RITA MAGAÑA TORRES
La Secretaría de Gobernación (Segob) reveló que alrededor de 75 por ciento de los 2 mil 457 municipios son vulnerables a la infiltración de la delincuencia, es decir que cerca de mil 854 alcaldías cuentan con pocas herramientas ante la penetración del crimen organizado.
En tanto, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, defendió la intervención de las autoridades en 13 municipios de Guerrero, donde las fuerzas federales tomaron el control de la seguridad, ya que en estas alcaldías mandaba el crimen organizado.
El titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Segob, David Arellano, aclaró que la iniciativa de la intervención del gobierno federal en municipios con vínculos con la delincuencia, no es para desaparecer este nivel de gobierno, sino asumir sus funciones temporalmente.
En el marco de las Audiencias Públicas en materia de Seguridad y Justicia en el Senado, el funcionario federal explicó que esa medida sería de carácter extraordinario, sin uso sistemático, que se usaría cuando se tengan elementos de que hay infiltración de delincuentes en un ayuntamiento.
El funcionario federal indicó que solo en 2014 al menos 13 de municipios de Guerrero estaban en manos del crimen organizado.
Por ello, consideró que la iniciativa del presidente Enrique Peña para extinguir poderes en municipios no es una medida autoritaria, toda vez que se necesita la intervención de distintos órdenes de gobierno, incluso contar con la aprobación del Senado.
Detalló que luego de que el gobierno federal tenga la información necesaria sobre un municipio presuntamente infiltrado por la delincuencia, se someterá a consideración de la Segob, a fin de analizar si lo considera procedente, se llevará a consideración de la Cámara alta esa medida.
En su oportunidad, Zerón de Lucio aseguró que en los municipios de Guerrero donde el Ejército tomó el control, era alarmante la situación en materia de seguridad.
Incluso, agregó, el crimen organizado decidía quién iba a ser el jefe, qué operativos se realizarían y lo peor es que sólo la identificación personal era la diferencia entre un delincuente y un policía.
«En 13 municipios el gobierno federal, a través del Ejército, tuvo que tomar el control porque no teníamos confianza en las autoridades municipales de seguridad, estaban cooptados por el crimen organizado», puntualizó.
Tras apoyar la reforma al 115 constitucional para desaparecer a las alcaldías ligadas con el crimen, aseguró que en Cocula, donde se encontraron restos calcinados que presuntamente son de los normalistas de Ayotzinapa desparecidos el año pasado, los policias estaban bajo las órdenes de grupos criminales.
Por su parte, el fiscal italiano, Giovanni Tartaglia Polcini, dejo en claro que no tenía una opinión sobre la iniciativa presidencial, pero habló sobre la experiencia que tienen en su país al intervenir cabildos, mediante una legislación denominada “De emergencia”.
Dijo que en Italia, la disolución de cabildos por infiltración de la mafia no tiene relación con procesos implicados a órganos jurisdiccionales, sino que se maneja como un instrumento preventivo de combate al crimen.
Apuntó que hasta el momento, después de 25 años de implementar este modelo, de más de mil municipios en su país, hasta ahora sólo se han intervenido 260.
Señaló que ese instrumento se maneja de manera proactiva y no de modo punitivo, por lo que el sistema de disolución de cabildos funcionó.
Dijo que ha servido con la aplicación de otras medidas, porque solo no hubiera podido destruir el cacicazgo que habían alcanzado organizaciones criminales, como la que se había apoderado de Sicilia.
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