Alrededor de 300 mil mexicanos han abandonado sus hogares de manera forzada por el aumento de la violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada o por conflictos territoriales o religiosos sin que las autoridades hagan algo al respecto.
- Las cifras varían dependiendo de la fuente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reconoce 283 mil víctimas de migración forzada de acuerdo con Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, en tanto que el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), dependiente del Consejo Noruego para Refugiados, contabiliza 357 mil desplazados en México.
La mayor parte de estos desplazados proviene de estados que sufren conflictos armados entre los cárteles de las drogas: Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato e Hidalgo. Sin embargo, también existe un importante número de personas que abandonó sus hogares en Chiapas debido a disputas territoriales e intolerancia religiosa.
- De acuerdo con investigadores del Colegio de la Frontera Norte, la cifra de desplazamientos forzados en el país está muy por debajo de la real debido a que en muchos casos no se registran los motivos de las personas que huyeron por la violencia y se confunden con migración a causa de la pobreza.
- Tal es el caso de los indígenas tarahumaras de la comunidad de Las Pomas, municipio de Madera, Chihuahua, quienes en enero de 2020 abandonaron el pueblo luego de que un grupo de sicarios asesinó a 16 personas, quemó 22 casas y algunos vehículos y secuestró a un número no especificado de hombres que fueron reclutados a la fuerza por los cárteles para trabajar los campos de droga o como sicarios.
Cerca de 20 familias huyeron de inmediato hacia Ciudad Juárez o a la capital del estado y como no viajaron en grupo, su llegada a estas ciudades parecía ser la clásica historia de indígenas que llegan a buscar un mejor trabajo.
- A diferencia de los migrantes que llegan de Centroamérica, Cuba o Haití, que arriban en grupos a México y son atendidos por la Comisión de Ayuda a Refugiados de la Naciones Unidas (ACNUR) o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), los desplazados por la violencia en México son invisibles a las organizaciones no gubernamentales y a las autoridades.
Sinaloa es otro estado que tiene un grave problema de migración interna forzada. De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, existen 48 mil personas que abandonaron sus hogares en los municipios de Badiraguato, Tepuche, Choix y Concordia.
Estas zonas son controladas por los remanentes del Cártel de Sinaloa, otrora dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán.
Ante el éxodo masivo de personas que llegó a la capital, Culiacán, el Gobierno del estado aprobó en julio de 2020 la Ley para Prevenir, Reparar y Atender a Personas Desplazadas, que busca dar protección legal, asistencia y vivienda a quienes se vieron obligados a dejar sus pueblos, pero a la fecha, siguen viviendo en casas improvisadas en las zonas más marginadas de la ciudad.
A diferencia de la CEDH, el gobierno de Sinaloa sólo reconoce la presencia de dos mil 635 personas desplazadas.
Michoacán
La Tierra Caliente de Michoacán ha sido escenario de sangrientos conflictos durante la última década en la que los pobladores se vieron obligados a tomar las armas y formar los llamados grupos de autodefensa para enfrentar a los cárteles.
- Primero contra La Familia Michoacana, liderada por Servando Gómez, alias La Tuta, luego contra Los Caballeros Templarios y ahora contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, este territorio vive en un estado de guerra permanente.
- De acuerdo con la oficina en México del International Crisis Group, esta violencia ha desplazado a más de 400 mil personas del estado en los últimos 11 años.
Unas mil 500 familias michoacanas forzadas a salir de sus tierras esperan en Tijuana a ser recibidas como refugiados en Estados Unidos, sin embargo, otros permanecen en México o en la propia capital del estado tratando de iniciar de cero.
Tráfico de armas provoca más desplazados
La violencia asociada con el tráfico de armas desde Estados Unidos ha provocado que 264 mil ciudadanos mexicanos abandonen sus hogares, sobre todo en ciudades fronterizas donde las tasas de homicidios son más altas, según datos incluidos en la demanda que presentó el Gobierno federal contra 11 empresas productoras y distribuidoras de armas.
“Juárez, por ejemplo, perdió alrededor de 11 por ciento de su población, mientras Reynosa perdió nueve por ciento, Tijuana seis por ciento, y Matamoros cuatro por ciento” señala la demanda interpuesta por el gobierno mexicano.
