No hay claridad respecto del presupuesto que deberá destinarse para la elección de los nuevos ministros, magistrados y jueces, ni sobre los recursos públicos para pagar las liquidaciones de los funcionarios que serán separados de sus cargos antes de que concluya el periodo para el cual fueron designados. Además, según especialistas, es muy probable que haya una avalancha de juicios laborales que podrían llegar hasta instancias internacionales.
De acuerdo con el dictamen de impacto presupuestario realizado por la Secretaría de Hacienda, sobre la iniciativa en cuestión “no tiene un impacto presupuestario adicional a lo manifestado por la Secretaría de Gobernación”, dependencia que ―cita―, “considera que el proyecto no tiene impacto, ya que no considera la creación o modificación de unidades administrativas y plazas, o en su caso de nuevas instituciones dentro de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.
Sin embargo, el senador morenista Ricardo Monreal Ávila, ha señalado que el costo de la elección de los ministros, magistrados y jueces será de entre 3,000 y 3,500 millones de pesos y que se podrían tomar de los 23,000 millones de pesos que tienen los fideicomisos del Poder Judicial, que van a ser remitidos a la Tesorería de la Federación.
- En tanto, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo calcula que el costo será de unos 7,500 millones de pesos, aunque ha recalcado que debe ser el Instituto Nacional Electoral (INE) quien debe fijar el monto del costo de esa elección de esos funcionarios del poder Judicial.
- Sin embargo, algunos cálculos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estiman que la suma podría ser de alrededor de 30,000 millones de pesos.
Según el “Análisis de la iniciativa de reforma al poder Judicial en México. Problemas asociados con la iniciativa de reforma constitucional del Poder Judicial, presentada el 5 de febrero de 2020”, realizado por el Centro de Estudios Constitucionales, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la realización del proceso electoral para elegir juzgadoras y juzgadores representará un altísimo e innecesario costo para el erario”.
- Refiere que, según la organización civil Laboratorio Electoral, el presupuesto electoral para 2024 es de 60,451 millones 351,931 pesos, pero, indica, en el proceso electoral de 2024, se disputaron poco más de 19,000 puestos de elección popular, en el caso de la elección de la judicatura nacional, se tendría que elegir alrededor de 7,000 cargos de un universo de más de 40,000 personas candidatas.
Por ello estima que “el costo del proceso sería de alrededor de la mitad del costo de las elecciones federales”, es decir unos 30,000 millones de pesos.
Además, menciona que se trata de una afectación presupuestaria innecesaria, en tanto existen mecanismos más efectivos, objetivos y razonables para la selección de personas juzgadoras que garantizan su independencia e imparcialidad y permiten destinar estos recursos a acciones de mejora sustantiva de la función judicial u otras áreas estratégicas del Estado.
Liquidaciones superarían los 8,000 mdp
A ello habrá que sumar el costo de las liquidaciones de alrededor de 1,600 ministros, magistrados y jueces, lo cual podría superar los 8,000 millones de pesos, si se considera que a las personas que trabajan en el servicio profesional de carrera del poder judicial les toma alrededor de 10 años para llegar al cargo y solo considerando que solo tienen esos años de antigüedad.
Al respecto, el juez Juan Pablo Gómez Fierro manifestó: “En una encuesta que he hecho, quizá cercana con compañeras y compañeros, la mayoría de los que hemos llegado a desempeñar el cargo de juzgador a juzgador federal ha sido producto de 15 años previos al interior de experiencia adquirida en los tribunales jurisdiccionales”.
Si bien no se ha hecho público un estudio actuarial sobre lo que va a costar liquidar a ministros, magistrados y jueces, si se toma en cuenta que, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal de 2023, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2022 había 910 magistradas y magistrados, de los cuales 796 tenían adscripción a los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC) y 114 a los Tribunales Colegiados de Apelación (TCA).
- Asimismo, había 737 jueces, de los cuales 439 tenían adscripción a los Juzgados de Distrito (JD); 165 a los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF); ocho al Centro Nacional de Justicia Especializado (CNJE) y 125, a los Tribunales Laborales Federales (TLF). Eso quiere decir que en total el registro es de 1,647 jueces y magistrados.
- Con esas cifras se puede llegar a una estimación. De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, el salario bruto mensual de los magistrados es de 374,203.42 pesos. Si se calcula lo que representa liquidar a los 910 magistrados con tres meses de salario, 20 días por año trabajado (y solo considerando que tuvieran los 10 años de antigüedad en el empleo), más una prima de antigüedad de 12 días por los mismos 10 años trabajados, cada magistrado debería llevarse como indemnización cinco millones, 114,113, pesos y los 910 alrededor de 4,653 millones de pesos.
