AGENCIAS
El Congreso del estado de Puebla comenzó hoy el proceso para derogar una polémica ley que permite el uso de armas de fuego y no letales por parte de las autoridades para controlar manifestaciones violentas, tras fuertes protestas agravadas por la muerte de un menor.
La norma, bautizada como «Ley Bala» en las redes sociales, fue presentada por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno, y recibió el aval legislativo en mayo pasado, en medio de fuertes críticas por la legalización del uso de la fuerza pública en protestas callejeras.
La ley autorizaba a las corporaciones de seguridad a usar su arma de fuego «en caso de legítima defensa, propia o de terceros, por peligro inminente de muerte o lesiones graves» en protestas públicas violentas, actos vandálicos y de rapiña durante desastres naturales.
Las protestas contra la ley aumentaron tras la muerte de un niño de 13 años que fue herido durante un violento desalojo de un bloqueo a una autopista por habitantes de la comunidad de Chignahuapan, que exigían la restitución de los servicios del Registro Civil en su población.
En el desalojo, ocurrido el 9 de julio pasado, se usaron toletes, gases lacrimógenos, escudos y cohetes, y resultaron heridos 47 policías y 30 pobladores.
Las organizaciones civiles acusaron de inmediato a los policías de utilizar la fuerza «de manera arbitraria y desproporcionada».
Las movilizaciones en contra de la ley aumentaron a raíz de ese suceso, lo que llevó a Moreno a dar marcha atrás y enviar una nueva propuesta al Congreso para derogar la ley, la cual fue turnada hoy a las comisiones de Seguridad Pública, Derechos Humanos y Gobernación.
El Gobierno de Puebla argumentó que la llamada «Ley Bala» ha sido «estigmatizada y genera una errónea interpretación» y por ello propone su derogación.
El diputado del conservador Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Rodríguez justificó la propuesta para derogar la ley como una rectificación. «Toda ley puede ser perfectible», afirmó.
La «Ley Bala» permanecerá vigente hasta que los diputados aprueben otra para sustituirla, un proceso que, según los legisladores, puede culminar la próxima semana.
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