Creación de un ÓRGANO de ADMINISTRACIÓN y TRIBUNAL de DISCIPLINA puede DAÑAR la INDEPENDENCIA JUDICIAL

La reforma al Poder Judicial no sólo busca que los jueces y ministros se elijan por voto directo, también plantea una reestructuración del sistema que administra este Poder de la Unión; para ello, propone eliminar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y crear, en su lugar, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

• La iniciativa, que el presidente Andrés Manuel López Obrador que envió a la Cámara de Diputados, plantea cambios a los artículos 94 y 100 de la Constitución para establecer que la administración del Poder Judicial, la carrera judicial y el control interno de ese mismo Poder estén a cargo del Órgano de Administración Judicial, mientras que el área de disciplina y sancionatoria a jueces magistrados y ministros sean vistos por del Tribunal de Disciplina Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de su Centro de Estudios Constitucionales, alertó sobre la composición de este nuevo órgano y sus funciones, ya que pueden dañar la independencia judicial.

• Expertos constitucionalistas también han señalado que el nuevo órgano administrativo podría quedar capturado por el Poder Ejecutivo y su partido, debido a que se propone que esté integrado por cinco personas —dos menos que las que componen en la actualidad el Consejo de la Judicatura— que serán designados: uno por el Presidente de la República, uno por el Senado y tres por la nueva Suprema Corte, resultante de la reforma.

“El Consejo de la Judicatura hoy se integra por un consejero designado por el Presidente, dos por el Senado y tres por la Suprema Corte. Es decir, aquí hay tres nombrados no por la Suprema Corte, sino por los políticos (…) pero si tienes un partido con mayoría calificada, pues aquí sí podrá influir en las decisiones del Órgano, (también hay que resaltar) que hoy el Consejo de la Judicatura es muy claro, tiene tres consejeros de Morena, y esto no ha terminado de afectar el funcionamiento de los órganos”, consideró José María Soberanes, experto en derecho constitucional.

• En el análisis que realizó la SCJN, se señala que Poder Judicial establece que se busca tener legitimación democráticamente para hacer valer sus decisiones, pero señala que ésta “sería indirecta”, ya que los miembros del Órgano de Administración Judicial, no serán elegidos por voto popular, sino por decisión de funcionarios.

Por ello, este centro de estudios considera que se debe reflexionar sobre la composición del órgano administrativo propuesto en término de su representación plural y número de integrantes, debido a que una de las finalidades de esta reforma es “la democratización del Poder Judicial”; por lo que el máximo tribunal de justicia recomienda que se incorpore a este nuevo organismo miembros de la academia, de las fuerzas políticas y de organizaciones civiles.

El Poder Judicial está compuesto por 127, 388 personas, quienes podrían salir afectadas por estos cambios que propuso el mandatario federal. De acuerdo con los Censos Nacionales de Impartición de Justicia Estatal y Federal del INEGI, en 2023 el Poder Judicial de la Federación se componía por 54,388 personas y los poderes judicial locales, por 73,000.

Presupuesto para cabildear daña independencia

En la propuesta del presidente se establece también que este órgano se encargará de elaborar el presupuesto general del Poder Judicial y lo remitirá al Ejecutivo Federal para que, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

• Pero, en el análisis del Centro de Estudios Constitucionales también alerta que el hecho de someter a través de un órgano de administración la elaboración del presupuesto del Poder Judicial y cabildear estos recursos con diversas instancias, puede ser «lesivo para la independencia judicial”.

Lo anterior, al citar un informe de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, el cual señala la importancia de asignarle un porcentaje de presupuesto anual de la Nación al Poder Judicial para garantizar su independencia.

“Al no tener que cabildear todos los años esos recursos, le daría al Poder Judicial no sólo autonomía financiera, sino que contribuiría a garantizar la independencia judicial (…) Sería un buen momento para establecer en la Constitución que se debe destinar al menor 2% del presupuesto anual al funcionamiento del Poder Judicial ”, señala el documento de la SCJN, al recordar que en México este Poder de la Unión se le asigna el presupuesto más bajo con proporción al PB en comparación con otros países de América Latina.

• En entrevista, Soberanes mencionó que para que el Poder Judicial no dependa de los “vaivenes” políticos y así el Órgano de Administración Judicial (OAJ) no cabildee el presupuesto anual debería haber recursos fijos.

“Aquí lo óptimo sería que tuvieran ya un presupuesto fijo para que no dependiera de los vaivenes políticos, pero en esto poco cambia lo que ahora tenemos. Se podría mejorar, sí, pero, lo deja prácticamente igual. Que tuviera un porcentaje fijo del PIB. Por ejemplo, el 1%, eso sería mejorarlo», dijo.

¿Resoluciones inatacables?

Además, en la iniciativa también se establece que las decisiones del Órgano Administrativo como del Tribunal de Disciplina Judicial serán definitivas e inatacables, por lo que no procederá ningún recurso contra ellas.

