Durante 2021 se dejaron de ejercer más de 15,498 millones de pesos en medicamentos y atenciones médicas a habitantes sin seguridad social laboral, por diferentes inconsistencias detectadas en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), así como en el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi).
- La posible corrupción detectada, incluye el subejercicio de recursos, pagos y prestaciones laborales sin justificar, así como compra de medicamentos a sobrecosto o pago a proveedores sin justificar.
- La revisión al “Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013)” de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), menciona que la falta de recursos equivale una reducción del 24.6% del total de los fondos que se tenía presupuestados.
“Como resultado de lo anterior, las entidades federativas dejaron de ejercer los recursos destinados para la atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral por 15,498.4 millones de pesos de los 63,086.7 millones de pesos que debieron recibir por Ley, que representa el 24.6%”.
- Durante los últimos años diferentes habitantes de las 32 entidades federativas han denunciado la falta de medicamentos para atender distintos padecimientos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el desabasto para atender a los habitantes.
“Esto va para Juan Ferrer, para el doctor Alcocer: Yo no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos sin medicamentos para atender a enfermos”, expresó el mandatario el 10 de noviembre durante una gira por Colima.
El 22 de octubre López Obrador fue cuestionado por habitantes de Olinalá, Guerrero, quienes le gritaron “no hay medicamentos”. El presidente respondió: ahora no, pero va a haber, es mi compromiso».
“Vamos a hacer realidad el derecho a la salud, que no es un privilegio, es un derecho, de nuestro pueblo, universal, es decir, para todos y gratuitos”.
- La auditoría: La revisión que llevaron a cabo los auditores de la ASF fue al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013) que se creó en 2019 en sustitución, primero del Programa de Inclusión Social (PROSPERA) y después, del Seguro Popular.
El programa está dividido en dos sectores. El primero es: “prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social”. El segundo es “fortalecimiento del acceso efectivo y la continuidad en la prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación”.
Al fiscalizar los más de 63 mil millones de pesos que se destinaron en 2021 para el programa, los auditores detectaron la falta de documentación para comprobar 711 millones de pesos que tenían que ser entregados a los gobiernos estatales.
“La principal irregularidad detectada en la revisión del programa U013, fue la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 711.3 millones de pesos, la cual representó el 43.9% del monto total por aclarar. Dicha irregularidad fue determinada en 7 de las 32 entidades federativas; cabe resaltar que 402.2 millones de pesos corresponden a pagos realizados en el capítulo 1000 (servicios personales) sin la acreditación correspondiente de la erogación de los recursos”.
Una segunda inconsistencia son los pagos por más de 182 millones de pesos en supuestos sueldos o prestaciones a empleados.
“En 4 entidades se realizaron pagos excedentes en sueldos, prestaciones o estímulos a los autorizados por 182.1 millones de pesos, monto que representó el 11.2% del monto total por aclarar».
Además, se efectuaron transferencias bancarias por más de 443 millones de pesos sin que se tenga certeza del destino, así como en qué se utilizaron los recursos públicos que se destinaron para la implementación del programa.
“Se realizaron transferencias de recursos del programa U013 a otras cuentas bancarias sin acreditar la trazabilidad que demuestre el destino final del gasto en los objetivos del programa por 443.0 millones, que representó el 27.3% del monto total por aclarar”.
- Subejercicio de recursos: Los auditores también detectaron la falta de reintegros a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por más de 83 millones de pesos.
“Los recursos o rendimientos financieros no devengados ni pagados, sin ser reintegrados a la TESOFE fue la cuarta observación más representativa por un monto de 83.3 millones de pesos, que representó el 5.1% del monto total por aclarar”.
En la auditoría se enlista al Instituto de Salud para el Bienestar, dependencia que no ha aclarado 98 millones de pesos que supuestamente utilizó en la compra de bienes, así como siete millones en medicamentos a sobreprecio.
“Se emitió una solicitud de aclaración al INSABI por 98.4 millones por no acreditar la entrega de bienes en especie a las entidades federativas; asimismo, se le observó un monto por 7.3 millones por adquirir medicamentos con un precio superior al contenido en el Listado de Precios de Referencia establecido por la SHCP”.
Otra de las inconsistencias es la transferencia que recibió el Fondo de Salud para el Bienestar por cinco mil millones de pesos, sin que hasta el momento se detalle el motivo.
“Se transfirieron recursos del programa U013 al FONSABI por 16,703.5 millones de pesos, debiendo ser 11,680.0 millones, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud. Como resultado de lo anterior, se transfirieron en exceso 5,023.5 millones, dejando de suministrarlos a las entidades federativas. El monto total que el INSABI debió transferir a las entidades federativas es de 63,086.7 millones”.
La lista de presuntos actos de corrupción es el pago de más de 3 millones 939 mil pesos a diversos proveedores sin que a la fecha de la auditoría se haya acreditado la entrega total de los bienes a las entidades federativas.
