El presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) representa solo el 0.2% del presupuesto total del gobierno federal, que en 2023 podrá ejercer el gasto de 8 billones de pesos 299 mil 647 millones de pesos, de acuerdo con lo aprobado por Morena en el Congreso.
- De acuerdo con México Evalúa, la marginación presupuestal del INE en este sexenio se ha agudizado, dejando en riesgo su desempeño en la organización de elecciones, aunque todo indica que ese es justo el propósito detrás del recorte a este órgano.
- «El INE no resulta caro, pues si este desapareciera y se tomaran todos sus recursos, apenas se podría aumentar el presupuesto de la Secretaría del Bienestar para 2023 en un 6%, considerando que en 2023 dispondrá de 408 mil millones».
- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la necesidad de su reforma electoral por el alto costo que representa el Instituto, aún cuando Morena disminuyó 4 mil 475.5 millones de pesos los recursos al órgano electoral para el siguiente año.
Según el presidente López Obrador, el aparato democrático de México es el más caro del mundo pues cuesta 20 mil millones de pesos al año, sin embargo, el INE solicitó para el 2023 un presupuesto de 14 mil 437 millones millones de pesos más los cuatrol mil millones destinados a partidos políticos, sin embargo, la cifra fue recortada por el Congreso.
- Por otro lado, Morena aprobó un aumentó los recursos para el gobierno del presidente López Obrador en un 1 billón 211 mil 397.5 millones de pesos más que lo etiquetado para este año 2022.
En palabras del presidente de México durante su conferencia matutina del 16 de noviembre, “no se requieren 20 mil millones de pesos para organizar comicios”.
- Así, la ONG considera que el tamaño del presupuesto para el ente encargado de las elecciones no tiene el tamaño para generar un riesgo fiscal, como acusan los promotores de la reforma electoral.
- México Evalúa encontró que las habituales restricciones presupuestales contra el órgano electoral se han cuadruplicado en esta administración, superando incluso a las disminuciones aplicadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El INE cada año presenta dificultades al momento de solicitar presupuesto ante el Legislativo, donde la Cámara de Diputados suele castigar a dicho Instituto y a su vez aumentar recursos a diversas dependencias del gobierno federal, como el caso de la Secretaría del Bienestar, que en 2023 será la principal beneficiada con los más de 6 mil 400 millones de pesos recortados a los organismos autónomos.
El costo del sistema democrático en México es mínimo frente a los programas prioritarios del gobierno, pues el presupuesto para el instituto electoral para 2023 es 17 veces menor a los estímulos fiscales a los combustibles durante 2022 y 14.5 veces por debajo de las transferencias que realizó Sener a Pemex en 2021, señaló México Evalúa.
Luego de la marcha ciudadana del 13 de noviembre en defensa de la democracia, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, llamó a las autoridades electorales a evitar confrontarse con los gobiernos que emiten ataques o convertirse en su contraparte, pues esto abona a la polarización promovida por los mismos.
- El pasado lunes 14 de noviembre, al participar de manera virtual en el XIX Congreso Europeo de Organismos de Gestión Electoral “Inteligencia Artificial e Integridad Electoral”, el consejero presidente declaró que los funcionarios electorales deben actuar con responsabilidad ante los dichos de los gobiernos, pues consideró que al hacerlo, solamente estarían abonando a la división y polarización en el país.
Diputados de Morena proponen ahorrar 700 mdp
La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, propone en Plan B de la reforma electoral, ahorrar 700 millones de pesos anuales en la renta de inmuebles para módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE), busca que sean instalados en escuelas, universidades y palacios municipales; también busca desaparecer direcciones.
- A nombre de su bancada, el legislador de Morena, Hamlet García, detalló que entre los cambios a leyes secundarias que analizan en el Plan B de reforma electoral está generar ahorros en el arrendamiento de inmuebles destinados a los módulos de atención ciudadana en los que se expide la credencial de elector, para que sean instalados en escuelas de educación básica, instituciones de educación superior o en palacios municipales.
“Estamos avanzando también en el análisis de los rubros en los que se puede reducir los gastos del instituto, detectamos que hay 700 millones de pesos destinados a la renta de inmuebles, renta de módulos para las credenciales para votar”, señaló.