• De aprobarse la reforma, el Tribunal de Disciplina será el que recibirá las denuncias e investigará a jueces, magistrados, ministros y demás personal judicial, por hechos de corrupción, tráficos de influencias, nepotismo, complicidad con delincuentes o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalismos.

Este órgano impondrá sanciones que incluyen desde amonestación hasta destitución y darán vista al Ministerio Público o solicitará un juicio político ante el Congreso de la Unión.

• El documento de la Suprema Corte sugiere que el hecho de que las resoluciones de la OAJ y del Tribunal no puedan combatirse, afectan principios fundamentales de independencia judicial, ya que señala que suele creerse que estas acciones administración sólo impactan en cuestiones accesorias de la impartición de justicia, pero no es así.

“La decisión sobre cómo se distribuyen los recursos impacta de manera directa en el ejercicio de los derechos y en el acceso e impartición de la administración de justicia”, menciona y recuerda lo que la ONU en materia judicial enfatizó que las decisiones administrativas que afectan la situación de los operadores judiciales deberían poder ser revisadas por un órgano independiente.

Para Soberanes, el principal problema que ve en la creación de los nuevos órganos es el de Tribunal de Disciplina, pues consideró que los criterios para sancionar a jueces será de acuerdo a los criterios del partido en el gobierno.

• “Lo que se está proponiendo es que esta instancia se encargue de revisar los criterios de los jueces. Pueden ser sancionados por un criterio que sea contrario, dice, al interés nacional, al interés público, que no es otra cosa más que a los intereses de la 4T. Esto es lo que se me hace muy complicado, porque ahí es en donde se le resta la autonomía a los jueces, la independencia, para poder dictar una sentencia pegada a derecho”, resaltó.
• De acuerdo con la iniciativa, los integrantes de la Consejo de la Judicatura Federal seguirán en sus cargos hasta el día en que tomen posesión los integrantes del Órgano Administrativo de Control.

Esta reforma al Poder Judicial será discutida el 22 de agosto en la Cámara de Diputados, pues actualmente realizan foros para analizar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y estos finalizar el 8 de agosto.

Alterar independencia del PJF impactará derechos básicos

La independencia judicial y la división de poderes son la garantía para que las decisiones de los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia, y no en presiones externas o intereses de grupo, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

• Recordó que estamos cumpliendo dos siglos de haber optado por la forma de gobierno republicana, representativa y federal. Sin duda han sido 200 años de una evolución política azarosa en la que queda pendiente todavía consolidar plenamente el federalismo y la división de poderes. En ese sentido, no puede haber retrocesos en estas materias.

Durante la inauguración de los foros Reforma constitucional en materia de justicia, autoridades de la máxima casa de estudios coincidieron en que dichas mesas de diálogo, que comenzaron este lunes y concluyen el jueves primero de agosto, representan una oportunidad única para reflexionar y dialogar sobre las reformas necesarias que refuercen y mejoren el sistema de justicia mexicano.

Compromiso con la justicia

Lomelí Vanegas reiteró el compromiso de la UNAM con la justicia y el bienestar del país. Estas discusiones, declaró, son una manifestación más de nuestra misión y responsabilidad social para contribuir a una nueva ruta de desarrollo más justa, igualitaria, sostenible y equitativa.

• El rector también señaló que se debe asegurar que las y los funcionarios judiciales cuenten con los saberes, habilidades y herramientas necesarias para ejercer su labor con autonomía, ética y profesionalismo, a fin de buscar que la justicia sea asequible, visible y entendible para todas y todos, ya que es un derecho humano inalienable.
• A su vez, el constitucionalista Diego Valadés Ríos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que censure sus sentencias no resolverá los problemas existentes en el Poder Judicial, y en cambio derogará avances logrados a lo largo de décadas.

Apuntó que se debate una propuesta de reforma constitucional que pretende promover la imparcialidad, garantizar la independencia, combatir la corrupción y mejorar la calidad en la impartición de la justicia. La elección de juzgadores abriría el camino para la concentración absoluta del poder y que se produzca un inevitable desenlace adverso para los derechos fundamentales en México.

Añadió que nadie puede ofrecer evidencias de que la elección popular sea una garantía de honorabilidad y de capacidad de los elegidos. La elección popular es un instrumento de la democracia, pero no es toda la democracia. Una elección expone a candidatos a presiones políticas. Este no es un escenario ideal para los juzgadores; además en México muchos aspirantes a cargos electivos son víctimas de acciones delincuenciales que suelen quedar impunes.

• Al respecto, Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, explicó que la reforma judicial debe partir necesariamente de un cuidadoso estudio de su funcionamiento integral, de sus partes y de todo aquello que efectivamente puede mejorar y fortalecer al sistema y a sus partes. Este fortalecimiento debe reflejarse en un sistema cada vez más eficiente, más accesible a la población y más independiente al margen de ideologías políticas o de ocurrencias superficiales.

