de 2019 en una de las conferencias diarias de López Obrador en Palacio Nacional, en referencia a un “pleito” que tenía con el hoy exgobernador de Baja California Jaime Bonilla, del oficialismo.
Su caso es un reflejo de la ineficacia de las medidas de protección y de una realidad que desborda las promesas presidenciales.
“Vemos con muchísima preocupación que México continúa siendo un país de alto riesgo para ejercer el periodismo”, denunció a Efe la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Edith Olivares./Agencias-PUNTOporPUNTO