- Según datos del Gobierno mexicano, cada aumento de un punto en la tasa de homicidios relacionados con las drogas por cada 100 mil habitantes equivale a que 6.34 mexicanos que huyen de su la localidad donde viven.
- La demanda enfatiza que las compañías señaladas no se esfuerzan por detener el flujo ilegal de sus productos a las organizaciones mexicanas del crimen organizado, lo que provocó que entre 2006 y 2010, un estimado de 264 mil personas fueron desplazadas como consecuencia de la violencia desde grupos delictivos.
El Gobierno federal argumenta que pese a las rigurosas leyes de control de armamento, entre 2007 y 2019 se cometieron más de 180 mil homicidios con armas de fuego en México.
- Esto coloca a nuestro país en el tercer lugar con la mayor cantidad de muertes relacionadas con armas de fuego en el mundo. “Los asesinatos son la principal causa de muerte en México entre adolescentes y adultos jóvenes entre 15 y 19 años de edad”.
Según la demanda que presentó el gobierno de México contra las ensambladoras de armas en la Unión Americana, los artefactos bélicos son utilizados por cárteles y organizaciones criminales en territorio nacional para cometer delitos y asesinar personas.
“La inmensa mayoría de estas muertes fueron causadas por armas traficadas desde los Estados Unidos, incluidas muchas armas diseñadas, comercializadas, distribuidas y vendidas por los demandados”, añade la demanda de México contra las empresas.
Más de 6.300 migrantes expulsados por EU, víctimas de violencia en México
Más de 6.300 solicitantes de asilo que fueron expulsados de Estados Unidos tras cruzar la frontera sur durante el Gobierno del presidente Joe Biden han sido víctimas de la violencia en los lugares a donde fueron devueltos, resalta este martes un estudio de la organización Human Rights First.
- El estudio destaca que en los siete meses del Gobierno demócrata al menos se han registrado 6.356 informes de secuestros y otros ataques, incluidas denuncias de violación, trata de personas y asaltos armados violentos, contra solicitantes de asilo, entre ellos niños, que fueron expulsados a México.
- Entre las denuncias se destaca el caso de una migrante hondureña golpeada violentamente con un machete frente a su hijo de 11 años en Ciudad Acuña, en el fronterizo estado mexicano de Coahuila, tras ser expulsada por los agentes estadounidenses de inmigración.
El informe advierte que casi 83 % de todos los solicitantes de asilo varados en los estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos informaron haber sido víctimas de ataques o intentos de ataque, o haber recibido amenazas en el último mes, según los datos de la encuesta realizada de mediados de junio a mediados de agosto de 2021. Los datos fueron recopilados por la organización Al Otro Lado y analizados por Human Rights First.
- De los 69 solicitantes de asilo asentados en Tijuana (Baja California) y Piedras Negras (Coahuila) a los que Human Rights First ayudó a solicitar una visa humanitaria para ingresar a territorio estadounidense en los últimos dos meses, 62 % denunciaron haber sido secuestrados en México (43 de 69), y casi 19 % había sido agredidos sexualmente en esas ciudades mexicanas (13 de 69).
El informe también destaca que los solicitantes de asilo que pertenecen a la comunidad LGBTQ o que son de raza negra son frecuentemente víctimas de ataques en esas ciudades fronterizas, incluso por parte de las autoridades mexicanas.
- La encuesta de Al Otro Lado muestra que casi 20 % de los solicitantes de asilo haitianos en la región fronteriza del norte de México fueron víctimas de abusos por parte de la policía, incluyendo golpizas, extorsiones y amenazas.
- Los migrantes han sido expulsados en su mayoría bajo el Título 42, una norma que permite remover por razones de emergencia sanitaria a los migrantes que ingresan de forma indocumentada por la frontera, advierte el informe, que cataloga esta medida como “dañina”.
Con base en los datos encontrados, Human Rights First ha recomendado a la Administración de Biden poner fin de inmediato al Título 42 (cuyo uso se inició el año pasado durante el Gobierno del republicano Donald Trump amparándose en la pandemia de covid-19 pero que Biden ha continuado) y a las deportaciones expeditas. Además, urgió al Gobierno demócrata a que reinicie de inmediato el procesamiento de asilo en los puertos de entrada de la frontera sur de Estados Unidos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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