- Si se hace el mismo ejercicio con el salario de los jueces (que ganan 337,575.25 pesos mensuales) y solo suponiendo que tienen 10 años de antigüedad en sus empleos, el total por los 737 es de más de 3,400 millones de pesos, para un total entre jueces y magistrados de al menos 8,054 millones de pesos.
Además, habría que calcular el costo para liquidar a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos ingresos anuales brutos son de cinco millones 529,450
Avalancha de juicios laborales promovidos por expertos
Por otra parte, Juana Fuentes Velázquez directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación advirtió que, si se decide no escuchar a los operadores del poder Judicial y así se aprueba la reforma, “las mujeres y hombres que hoy trabajan en los tribunales y juzgados del país habremos de considerar las vías de acción que se requieran para enmendar el despropósito”.
La vocera de los inconformes recalcó que “el silencio prudente” que los juzgadores han asumido como regla de conducta, porque tienen claro que no son contendientes políticos, ha sido usado en su contra, pero enfatizó: “Que no se entienda ello como un signo de debilidad o de aceptación de las calumnias”.
- En ese sentido, el análisis citado, realizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la SCNJ enfatiza que la propuesta de destituir a todas las juzgadoras y juzgadores en un mismo momento, genera un alto riesgo de que presenten demandas en materia laboral o litigios en el ámbito internacional, lo que implicaría un importante costo para indemnizarles por la afectación a sus garantías de inamovilidad en el cargo y a sus derechos laborales adquiridos. Por otro lado, existe el riesgo de que el personal sindicalizado de juzgados y tribunales sufra despidos injustificados. Es probable que el personal judicial de apoyo (secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros) no sea evaluado por las nuevas personas juzgadores conforme a la calidad de su trabajo, sino conforme a su afinidad ideológica, a su utilidad para conseguir objetivos personales o de grupo o con base en otros criterios políticos.
Por su parte el abogado, Eliseo Rosales comentó que de aprobarse la reforma en los términos en la que fue enviada al Congreso, durante su implementación, seguramente los jueces que sean afectados, si no son indemnizados como lo marca la ley, seguramente van a iniciar una serie de juicios laborales por su despido.
- Si bien, esos juicios tendrían que resolverlos los jueces que los sustituyan, hay altas probabilidades que los inconformes tengan sentencias adversas; sin embargo, seguramente, eso, lo único que generará es que acudan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde seguramente ganarían.
- Desde luego que son funcionarios con derechos adquiridos y, desde luego que tendrán como recurso la demanda laboral, insistió. Además, estarían atentando contra su derecho de un mínimo vital, que se refiere a la libre disposición de recursos económicos mínimos para hacer frente a las necesidades más perentorias del ser humano.
Destacó que la implementación de la reforma puede incurrir en inconvencionalidades, es decir que vaya en contra de lo que establecen tratados internacionales que han sido firmados por México y que tiene la obligación de respetar.
Propone que gastos de reforma se pague con sus fideicomisos
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador “el remedio y el trapito” del costo de la reforma al Poder Judicial es que se pague con la mitad de los fideicomisos de ese poder, “para que no usen eso de pretexto”.
Ante los señalamientos de que los cambios podrían costar mucho dinero el mandatario federal respondió: “Le voy a dar el remedio y el trapito: que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos y con eso alcanza. Y que ellos ayuden. Si es una reforma para que mejore el Poder Judicial”.
Recordó que tienen 20 mil millones de pesos guardados, “claro que alcanza, hasta con menos de la mitad. Ahí está ese dinero, para que no usen eso de pretexto, de excusa, de que cuánto va a costar. No, esto no es un gasto, es una inversión. La justicia es algo prioritario”.
El presidente López Obrador también reprochó que su reforma al Poder Judicial se cuestiona como no se hace con la de Joe Biden, en Estados Unidos.
“No sé a ciencia cierta en qué consiste una reforma que está proponiendo el presidente Biden para el Poder Judicial en Estados Unidos, pero seguramente es el que no haya abusos de autoridad, y que en realidad se imparta justicia. Pero en Estados Unidos… Nada más que eso no lo vamos a ver en Televisa, ni en Reforma. O a lo mejor Reforma sí sacó algo ya. ¿No ha sacado nada de la reforma judicial en Estados Unidos?”.
Consideró que sería muy bueno que se sepa en qué términos se plantea porque dijo estar seguro de que 98 por ciento de los mexicanos no lo sabían.
