Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), afirmó que en el caso de la consignación contra Arturo Escobar “la fiscalía desarrolló su trabajo, desde nuestro punto de vista se habían acreditado ambos elementos (el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, el expediente), se consignó ante el juez y en este momento el órgano jurisdiccional es el que se tiene que pronunciar”.
Entrevistado al término de su participación en el XVII curso interamericano de elecciones y democracia, Nieto Castillo, nervioso -con las manos y mejillas temblando- dijo que no puede pronunciarse sobre la manera en que los jueces decidan si libran o no la orden de captura en contra del ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues, dijo, “hasta en tanto no venga el pronunciamiento respectivo por parte de las instancias jurisdiccionales no puedo hacer pronunciamiento alguno en virtud de que estaría vulnerando una esfera de trabajo, de deliberación, de ejercicio de la independencia judicial en la que creo”.
Antes de concluir de manera abrupta la entrevista y abandonar el salón resguardado por sus escoltas y colaboradores para no responder si violó el derecho de presunción de inocencia del dirigente partidista y si es verdad que el Ministerio Público consignó el expediente sin haber comparecido a Arturo Escobar, el titular de la Fepade señaló cuando se le preguntó sobre el llamado caso Escobar:
“Eh todos los casos que ha abordado la fiscalía, su resolución la hacemos ajustados al marco normativo y respetando los derechos humanos de los indiciados, de los ofendidos y de las víctimas.
“En ningún momento y ninguna circunstancia, en ningún caso, no me refiero en este caso (Escobar) en específico, ni en ningún caso que tenga la fiscalía, hemos vulnerado disposiciones de carácter normativo, hay información que es pública en virtud de que se trata de asuntos que toman su origen en casos resueltos por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde la información es pública, en muchos de los casos que tiene conocimiento la fiscalía.
“En el caso específico, también quiero decirle que en todos los casos en donde la fiscalía sigue trabajando en las indagatorias respecto a dirigentes de los partidos políticos, del PVEM o cualquier otro partido, seguimos integrando las averiguaciones previas y en el momento en que se acredita el cuerpo del delito y la probable responsabilidad —actuando como tengo instrucción por parte de la procuradora, de forma autónoma y en ejercicio de las funciones de mi competencia, con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias—, consignarlos ante los órganos jurisdiccionales cuando consideremos que se han acreditado estos dos elementos.
“Para hablar del caso específico que ustedes nos comentan (Escobar), la fiscalía desarrolló su trabajo, desde nuestro punto de vista se habían acreditado ambos elementos, se consignó ante el juez y en este momento el órgano jurisdiccional es el que se tiene que pronunciar, la fiscalía habla por los pliegos de consignación que ha consignado.
“En este momento —y lo digo por que yo en lo personal tuve la oportunidad de ser cinco años el titular de un órgano jurisdiccional—, tengo absoluto respeto por el criterio que generen los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación que analizan este caso, y hasta en tanto no venga el pronunciamiento respectivo por parte de las instancias jurisdiccionales, no puedo hacer pronunciamiento alguno en virtud de que estaría vulnerando una esfera de trabajo, de deliberación, de ejercicio de la independencia judicial en la que creo, y por lo tanto creo que es importante que los jueces desarrollen sus funciones, así como nosotros las desarrollamos, es importante que el órgano jurisdiccional determine lo que conforme a derecho corresponda”.
En días pasados, Nieto Castillo reveló a un medio de comunicación la existencia de una solicitud de orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, quien se desempeñaba como subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.
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