Garantías

Por su parte, Lomelí hizo hincapié en que es primordial considerar la independencia judicial y la división de poderes como eje central del intercambio de ideas respecto de la reforma judicial porque son la garantía para que las decisiones de los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia y no en presiones externas o intereses de grupo.

En su turno, Sonia Venegas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM consideró urgente reflexionar sobre la viabilidad de la reforma en ciernes por su impacto en la independencia judicial, la eficacia y eficiencia en la administración de justicia, la transparencia y rendición de cuentas, la influencia en la política y en la sociedad, así como la evaluación de la justicia, entre otros aspectos.

“Resulta imprescindible mirar la experiencia comparada para evitar la fragilización de la independencia judicial, concepto que implica la ausencia de influjos externos de carácter político o económico porque cuando el Poder Judicial no goza de independencia y existe una subordinación a intereses ajenos o privados se corre el riesgo de que la justicia se trastoque en un instrumento de dominación y control”.

Independencia judicial debe ser profesional

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, señaló que la garantía para recibir una justicia profesional e imparcial deriva de la independencia judicial.

Afirmó que no es un privilegio o facultad de los juzgadores, sino una garantía para todo ciudadano que se acerca a los tribunales.

• En un comunicado, la SCJN retomó la entrevista que se le hizo al ministro por Justicia TV, el 2 de mayo en Toluca, donde manifestó que la independencia judicial es uno de los valores fundamentales del desempeño de las personas juzgadoras.
• Detalló que se le ha dado un enfoque que no es el adecuado porque se ha visualizado la independencia judicial como un privilegio o como una facultad de los juzgadores.

Pardo Rebolledo destacó que se trata de una garantía para quienes se acercan a los tribunales de que la persona que va a resolver lo hará con absoluta independencia, imparcialidad y profesionalismo.

Indicó que las críticas o posibles ataques a la independencia judicial son algo que tienen previsto los juzgadores de carrera; sin embargo, explicó que se debe tomar en cuenta que la labor del juzgador siempre se da en medio de un conflicto de derechos o de un conflicto de intereses: cuando el juez resuelve, no puede declarar empates; tiene que darle la razón a uno, y la contraparte naturalmente quedará insatisfecha.

El también presidente de la Primera Sala de la SCJN reconoció que se debe cerrar la brecha entre la sociedad y los órganos de justicia, por lo que se tiene que comunicar mejor la labor, y que se conozca que se cuenta con un cuerpo de juzgadoras y juzgadores preparados, profesionales, actualizados y con el compromiso de llevar a cabo su función, que en esencia es la defensa de los derechos de las personas.

Comentó que el año pasado se registraron cerca de un millón 300 mil amparos a nivel federal en los órganos jurisdiccionales, lo cual es una muestra de que sigue existiendo confianza para acudir a un tribunal para la solución de controversias o cuando se estima que algún acto de autoridad viola los derechos de los particulares.

El ministro se pronunció a favor de que la Corte se integre por personas que vengan de la carrera judicial, con trayectoria y experiencia de ser jueces constitucionales; sin embargo, enfatizó que hay perfiles excelentes en todos los ámbitos del derecho.

Expresa asociación de juezas preocupación por reforma al PJF

La Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ) expresó este lunes su preocupación por la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que afirmó que remover a los jueces antes de concluir su periodo “constituye una amenaza significativa para la independencia judicial”.

• Entre las propuestas de la iniciativa presidencial de reforma constitucional al PJF, que la Cámara de Diputados tiene planeado discutir en agosto, está someter al voto popular los más de mil 600 cargos de jueces, magistrados y ministros del país, lo que ha sido uno de los puntos más polémicos.
• La IAWJ emitió en sus cuentas oficiales de redes sociales una breve “Declaración de la sobre la Independencia Judicial y los acontecimientos actuales en México”, traducida también al inglés y francés.

“Los funcionarios judiciales solo deben ser removidos por causa justa, previamente establecida por la ley, con suficientes protecciones procesales, incluyendo el derecho a apelar y la revisión judicial. Cualquier intento de remover a los jueces en funciones antes de la finalización de sus términos constituye una amenaza significativa para la independencia judicial”, señala.

• También destacó que la independencia judicial es fundamental para el estado de derecho y la democracia, y que la participación plena e igualitaria de las mujeres en todos los niveles del poder judicial es vital para mantener la integridad judicial.

“La IAWJ expresa su compromiso con la importancia de la independencia judicial, el estado de derecho y los derechos de las minorías”, apuntó.

También apoyó plenamente a su asociación afiliada en este país, Capítulo México – IAWJ (MC-IAWJ), “en su esfuerzo continuo por promover y fortalecer estos valores”./Agencias-PUNTOporPUNTO