En este sentido, subrayó que existen inmuebles de los tres órdenes de gobierno desocupados, con los que el INE puede hacer convenios.
“En el caso del INE hay espacio de acción, hay inmuebles de dominio público municipal, estatal y federal que están desocupados, disponibles, hay espacio en las universidades públicas del país, seguramente podrán desarrollar algún convenio, además son lugares en los que confluyen decenas o centenas de miles de personas al día, se pueden colocar también en bibliotecas públicas, espacios en los que no tengan ninguna objeción sobre alguna perspectiva política o partidista, aunque gobiernos municipales los hay de todos los partidos”, señaló Hamlet García.
Añadió que otros de los aspectos que se analizan y podrían estar incluidos en el dictamen es la desaparición de direcciones ejecutivas dentro del instituto, que, a su consideración, tienen duplicidad de funciones como son las direcciones de Organización y Capacitación, que calificó como “direcciones hermanas”.
“Hemos estado analizando los márgenes en la legislación secundaria, encontramos algunas direcciones, estructuras orgánicas dentro del instituto que duplican funciones o son muy similares, la duplicidad de funciones en relación con los OPLEs y la similitud entre las mismas áreas del instituto”, recalcó.
Exconsejeros llaman a frenar “reforma b”
Al calificarla como una reforma regresiva y antidemocrática, los exconsejeros del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Jacqueline Peschard, José Woldenberg y Mauricio Merino, coincidieron en que la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López es popular, pero lo que realmente pretende es alinear a las autoridades electorales a su voluntad, borrar la pluralidad de partidos, la competencia y cambios de gobierno, la fiscalización y la resolución pacífica de los conflictos postelectorales. Por ello, llamaron a dar una batalla intelectual y política para frenar esa iniciativa y el plan “B” del gobierno en esa materia.
- Al participar en el consejo consultivo “Pensando en México” del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jacqueline Peschard expuso ampliamente el trasfondo de la iniciativa del presidente López Obrador. Opinó que no es una reforma para fortalecer lo que ya funciona bien y tampoco para hacer una institución menos costosa. Indicó que lo único positivo de la iniciativa es la introducción del voto electrónico.
Se trata de una auténtica contrarreforma, porque pretende disminuir el andamiaje electoral construido en las últimas tres décadas que ha mostrado ser capaz de organizar elecciones justas, libres y disputadas. Todo eso está amenazado por la iniciativa de reforma del presidente, que pretender el control centralizado del aparato electoral, asentado un golpe a la competencia política, a la pluralidad en los comicios y a los pesos y contrapesos en la representación política, alimentando el regreso a un régimen autoritario”, advirtió.
- Jacqueline Peschard y José Woldenberg coincidieron en que la propuesta de elegir mediante voto ciudadano a consejeros y magistrados es popular, pero en realidad existe el riesgo de que sean elegidos únicamente los candidatos del presidente y con ello poner en riesgo la equidad y certeza de las campañas y resultados electorales.
- Peschard precisó que el voto electivo para consejeros y magistrados provocaría que éstos tuvieran un vínculo directo con los partidos, ya que los ciudadanos votarán listas de los tres Poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo).
“Esto quiere decir que los candidatos que surgieran serían vinculados a estos tres poderes, y el Ejecutivo y Legislativo ya están dominados por un partido, y hemos visto que el otro (Judicial) se ha subordinado».
- Woldenberg Karakowsky añadió que la única posibilidad que tendrían los aspirantes para hacer campaña sería coaligándose con algún partido, los únicos con el aparato para hacer campaña. “Y podríamos acabar con consejeros propuestos por el presidente y los siete magistrados, porque es probable que los candidatos lleven una ventaja sobre los demás”, sostuvo. Consideró que ello eliminaría la imparcialidad en las contiendas.
En riesgo sucesión presidencial del 2024
Jacqueline Peschard planteó que la propuesta presidencial no tiene ningún diagnóstico previo, además de carecer de legitimidad, ya que al pretender una nueva forma de elegir a las autoridades electorales, debería ser aceptada y no rechazada -como ahora- por la oposición.
Y lo que hace es presentarse de manera unilateral y tiene el propósito de trastocar todo el edificio electoral y volver a una situación de más de 30 años. Lo que se quiere es alinear a la autoridad a la voluntad del Presidente. Se quieren evitar la pluralidad, la competencia, la fiscalización, la justicia electoral. Es un retroceso a lo que teníamos hace 30 años con el PRI”, sostuvo.