“Y no porque no quisieran saberlo, sino porque no hay información, porque sigue el control de los medios. Entonces, sí sería bueno, primero, pues ya lo estamos diciendo, a ver, en qué consiste la reforma en Estados Unidos. ¿Y por qué allá no hay tanto escándalo? ¿Por qué es aquí que la mayoría de los articulistas y comentaristas de radio y de televisión no quieren que el pueblo elija a los jueces? Como dicen los filósofos de los pueblos: por algo será”, señaló.
Corte mantiene freno a desaparición de Fideicomisos del Poder Judicial
Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron revocar la suspensión definitiva de la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal.
El pleno rechazó por cuatro votos a favor y uno en contra, de la magistrada ponente, Lenia Batres Guadarrama, levantar la suspensión que concedió el 2023 el exmagistrado Filiberto Javier Mijangos Navarro.
En su proyecto, Batres Guadarrama propuso revocar la medida cautelar que frena la extinción de los fideicomisos, así como negar la suspensión definitiva.
Argumentó que la jueza de distrito se “extralimitó” y causó perjuicio al interés social contraviniendo el orden público.
“Y más aún, en esta suspensión otorgada de manera excesiva, considero que se hizo en perjuicio del interés social y contraviniendo el orden público, dado que la jueza priorizó intereses propios de la población, al impedir que los recursos de los 13 fideicomisos se destinaran a atender los daños y desastres ocasionados por el huracán Otis categoría 5, en el estado de Guerrero, como dispuso el Congreso de la Unión”, planteó.
- El 18 de octubre del 2023, el pleno de la Cámara de diputados aprobó, con el voto de Morena y sus aliados, la reforma por la que se extinguen 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal, cuyos recursos se destinarían para tal fin.
- Contrario a los argumentos Batres Guadarrama, su par Luis María Aguilar Morales dijo que no hubo ninguna afectación al interés social, al resaltar que el destino que se buscaba dar a los fondos de los fideicomisos, bien se pueden obtener de otras partidas presupuestales que sin duda tiene a su disposición el Ejecutivo federal.
El juzgador argumentó que procesalmente “este no es el momento para analizar si se vulneran o no esos derechos, pues eso correspondería en todo caso al fondo del juicio de amparo”.
En noviembre del 2023, un juez federal concedió la suspensión definitiva en contra de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, así como la entrega de más de 15,000 millones de pesos a las arcas de la Tesorería de la Federación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Lenia Batres asegura que 2 mil funcionarios del PJ ganan más que AMLO
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, acusó que 2 mil 377 funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, violando el artículo 127 de la Constitución, reformado desde agosto del 2009 para poner un tope máximo a las percepciones de los servidores públicos.
- Durante un foro informativo en el auditorio «Ricardo Flores Magón», de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la ministra explicó que estos funcionarios del PJF, entre ellos jueces, magistrados y ministros, han evadido el cumplimiento de la Constitución mediante suspensiones, amparos e interpretaciones torcidas de la ley, lo que sustenta un argumento más a favor de la reforma judicial.
- Antes, durante una conferencia de prensa junto con las diputadas Lizett Arroyo y Guadalupe Chavira, así como Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la ministra aseguró que la reforma no es una amenaza para la independencia del Poder Judicial Federal (PJF), por el contrario, dijo, el voto popular le otorgará legitimidad y mayor autonomía.
Batres Guadarrama explicó que la reforma judicial tiene entre sus objetivos fortalecer la independencia de jueces, magistrados y ministros.
“Entonces la independencia no se vulnera, al contrario, al pasar a la decisión, no de los poderes políticos, que son los que actualmente deciden quienes son las personas juzgadoras, sino al trasladar esa decisión a la población a través del voto popular, ganan mucha independencia”, respondió a pregunta expresa en conferencia de prensa, durante su visita a la capital de Oaxaca, para participar en diversas actividades informativas sobre este tema.
- La diputada Lizett Arroyo afirmó que la reforma judicial debe ser también una oportunidad para saldar la deuda histórica que el sistema de justicia tiene con las mujeres, sobre todo a las víctimas de violencia de género, en cuyos procesos frecuentemente se termina premiando a los agresores.
Por su parte, la diputada Guadalupe Chavira sostuvo que los resultados de las pasadas elecciones confirmaron que el país está en la ruta de una profunda transformación de la vida pública, ante la cual el PJF se ha opuesto permanentemente.
A su vez, el académico Jaime Cárdenas Gracia sostuvo que la reforma judicial permitirá tener un PJF para el pueblo, evitando que jueces y magistrados sigan actuando para favorecer los intereses de los grandes grupos empresariales./Agencias-PUNTOporPUNTO
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