“Asimismo, de la diferencia por 8,997.0 millones, mediante adecuaciones presupuestarias y sin fundamento, el INSABI transfirió recursos a la partida 46101 Aportaciones a Fideicomisos Públicos (FONSABI) por 6,232.3 millones, dejando de suministrarlos a las entidades federativas para la compra de medicamentos; y de los restantes 2,764.7 millones de pesos, efectuó el traspaso al Ramo General 23, por considerarlos como economías, aún y cuando estos recursos corresponden por Ley a las entidades federativas”.
Ssa presenta irregularidades por 168 millones de pesos
La Secretaría de Salud (Ssa) presenta irregularidades financieras por 168 millones 369 mil pesos, de acuerdo con la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La dependencia a cargo de Jorge Alcocer presentó gastos no justificados en cinco apartados, entre ellos manejo de los insumos, bienes y servicios, recursos a hospitales y desembolsos por Tecnologías de la Información y la Comunicación
Y, como parte de las 13 auditorías realizadas por la dependencia, acreditó “un aparente desfalco por 98 millones 489 mil pesos por la gestión financiera del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán”.
- La institución además carece de controles para resguardar y entregar los materiales y provisiones, y tampoco lleva un control del inventario “lo que impidió la presentación confiable de los registros en los estados financieros”.
- Los procedimientos de contratación carecen de supervisión por parte de los administradores del contrato, ya que no se acreditó la prestación de los servicios acordados en al menos seis contratos.
La ASF emitió una recomendación para fincar Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y emitió dos Pliegos de Observaciones a la Secretaría de Salud, por los probables desvíos por casi 100 millones de pesos; además el Hospital de la Península de Yucatán no demostró tener el personal de confianza suficiente en mandos medios y superiores.
La Secretaría de Salud debe de aclarar el destino de 24 millones 586 millones de pesos relacionados con los servicios de arrendamiento de equipo informático; de mantenimiento y de aplicaciones sustantivas; así como de servicios de telecomunicaciones.
- La ASF detectó deficiencias en la administración de contratos, principalmente en la falta de soporte de los servicios proporcionados por los proveedores y en la supervisión y seguimiento por parte del administrador del contrato del cumplimiento de las actividades acordadas.
Se estima un probable daño al erario por más de 19 millones de pesos debido a que se “carece de la evidencia que valide que todas las órdenes de servicio generadas durante 2021 con el proveedor, fueron cerradas a satisfacción de las áreas usuarias; que se cuenta
con sus entregables, así como con la documentación probatoria que valide la ejecución de las actividades de mantenimiento y desarrollo”.
La Auditoría Superior desconoce el paradero de 35 millones 860 mil pesos en el Instituto Nacional de Salud Pública. También en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, por dos millones 266 mil pesos; el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, por 13 millones 167 mil.
Detectan incongruencias en vacunas contra Covid-19
Incongruencias y debilidades en el control y supervisión de los recursos ejercidos para la adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de las vacunas contra el Covid-19 es lo que arrojó la Auditoría De Cumplimiento 2021-5-12R00-19-0040-2022, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública 2021.
El informe señala, que los formatos utilizados para sustentar la recepción, almacenamiento y distribución de las vacunas almacenadas por los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México SA de CV (Birmex) “no señalaron, en algunos casos, la temperatura con las que se recibieron las dosis y el número de lote correspondiente”.
Además, no se proporcionó evidencia de las conciliaciones que debían efectuarse entre el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia) y Birmex de las entradas al almacén de las dosis adquiridas, ni del seguimiento de la distribución de las vacunas.
En el informe de la auditoría realizada al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia en el que se revisaron 4 mil 661 millones 410 mil pesos de los recursos ejercidos relacionados con la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, destaca que “no se realizó el seguimiento oportuno de las notificaciones efectuadas por Birmex respecto de las acciones por realizar de las dosis de las vacunas próximas a caducar y que se encontraban bajo su resguardo”.
En septiembre de 2022, la Secretaría de Salud informó que 5.4 millones de dosis habían caducado, lo que representa 2.07% por ciento del total de biológicos en el país, y que se encontraban bajo resguardo de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México.
- Medicinas contra cáncer, sin acreditar entrega: La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) no acreditó la entrega de al menos 69 mil 44 piezas oncológicas a diversas instituciones de Salud Pública de México en el marco del convenio de adquisición de Medicamentos y Material de Curación suscrito con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) por el periodo 2020-2024.
De acuerdo con la tercera entrega del informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2021, “se observaron diversas deficiencias en las adquisiciones consolidadas de medicamentos oncológicos” efectuadas por el Insabi y la UNOPS.
Por ejemplo, en el documento se explica que de 61 claves priorizadas por un total de 1 millón 894 mil 126 piezas de medicamentos oncológicos requeridas, al 31 de marzo de 2021, únicamente se entregaron, a esa fecha, 10 claves por 21 mil 484 piezas (1.1% de las solicitadas), de lo que el Insabi no acreditó cómo se cubrió la demanda de las restantes 51 claves prioritarias con 1 millón 872 mil 642 piezas.
Además, de la demanda inicial de 194 claves por 12 millones 714 mil 848 piezas solicitadas por 32 Instituciones Públicas al Insabi en el mes de noviembre de 2020 y notificadas a la UNOPS, sólo 131 claves, por 5 mil 600 piezas, fueron adjudicadas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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