- Añadió que se pretende desnaturalizar al Instituto Nacional Electoral (INE), ya que no ha habido conflicto postelectoral desde la última reforma y se ha logrado una alternancia del 65% en las elecciones, por lo cual el 70% de los mexicanos confía en ese instituto.
Alertó que la propuesta de Morena y del Presidente pone en riesgo la transmisión pacífica del poder en 2024, porque a escasos 10 meses de iniciar el proceso electoral para la sucesión presidencial, no habrá tiempo para implementar la reforma con certeza. “Se compromete uno de los valores fundamentales que es la certidumbre, y queda en duda si se pretende cambiar todo”, sostuvo
Advirtió que quitarle al INE la operación del padrón electoral y entregarlo al gobierno, como pretende la iniciativa. “volveríamos a la época de ciudadanos con más de un voto, o rasurados del padrón electoral por opositores”.
- Destacó que la eliminación del servicio profesionalización electoral como función del Estado, y sustituirlo por empleados temporales, implicaría que los trabajadores dependan del gobierno o del partido en el poder.
- Calificó como un “golpe a la competencia política y a la pluralidad”, así como un ataque al federalismo el pretender reducir representantes populares en los Congresos, ayuntamientos y alcaldías.
Precisó que desaparecer 200 curules en la Cámara de Diputados y 32 en el Senado de la República, y que la elección sea mediante una sola lista por entidad (3 por entidad para el Senado y entre 2 y 4 por estado para la Cámara de Diputados), implicaría que en “en las 10 entidades federativas con 10 o más diputaciones podrán tener representación los partidos más pequeños., pero en los 12 estados donde sólo hay entre 2 y 5 diputaciones en disputa, los partidos más grandes se apoderarían de los escaños, dejando sin espacios a los partidos minoritarios”.
- Indicó que reducir el financiamiento a partidos es una medida muy popular pero riesgosa, además de que significaría un debilitamiento al sistema de partidos, ya que éstos dependerían de financiamiento de grupos económicos o, peor, delincuenciales.
Mencionó que si se toma en cuenta que el costo estimado de una elección nacional es de 8,000 millones de pesos, la propuesta presidencial de desaparecer los institutos electorales estatales (OPL) no generaría ahorros, pues esos recursos tendrían que destinarse a la nueva autoridad nacional que asumiría sus funciones, además de que la cancelación de la estructura estatal significaría un crecimiento del nuevo órgano nacional.
“Requerimos de una exigencia social fuerte a lo que logramos en la marcha del domingo para que pongamos toda la presencia sobre el PRI, para que no pase esta reforma (constitucional), pero que tampoco pase el Plan B (una reforma legal)”, demandó Jacqueline Peschard.
- José Woldenberg resaltó que la historia electoral es conocida y ha pasado por ocho reformas de 1988 al 2014, en todas para plantear mejoras en la imparcialidad, equidad, certeza, representatividad de la pluralidad y no exclusión en las elecciones.
Distorsión del concepto de democracia
Por su parte, Mauricio Merino dijo preocuparle que el presidente López Obrador desvirtúe en sus conferencias de prensa el concepto de democracia, al señalar que ésta no existía porque él no ganaba las elecciones.
“Al borrar deliberadamente y estigmatizar todo lo que se ha hecho estos años, el Presidente ha ignorado todo el esfuerzo de construcción institucional que se ha hecho para avanzar en procesos más completos de rendición de cuentas, combatir la corrupción en una mirada institucional, para combatir la discriminación, salvaguardar los derechos de una minoría, evitar que se distribuyeran los recursos con propósitos clientelares”, planteó.
“Nos quiere llevar, mucho me temo, a un 2024 en donde solo quepan dos opciones. Donde no quepa la pluralidad, los ciudadanos, la posibilidad de disentir (…) hagamos una batalla intelectual y una batalla política”, dijo Merino.
Episcopado y la IP externan su desacuerdo con la Reforma Electoral
La Iglesia católica y la Iniciativa Privada externaron su preocupación debido a que las discusiones y una eventual aprobación de Reforma Electoral son un agravio y retroceso a la vida democrática del país, lo que pone en riesgo su desarrollo.
- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió a los poderes Ejecutivo y Legislativo asumir su responsabilidad con las futuras generaciones y defender a las instituciones electorales como el INE.
- “Expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil por el impulso que se da a una reforma constitucional en materia electoral, por iniciativa del Ejecutivo federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país”, detalló el CEM.
- El organismo religioso señaló que la medida propuesta está destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, ya que, de ser aprobada, llevaría el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, lo que afectaría directamente a la autonomía ciudadana y la imparcialidad partidista.
- En el mismo sentido, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, advirtió que las discusiones sobre la Reforma Electoral ponen en riesgo la democracia en México y con ello, el desarrollo del país. “Insistimos, no es momento de discutir una Reforma Electoral, no hay que cambiar lo que funciona”, por temas coyunturales, derivados de una propuesta del jefe del Ejecutivo y avalada por Morena.
“En Coparmex nos parece que cuando algo funciona bien no es momento de cambiarlo y en ese sentido la ley electoral funciona muy bien”, aseveró.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ahora que se discutirá la Reforma Electoral, podría ir una comisión de legisladores a Brasil para que conozcan su sistema electoral y aclaró que no se busca desaparecer al INE ni al Tribunal Electoral de la federación.
Empresarios en contra de la reforma electoral
Vestiga Consultores, una empresa encargada de realizar servicios de inteligencia de negocios y seguridad corporativa, estimó que 84% de los empresarios mexicanos están en contra de la reforma electoral del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
- Mientras, 16% de los patrones mexicanos sí está a favor de la aprobación de una reforma electoral en este momento, que incluya modificaciones mayores o la desaparición del INE, afirmó Sergio Díaz, socio director de Vestiga.
- Recordó que la comunidad empresarial no está ajena a la realidad que vive México ni a los temas de más polémica en la agenda pública ni a los que pueden tener un impacto o trascendencia relevantes en la estructura institucional del país.
“Un alto porcentaje (87%) de miembros de la comunidad empresarial está en contra de realizar grandes cambios al INE o desaparecer”, declaró el exdirectivo de Kroll y FTI Consulting.
El empresariado mexicano no considera que una reforma electoral sea una prioridad para México, especialmente cuando se tienen otros problemas que ellos juzgan más acuciantes, determinó la encuesta telefónica realizada por Vestiga Consultores con accionistas principales y directores generales de 892 empresas en México (pequeñas, medianas y grandes).
- El marco muestral para la selección de esta muestra fue el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi con datos actualizados al año 2020. Las entrevistas se aplicaron vía telefónica con un cuestionario con variables precodificadas. El margen de error mínimo para la estimación resultante es de +/- 4.50% y considerando un nivel de confianza de 95.0%. El levantamiento se realizó entre el 19 de octubre y el 4 de noviembre de 2022.
Según la consultora, la inflación, una eventual recesión, las disputas con Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC y su potencial impacto en el comercio exterior de México y la reforma eléctrica preocupan mucho más al empresariado.
Asimismo, estiman que la inflación, una eventual recesión, las disputas y otros temas son mucho más relevantes para el país ahora que una reforma electoral como la planteada por el presidente de la República.
De acuerdo con Vestiga Consultores, el 74% de los empresarios asegura que no es nada prioritario la aprobación o discusión de una reforma electoral, como la presentada por el presidente de la República. Además sólo 9% de los tomadores de decisión en las empresas ven “algo” o “muy” prioritaria una reforma electoral en el país.
- El representante de la empresa encargada de investigaciones, auditorías y protección patrimonial dijo que los empresarios están razonablemente satisfechos con el sistema electoral vigente y con el desempeño del INE.
- Hay un elevado nivel de aprobación al desempeño del Instituto Nacional Electoral en la comunidad empresarial mexicana, ya que 87% avala el trabajo del órgano público, mientras que sólo un 13% lo desaprueba.
“La comunidad empresarial ve mucho mayor riesgo de amenaza a factores como la participación del narcotráfico, el financiamiento ilícito o el cambio de reglas en el sistema electoral mexicano”, comentó el licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM.
Sergio Díaz añadió que los dueños de las empresas mexicanas ven poco riesgo de amenaza al sistema electoral mexicana por su costo financiero, el cual es mal visto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena./Agencias-PUNTOporPUNTO
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